Revés judicial para Cabify en su guerra con Auro, su socio clave de licencias VTC. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la petición de medidas cautelares presentada por la plataforma de movilidad para que Auro no pueda trabajar con Uber hasta que se formalice su nueva relación contractual.
Cabify y Auro, que mantienen una colaboración desde finales de 2018, se sometieron a un procedimiento arbitral que declaró la nulidad de la cláusula contractual que impedía a Auro trabajar con otras plataformas como Uber. El laudo arbitral fue dictado por mayoría aunque no por unanimidad: uno de los árbitros, Juan Cadarso, emitió un voto particular discrepante.
Después de que se dictase el laudo arbitral a finales de 2020, Cabify presentó una demanda de anulación parcial del laudo arbitral acompañada de una solicitud de medidas cautelares inaudita parte (sin escuchar a Auro).
El TSJM, tribunal con potestad para resolver las anulaciones de laudos, desestimó en mayo la petición de cautelares de urgencia al constatar que el riesgo alegado por Cabify para su negocio si Auro operaba con Uber no era tal y emplazó a las partes a una vista que se celebró en junio y que ha reconfirmado la denegación de cautelares.
Cabify no quiere que Auro opere en otras 'apps'
Cabe señalar que Cabify quiere anular solo una parte del laudo arbitral, la que determina la validez de la cláusula del contrato de colaboración “que prohibía a Auro operar sus autorizaciones administrativas para el arrendamiento de vehículos con conductor (comúnmente conocidas como Licencias VTC) a través de plataformas tecnológicas de intermediación distintas de Cabify”, según consta en la sentencia consultada por Vozpópuli. Esto incluye tanto otros competidores como una plataforma propia.
El laudo declara esa cláusula como nula por ser una práctica restrictiva de la competencia, pero el resto del contrato entre ambas partes se mantiene vigente y no se ha discutido en ningún momento.
Para justificar la adopción de cautelares, la plataforma de movilidad que encabeza Juan de Antonio alegó ante el tribunal un riesgo irreparable para su negocio de varios millones de euros, así como la necesidad de hacer una fuerte inversión para reponer esas licencias perdidas. La compañía ha acreditado estas cifras con un informe pericial elaborado por dos catedráticos.
No obstante, este presunto riesgo para sus cuentas no parece ser suficiente para el tribunal: “Vistos los niveles de facturación y de penetración en el mercado de Cabify, la conducta de Auro no pone en peligro ni la subsistencia de Cabify, ni la posibilidad razonable de resarcir los daños y perjuicios que se hayan irrogado hasta la fecha”, señala la Sala de lo Civil y Penal.
Tras tumbar definitivamente la petición de cautelares, a Cabify solo le queda esperar a la celebración del juicio para confirmar si podrá lograr anular o no el laudo arbitral. Si el TSJM confirma el laudo, a Cabify solo le quedaría abierta la vía del Tribunal Constitucional.
La dificultad de anular laudos
Y aquí de nuevo pintan bastos para la plataforma. Hasta hace unos meses, los tribunales superiores de justicia (y en particular el de Madrid) anulaban con bastante facilidad los laudos recurridos porque entraban al fondo de los asuntos y los valoraban como si fueran sentencias revisables y no como decisiones finales.
Esta sangría de anulaciones ha quedado taponada desde comienzos de año, cuando el Tribunal Constitucional prohibió a los jueces ‘rejuzgar’ los laudos y acotó sus funciones a la comprobación del cumplimiento de las garantías procesales, disipando así la inseguridad jurídica que el sector arbitral arrastraba desde hace años. Esa es la carta que deberá jugar Cabify para anular el arbitraje con Auro, su histórico socio en el sector.
"Cabify no comenta sobre procedimientos en curso. La compañía española de movilidad adopta las acciones legales que correspondan para garantizar el cumplimiento íntegro de sus contratos y la óptima prestación de su servicio a sus usuarios", señala la compañía a este diario.
