La Comisión Europea ha presentado este miércoles el borrador con su propuesta de reforma de las reglas fiscales que se aplicarán en 2024, que aboga por simplificarlas, por que pivoten sobre unos objetivos de deuda a medio plazo y con mayor implicación de los Estados miembros. En este escenario y en aras de la eficacia del modelo, plantea que haya multas menos voluminosas pero más frecuentes y efectivas.
De esta forma, defiende una senda de gasto neto a medio plazo que esté sujeta a la deuda específica de cada Estado miembro -con el referente del límite del 60%- y que tenga un horizonte de cuatro años ampliable hasta un máximo de siete, si bien mantiene el tope del déficit público en un 3% y prevé un mayor abanico de sanciones, pero con reducción de importes.
Sin embargo, Bruselas ha subrayado que los cambios que propone en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no significan que se vayan a alcanzar acuerdos bilaterales entre la Comisión europea y el Estado miembro en cuestión, sino que cada uno de los planes estructurales tendrán que ser respaldados por el Consejo.
La nueva senda de gasto clasificará a los Estados miembros en tres categorías en base a la deuda pública que acumulen. Los países con una deuda "sustancial" deberán alcanzar un ajuste fiscal completo en el horizonte de este plan, es decir, cuatro años, que se reducen a tres en el caso de las economías con una deuda "moderada", mientras que aquellos con una deuda "baja" no tendrán la obligación de realizar ajustes.
La propuesta contempla que para los países que tengan una gran deuda pública el periodo de 4 años tenga una posibilidad de extensión hasta un máximo de siete si estos se comprometen a realizar reformas o inversiones. En todo caso, los Estados miembros deben asegurar que la deuda está en una senda de descenso plausible.
Se introduce una cláusula de escape para los Estados miembros que contempla la posibilidad de eventos extraordinarios, tales como pandemias o guerras, como la covid-19 y la crisis tras la invasión de Rusia a Ucrania.
La propuesta mantiene algunas de las obligaciones de las reglas ahora suspendidas por la pandemia, como el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), que continúa en un máximo del 3%, mientras que el PDE basado en la deuda se reforzará y se activará cuando un Estado miembro con una deuda superior al 60% del PIB se desvía de la senda de gasto neto acordada.
Según ha destacado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en rueda de prensa este miércoles, "lo que importa para la sostenibilidad de la deuda es que los Estados miembros reduzcan los elevados de la deuda pública de forma realista, gradual y sostenida", lo que está condicionado a "alejarse de los requisitos poco realistas impuestos por la regla de reducción de la deuda del 1/20" que imperaba en el anterior plan.
Las maniobras del Gobierno español
El Gobierno español maniobraba desde el pasado otoño para que se adaptaran las reglas fiscales y se estableciera una "regla de oro" para excluir del cómputo del déficit las inversiones verdes y digitales de los Next Generation. En enero, Pedro Sánchez aprovechó la visita a España del canciller alemán Olaf Scholz para intentar acercar posturas con el socialdemócrata recién llegado al gobierno, coaligado con los Verdes, pero el canciller se mostró firme en la ortodoxia en la rueda de prensa conjunta.
Ni Gentiloni ni el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, han descartado este miércoles que se pueda tener en cuenta más adelante la citada regla de oro, pero han subrayado que no está en su propuesta.
Este desencuentro entre Sánchez y Scholz se produjo un mes antes de la invasión de Ucrania. A principios de abril, Nadia Calviño consiguió incluso atraer a Holanda, tradicionalmente partidaria de la ortodoxia fiscal, al plan español de reglas fiscales a la carta.
Sin embargo, el Gobierno de Países Bajos ha reculado y en su posición que ha hecho pública el 2 de noviembre defiende la necesidad de que las reglas fiscales establezcan objetivos numéricos "consistentes", así como una mayor credibilidad de los mecanismos dirigidos a garantizar el cumplimiento, reduciendo la discrecionalidad del proceso de aplicación.
La guerra de Ucrania ha frenado la vuelta en 2023 a las reglas fiscales suspendidas desde 2020 por la pandemia. El Gobierno español va a ser uno de los más beneficiados por este dictamen, que le libra de entrada de un ajuste de cerca de 25.000 millones en 2023, que debería acometer además en víspera de las elecciones generales.
España se jugaba mucho con el posible el retorno de estas reglas. En concreto, el objetivo de déficit público marcado por el Gobierno para este año se sitúa aún en el 5% del PIB, dos puntos por encima del límite del 3%; mientras que la deuda pública se reducirá hasta el 115,1%, todavía casi duplicando la regla del 60%. En el caso del déficit, por ejemplo, habría que hacer frente a un desfase cercano a los 25.000 millones de euros.
La propuesta de la AIReF
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha propuesto que los Gobiernos fijen un ancla de deuda y comprometan una senda de gasto de cuatro años al inicio de la legislatura, una iniciativa en la línea con el borrador de Bruselas, en la que sin embargo da menos importancia al déficit. En un documento técnico sobre la reforma de la gobernanza fiscal que ha presentado a la Comisión Europea y al Gobierno de Pedro Sánchez, plantea un cambio profundo de las reglas fiscales para que los Ejecutivos se comprometan de forma directa con la senda de control de las cuentas y no sean meros comparsas de lo que establece Bruselas.
Este ancla de deuda específica para cada país y la senda de gasto anual deberán ser aprobadas por el Parlamento nacional y las autoridades comunitarias. Los Presupuestos de cada año se deberán ajustar a dicha senda de legislatura para fomentar una convergencia firme hacia sendas de deuda más prudentes.
La propuesta de la AIReF incluye un papel más importante de las autoridades de control como ella misma o IFIs en la supervisión fiscal en situaciones de bajo riesgo, manteniendo el papel central de la Comisión.
Desaparece aquí el papel clave del déficit. Este saldo estructural seguirá siendo una variable operativa en su propuesta, una herramienta de análisis que se mantiene, pero no sobre la que se planifica y evalúa la política fiscal.
En un escenario en el que gobiernos como el español venían proponiendo excluir del control de gasto inversiones en medio ambiente, en ámbitos digitales o en infraestructuras, desde la AIReF no comparten esta visión y abogan por que la regla de gasto sea clara e incluya todas estas políticas, con la excepción del gasto cíclico en desempleo. En este sentido, consideran que el gasto en pensiones debe estar incluido, lo que en principio no ocurre en la Ley de Estabilidad Presupuestaria española y sí en el marco europeo.
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