Teresa Ribera se verá el próximo viernes con los representantes energéticos de las comunidades autónomas en el Ministerio para la Transición Ecológica. Con varios puntos del día encima de la mesa, el encuentro concentrará su atención por la controversia existente, liderada por Madrid y Andalucía, debido a la modificación de la planificación de la red de transporte de energía eléctrica.
Los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno Bonilla considera que el Gobierno castiga con esta planificación sus planes industriales y energéticos. Mientras que Teresa Ribera defiende que esta modificación sirve para incluir, de forma excepcional, algunos proyectos vinculados a los Planes de Recuperación en una planificación vigente que abarca desde 2021 a 2026 y que sus exigencias deben incluirse en el nuevo proyecto 2025-2030 en el que se está trabajando.
El encuentro de este viernes, como señalan desde el sector energético, evidenciará un choque entre dos bandos enfrentados más por el factor político que por lo que a la red eléctrica respecta. Ribera aprovechará antes para resumir a las comunidades cómo ha transcurrido la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, los resultados de la cumbre del clima COP28 y el estado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El plato fuerte llegará al final cuando se aborde la información sobre la planificación de la red de transporte de energía eléctrica donde se analizarán las controvertidas modificaciones. Andalucía presentó alegaciones porque considera que no se ha tenido en cuenta las actuaciones propuestas por la Junta para la consolidación de zonas industriales y mineras, la ejecución de grandes proyectos empresariales e industriales, así como para el despliegue de plantas renovables en la región.
Ayuso denunció la semana pasada que el Ministerio para la Transición Ecológica ha rechazado cerca de una veintena de propuestas de compañías eléctricas para nuevas infraestructuras en territorio madrileño que tengan acceso a 2.947 megavatios (MW) más para 80 proyectos y también presentó sus respectivas alegaciones. Para Madrid la propuesta que hay “es incompleta, llega tarde, no resuelve los problemas reales de atención del suministro y pone en riesgo el impulso a la industria de alto valor añadido, especialmente los centros de datos”.
Desde el Gobierno se considera ‘tramposo’ el discurso de ambas regiones. El equipo de Ribera presenta unas modificaciones que, según defienden, responden a la necesidad de adaptar urgentemente el diseño de la red eléctrica a nuevos proyectos, muchos de ellos a su vez resultado del Plan de Recuperación y sujetos a plazos concretos de ejecución. Estos cambios buscan el desarrollo de nuevos proyectos urgentes y prioritarios que no podrían ejecutarse con la planificación actual 2021-2026, y, por lo tanto, defienden que no responde a un reparto de fondos por población o por extensión territorial.
Ribera defiende la calidad de la red
El Ministerio recordará a las comunidades autónomas que el hecho de que no haya un número relevante de modificaciones puntuales implica, en cualquier territorio, que el actual diseño de la red es suficiente para cubrir las necesidades previstas en este ciclo de planificación.
El otro reproche que se lanzarán son las cifras de inversión. Las modificaciones a la red costarán 321 millones de los 931 millones que se presupuestaron en la adenda del Plan de Recuperación para financiar actuaciones de la Planificación.
El equipo de Moreno Bonilla estima que sólo de 6 millones corresponderían a Andalucía, lo que apenas representa el 2% del total y que consideran que está muy alejada del peso poblacional de Andalucía (18%). Madrid, por su parte, ve "ridículo" que solo cuente con el 11% de la demanda de electricidad de España sólo cuente con un proyecto en estas modificaciones que no supone ningún tipo de inversión económica.
El equipo de Ribera les corrige asegurando que, en primer lugar, no todo tipo de actuaciones se pueden incluir en las modificaciones. Las 64 actuaciones que presentó el Gobierno cuenta con proyectos nuevos, otros adicionales a las incluidas en la Planificación y otras modificaciones que rebajan costes de actuaciones que ya estaban previstas. En este sentido, el Gobierno defiende que los 321 millones es "el efecto neto" sobre el coste total de la Planificación vigente.
Por último, la reunión también servirá para que Ribera tienda la mano a las comunidades más beligerantes con el registro de sus proyectos tanto de nueva generación como de demanda en una nueva Planificación de la red de transporte de energía eléctrica, para el periodo 2025-2030 en la que ya trabaja su equipo.
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