El rescate de la SEPI a Duro Felguera de 120 millones de euros está amenazado por sus problemas con la Justicia. En concreto, por un conflicto con la Agencia Tributaria (AEAT), que le reclama 153 millones de euros en el Impuesto sobre Sociedades de entre 2010 y 2014, asunto que ya ha llegado a la Audiencia Nacional. Y por la imputación de la empresa, su ex presidente y excargos venezolanos tras la investigación de la Fiscalía por presuntos sobornos de 105,6 millones de dólares, corrupción y blanqueo en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Estos dos procesos estaban avanzados en 2021, cuando la SEPI le concedió un rescate que fuentes conocedoras atribuyen a la cercanía de la empresa con el PSOE.
En su consejo, dos ex ministros de Zapatero: Valeriano Gómez y Jordi Sevilla. Ambos se incorporaron como consejeros independientes entre enero y marzo de 2020. Su secretario desde febrero de 2022, Jesús Sánchez-Lambás, socio director de A25 Abogados y Economistas, que dirige Enrique Bacigalupo y del que Valeriano Gómez es asesor.
Duro Felguera pagó durante 2020 12.000 euros mensuales a Acento, la consultora liderada por el exministro José Blanco, mientras negociaba con la SEPI el rescate, en concepto de "asesoramiento de carácter estratégico", según muestra el contrato que desveló Vozpópuli.
Las mismas fuentes trasladan a Vozpópuli que la SEPI sigue de cerca estos procesos y ha pedido información y actas de Hacienda a la empresa, que puede tener que devolver el rescate de manera anticipada.
En el folleto de la ampliación de capital de finales de enero para la entrada de dos socios inversores, la SEPI ya advierte de la posibilidad de un vencimiento anticipado y reembolso del rescate en caso de condena por corrupción en Venezuela. A esto se ha sumado la vigilancia por la pugna con el Fisco y el escrutinio al que están siendo sometidos los rescates tras el estallido de la trama Koldo.
El grupo asturiano atravesó además una situación financiera complicada antes de la pandemia y estuvo bordeando el concurso, lo que en principio impedía beneficiarse de estos rescates públicos.
Entre los requisitos para ser rescatado, figuran no haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos, y hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
No constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019 y no haber solicitado la declaración de concurso voluntario son otras condiciones.
El 9 de marzo de 2021 el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Duro Felguera. La ayuda de la SEPI al grupo asturiano se suma a otras muy polémicas que ha dado a empresas afectadas por la pandemia la Sociedad Estatal que depende de Hacienda, como las de Air Europa, Plus Ultra -validada el mismo día que la de Duro- y Globalia-Ávoris, en las que coinciden la cercanía de las empresas rescatadas al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE y la relación con Venezuela.
Un auto de la Audiencia Nacional de 16 de septiembre de 2021 permitió a Duro Felguera aplazar el abono de 153 millones de deuda tributaria y la sanción correspondiente, junto con amenaza de embargo, que planeaba desde 2018.
Un asunto sobre el que la Audiencia Nacional se va a pronunciar ahora y sobre el que fuentes de la compañía aseguran: "Tenemos confianza en que la justicia nos dará la razón sobre los dos litigios pendientes con la Agencia Tributaria, y que tienen que ver con la liquidación del Impuesto de Sociedades cuando se opera a través de uniones temporales de empresas (UTE) en el extranjero. Existen varios precedentes de otras compañías a las que, en situación similar, la justicia ha fallado a su favor".
Imputación por sobornos y blanqueo en Venezuela
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en el país caribeño. En el contexto de una misión económica del Gobierno de Zapatero, el grupo asturiano logró el 4 de mayo de 2009 el mayor contrato de su historia.
En un auto del pasado 16 de enero, la Sala rechaza los recursos de apelación formulados contra la decisión del juez Ismael Moreno de situar a un paso del banquillo a un total de doce personas y cuatro empresas, accediendo así a lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2023 para una causa que se investiga desde 2015 con motivo de la intervención de Banco Madrid y por indicios de blanqueo. Las actuaciones del Ministerio Público han ido con retraso en este caso, apuntan las fuentes conocedoras del rescate citadas, pero finalmente se concretaron.
En una ponencia del magistrado Joaquín Delgado, la Sala avala la decisión de Moreno por cuanto su auto especifica cómo los investigados, "en su calidad de responsables de Duro Felguera", "decidieron entregar varias cantidades de dinero (hasta, al menos, un total de 105,6 millones de dólares)" a funcionarios venezolanos mediante "sociedades interpuestas" para que usaran "su capacidad de influencia" en beneficio de la empresa asturiana.
"Y explica que, con el objetivo de canalizar todos esos pagos, las personas investigadas crearon una estructura societaria a través de la cual se realizaron transferencias bancarias; y así se hizo llegar su soborno a cada funcionario investigado desde enero de 2009 hasta, al menos, marzo de 2013", añade.
Entre los procesados se encuentran, además de Torres, Villalobos y Alvarado, las mujeres de los exviceministros venezolanos, María Consuelo Pardí y Milagros Coromoto Torres, y el exCEO de Duro Felguera Ángel Antonio del Valle.
Moreno señaló presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por hechos que se remontan a 2009 cuando hubo "una gran crisis energética en Venezuela" que llevó a restricciones y una declaración de "emergencia eléctrica".
El juez relató que, "como una de las soluciones para paliar dicha emergencia se decidió por la Administración venezolana la construcción de la central termoeléctrica Planta El Sitio, en Santa Lucía (Estado de Miranda)" con el objetivo de surtir a la Gran Caracas, con 4,5 millones de habitantes.
"Para la adjudicación de esa obra, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, consiguió que se designara a Duro Felguera" y "ésta, a cambio, se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación", afirmó.
Moreno detalló que, para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro, que firmó "una serie de contratos con entidades y personas venezolanas que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios".
El magistrado sostuvo que fue el "trato de favor" obtenido mediante presuntos sobornos lo que permitió que Duro Felguera consiguiera el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.
Deudas de Chávez y Maduro
El proyecto Termocentro es el origen de buena parte de la deuda de Venezuela con Duro Felguera, que asciende a cerca de 121 millones de euros. "Desde febrero de 2017 hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se han recibido cobros correspondientes al mencionado proyecto", reseñan las Cuentas Anuales de 2022, las últimas que son públicas, que advierten de que "dado el severo empeoramiento de la situación económica, política y social del país en los últimos años y especialmente la rebaja del rating desde CCC a C se sostiene una reducción de la tasa de recuperación hasta el entorno del 15%".
Los impagos de Venezuela afectan a otras empresas españolas como Globalia. Juan José Hidalgo denunció el 16 de diciembre de 2014 que Venezuela le impedía repatriar 200 millones de dólares, dinero que explicó que correspondía a la comercialización de billetes en Venezuela durante 2013. Según datos de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, (ALAV), el Gobierno venezolano mantenía entonces un pasivo de cerca de 3.500 millones de dólares.
Las aerolíneas internacionales redujeron sus frecuencias y asientos afectadas por el control de cambios que regía en Venezuela desde 2003 y que les obligaba a vender billetes en bolívares, los cuales se les dificultaba desde 2012 convertir en divisas para repatriar capitales.
En 2018, Globalia redobló sus esfuerzos para intentar cobrar. Las sanciones de EEUU, mucho más estrictas que las de la UE y endurecidas durante el mandato de Trump, impedían a Venezuela hacer transferencias en dólares, divisa que sí atesoraba, y no tenía euros suficientes. Para sortearlas, el régimen ofrecía la criptomoneda Petros, y llegó a plantear dar gasolina.
Vozpópuli ha avanzado que Hacienda sospecha que el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, estuvo en el Aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020 cuando se produjo el polémico aterrizaje de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, para intentar cobrar la deuda de 200 millones.
En septiembre de 2019, De Aldama había firmado un contrato con el grupo turístico con el objetivo de que Venezuela le pagara con urgencia la deuda. Un encargo que heredó de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente fracasó por la imposibilidad de cambio o transferencia en mercados oficiales que suponían las sanciones de Trump y por la proclamación de Juan Guaidó en enero de 2019.
El choque con Hacienda
La Audiencia Nacional se va a pronunciar sobre dos reclamaciones de la Agencia Tributaria a Duro Felguera por 153 millones de euros. La compañía recurrió sendas liquidaciones ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC ), que las desestimó, y ahora está pendiente de que los recursos contenciosos-administrativos que ha presentado.
El primer acuerdo de liquidación, en el que se le reclama 123 millones de euros, surge a partir de la investigación en 2015 del grupo fiscal, cuya entidad dominante es Duro Felguera, respecto a la declaración del Impuesto sobre Sociedades entre los años 2010 y 2012. La compañía asegura que se debe principalmente a la aplicación por el Grupo de la exención sobre las rentas procedentes del extranjero obtenidas por Uniones Temporales de Empresas (UTE) que operan en el extranjero. El TEAC desestimó el recurso en mayo de 2021.
El segundo acuerdo de liquidación, en el que la Agencia Tributaria reclama 30 millones de euros, tuvo como origen la investigación y comprobación del Impuesto sobre Sociedades del grupo fiscal de 2013 y 2014 por el mismo motivo. El recurso fue desestimado por el TEAC en abril de 2023.
La filial brasileña de Duro Felguera, Duro Felguera do Brasil, tiene un procedimiento inspector abierto en relación al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2012 y 2015, con un potencial riesgo fiscal estimado de 46 millones de reales brasileños (8,1 millones de euros).
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