La robotización de los procesos productivos trae y traerá paro. Todos los sectores industriales se están viendo afectados por la automatización del empleo y los avances logrados en lugares como Silicon Valley ponen en evidencia la necesidad de una solución temprana, pues las máquinas ya son una competencia. Ámbitos como la medicina o el derecho empiezan a sumarse a la lista de sectores amenazados. Una solución a esta situación es la creación de una Renta básica universal (RBU), que cada vez tiene menos de utopía y más de realidad.
IMF Business School ha celebrado este jueves una mesa redonda titulada ‘Renta básica universal: ¿de lo imposible a lo inevitable?’. Según el director del departamento de investigación de esta institución, Lorenzo Dávila Cano, director del departamento de investigación de IMF Business School, el 48% de los desempleados españoles tienen un nivel educativo básico. Los avances en la informática provocan cada vez mayores pérdidas de empleo entre este sector de la población, lo que conlleva una grieta en el Estado de Bienestar. La alternativa planteada en este caso sería el establecimiento de una renta para los desempleados, pero el aceptar esta situación pondría en evidencia una situación de desigualdad: los que aceptan unos ingresos mínimos frente a los que continúan con su actividad productiva y lucrativa.
Miguel Sebastián, exministro de Industria, Turismo y Comercio durante el Gobierno de Zapatero, también ha participado en este encuentro y se ha mostrado abiertamente en contra de la renta básica universal al considerar que las políticas activas de empleo son una medida más eficiente contra la pobreza. Sebastián cree que sería un error “tirar la toalla” y condenar a un porcentaje de la población a recibir una prestación por pérdida de puestos, pues empeoraría la distribución salarial. “Las empresas prescindirían de los menos productivos, los puestos menos cualificados, y el resto aprovecharían la robotización y verían crecer sus salarios”, añade. Además, para el exministro, la renta básica tiene tres problemas principales: el coste, los incentivos y la distribución de la renta.
En cuanto al coste, que ha sido el tema en el que más han discurrido, y a modo explicativo, proponía un planteamiento de renta básica para España en el que todo ciudadano mayor de 16 años, activo o inactivo, recibiese una renta de 500 euros al mes (6.000 euros al año). En ella excluiría a los niños; a los pensionistas que ya cobraran más de esa cifra, para que no tuvieran una doble ayuda; y a los asalariados con rentas superiores a los 6.000 euros. Así disminuiría el número de beneficiarios, aunque aún así habría cerca de 10 millones de personas que recibirían una renta básica anual, lo que supondría un 5% del PIB español.
Esta hipotética medida no ha gustado a otro de los ponentes, Juan Manuel López Zafra, socio de la consultora de big data Statpro 2000 Clima. Para el experto, en el momento en el que se recorta por diferentes condiciones entre los beneficiarios, deja de ser universal. Para López Zafra, la renta básica universal es aquella a la que todo ciudadano tiene derecho por el mero hecho de haber nacido en un país, y ayuda a que el individuo este fuera del umbral de la pobreza. Sin embargo, con estas condiciones, los costes ascenderían al 85% del presupuesto actual del Estado, algo “absolutamente infinanciable”. De hecho, su particular solución es disminuir el intervencionismo del Estado en la esfera del individuo y dejar que él mismo se desarrolle.
La propuesta contra la pobreza, que tuvo su primera manifestación hace más de 200 años de la mano de Thomas Paine, comienza a florecer. Países como Finlandia u Holanda retoman esta idea y experimentan para poder medir su efectividad la implantación de un sueldo mínimo de casi 600 euros a un porcentaje de sus ciudadanos. En este marco, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) animaba hace unos días a ciertos países a probar la eficacia de una renta básica entre sus ciudadanos. Pues, según afirman, no todos los sistemas de protección social son aptos para este nuevo modelo económico.
Según el organismo, en el caso de Finlandia o Reino Unido, donde las ayudas sociales ya son elevadas, no se resolvería el problema de pobreza, pues la renta básica no sería compatible con dichas prestaciones a la población en riesgo. Sin embargo, sí señalan que países como Italia, Portugal, Grecia o España podrían tener unas condiciones ideales para hacerlo. En el informe ‘¿Qué cambiaría una renta universal?’ se explica que el salario universal sería aplicable a todos los adultos y menores, pero excluiría a los jubilados. Además, se eliminarían todas las ayudas o prestaciones sociales en esta materia, como el paro, pero su aplicación implicaría un necesario aumento de los impuestos para evitar un incremento del déficit, sobre todo en los países más ricos.
Sin embargo, hay un resquicio de luz en esta historia. El Banco Mundial ha planteado ya la posibilidad de que en 2030 menos del 3% de la población mundial se encuentre en riesgo de pobreza. Una suposición que anularía la necesidad de poner en marcha rentas básicas para todos los ciudadanos. El debate sobre la sostenibilidad de este sistema está sobre la mesa desde que el pasado junio se propuso en Suiza la implantación de una renta básica de 2.600 francos suizos por persona al mes, iniciativa que el 78% de los votantes rechazaron. La cuestión está en si España barajará esta posibilidad, y en cómo convertirla verdaderamente en universal.
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