Ha pasado casi una década desde que Argentina expropiase YPF a Repsol y el asunto todavía colea en los tribunales. En Estados Unidos, la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York tiene abierta una causa tras la demanda presentada contra Argentina e YPF por la administración concursal de dos sociedades españolas, Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (PEISA), pertenecientes a los banqueros argentinos Eskenazi —dueños por entonces del 25% de YPF—, que se vieron abocadas a la quiebra tras la expropiación ordenada por el Gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner.
Según explican las fuentes consultadas por Vozpópuli, la jueza ha librado a España, vía el Ministerio de Justicia, una comisión rogatoria que ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia nº 37 de Madrid en la que solicita a Repsol (que no forma parte de la causa) abundante documentación sobre la expropiación para ayudar a esclarecer el caso.
En concreto, la jueza ha traslado a Repsol que la justicia norteamericana le solicita una batería de comunicaciones entre la petrolera, Petersen, los Eskenazis y otras instituciones financieras y documentos que abarcan desde 2007 a 2015, según detallan las mismas fuentes. Estas informaciones incluyen los acuerdos de compraventa de acciones de YPF entre Repsol y los Eskenazi, datos sobre la expropiación y sobre las conversaciones entre Repsol y Argentina. YPF cree que la documentación que obra en poder de Repsol le puede resultar útil para responder a la demanda de Petersen.
Repsol se resiste a colaborar
La petrolera que encabeza Antonio Brufau, asesorada por Uría Menéndez, ha traslado al juzgado que la comisión rogatoria tal y como está planteada vulnera el Convenio de la Haya y, por tanto, debe ser anulada. La petrolera asegura que se trata de una petición de información previa al juicio (pre-trial), lo que le permite no atenderla dado que que vulnera lo firmado por España en el citado convenio.
No obstante, lo cierto es que hasta ahora todos los esfuerzos de Repsol han tocado hueso. La petrolera ha presentado en los últimos meses una batería de recursos (reposición, apelación, protesta y hasta un incidente de nulidad de actuaciones) para tratar de demostrar que la solicitud de auxilio internacional es irregular. El juzgado, por ahora, no le ha dado la razón..
Esta solicitud de documentación fue pedida por YPF a la jueza Preska, que la ha estimado procedente y por ello ha enviado la citada la comisión rogatoria que ahora Repsol quiere tumbar.
Pleitos en Estados Unidos y España
Además de la demanda presentada en Estados Unidos, las consecuencias de la expropiación también también se dirimen en la jurisdicción española. El Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid lleva los concursos de PESA y PEISA, que sostienen que su quiebra está directamente vinculada a la expropiación de la petrolera.
En un primer momento, Argentina e YPF intentaron derribar por la vía civil ambos concursos de acreedores, pero los tribunales rechazaron esta ofensiva y les emplazaron a dirigir sus acciones por la vía mercantil.
Ahora, ambas partes han cambiado de estrategia y han optado por personarse en el procedimiento. Para ello, han comprado un pequeño crédito de la Bolsa de Argentina, que era uno de los acreedores, alegando así que tiene un interés legítimo. Con este movimiento, YPF (y por tanto, Argentina) podrá tener acceso a la información del proceso para 'intervenir' en la medida que le sea posible.
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