Bruselas vigilará por primera vez el gasto en pensiones de países muy endeudados como España en la aplicación de las nuevas reglas fiscales que prepara. A la Comisión Europea le preocupa este gasto, y aunque el sistema de pensiones es un asunto de política interna que supone un gasto recurrente en principio ajeno a gastos discrecionales que pueda decidir un gobierno, en el marco de las nuevas reglas fiscales que prepara para 2024 ha decidido que cuente en la regla de gasto y pase a ser considerado un asunto estructural para países con elevada deuda, según ha podido saber Vozpópuli.
Es decir, que políticas como ligar la subida de las pensiones al IPC en un contexto de espiral inflacionaria, el caso de España, se considere un gasto discrecional del Gobierno, y que pase por primera vez a contar en la regla de gasto y en el control de la deuda.
Este cambio de la Comisión, que acaba de presentar su borrador de reglas fiscales, se ha gestado en un momento en el que la reforma de las pensiones es una de las tres más importantes entre los compromisos que asume el Gobierno en el Plan de Recuperación, y cuando está cuestionando su sostenibilidad.
En un escenario en el que gobiernos como el español están proponiendo excluir del control de gasto inversiones en medio ambiente, en ámbitos digitales o en infraestructuras, la llamada regla de oro, la Comisión no sólo la ha descartado sino que quiere ir más lejos e incluir por primera vez las pensiones en la regla de gasto.
El gasto en pensiones está hasta ahora incluido en el déficit pero no en la regla de gasto de la UE porque se entiende que es cíclico, que no es prerrogativa del Gobierno, que le viene dado, y hasta ahora la regla de gasto se centra en los gastos que se consideran que los ejecutivos pueden controlar.
Esta diferenciación entre gasto estructural y cíclico ni siquiera se tiene en cuenta en la Ley de Estabilidad Presupuestaria española. A esto se deben las críticas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por apuntar que Bruselas no permite que las pensiones crezcan por encima de la regla de gasto, del 3%.
El cambio que prepara Bruselas no habría permitido subir las pensiones con el IPC en 2023, por ejemplo.
La Comisión también plantea que el gasto en desempleo que no sea cíclico compute en la regla de gasto, lo que afectaría a excesos debidos a la política económica o legislativa.
La posición de la AIReF
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) comparte estos planteamientos de la Comisión, según han explicado fuentes del organismo respecto a su propia propuesta de reforma de reglas fiscales que han presentado ante Bruselas y el Gobierno español.
Desde la AIReF abogan por que la regla de gasto sea clara e incluya todas estas políticas, con la excepción del gasto cíclico en desempleo. En este sentido, consideran que el gasto en pensiones debe estar incluido.
El modelo de la Autoridad Independiente española es muy parecido al que plantea Bruselas salvo en que la Comisión mantiene el objetivo déficit del 3%, que la AIReF deja en segundo plano en favor de la deuda. Bruselas también se centra en ésta y en el referente del 60%, pero conviviendo con el tope del déficit.
El diseño de Bruselas pone el foco en la deuda y prevé que países con una deuda elevada como España -que espera que sea el tercer Estado miembro con una ratio sobre PIB más elevada sólo por detrás de Grecia e Italia- tengan que realizar un ajuste fiscal completo. Desde el convencimiento de que un esquema de control anual no ha funcionado y que llevaba a esconder el incumplimiento de un año con los compromisos del siguiente, plantea un horizonte de cuatro años, en que deberán hacer el plan de ajuste. Es decir, una legislatura.
En el caso de España, el próximo gobierno que inicie su mandato en 2024 no debería responder de la desviación hasta 2028. Este esquema ha recibido críticas desde Alemania y otros países por considerarlo demasiado laxo, lo que no se perfila que ocurra en el caso del gasto en pensiones.
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