La Tarifa de Último Recurso, la famosa ‘TUR’, es la vía que ha encontrado el equipo de Teresa Ribera para aliviar la factura del gas en esta crisis. Esta tarifa, que regula la Administración y que sólo pueden ofertar por ley cuatro operadores (Naturgy, Iberdrola, Endesa y TotalEnergies), está subvencionada desde octubre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Una oferta imbatible para los operadores del mercado libre que ha provocado que 250.000 hogares se pasen a la TUR en estos dos meses.
Una cifra más que relevante si se tiene en cuenta que las ofertas del mercado libre han arañado de media cada año un total de 175.000 clientes a la tarifa regulada de gas durante los 20 años que lleva liberalizado el sector. Según comentan fuentes del sector a Vozpópuli, la decisión de Ribera crea un gran riesgo de concentración en el sector del gas porque el mercado libre no pueda competir con su medida y, por otro lado, una auténtica avalancha de clientes hacia los cuatro grandes operadores, que hace imposible gestionar las solicitudes de cambio a la TUR.
Las primeras facturas de gas con 'el efecto calefacción' la llegada del frío, las continúas amenazas de subidas de precios y la sensación de que tu vecino con la TUR paga menos son motivos suficientes para levantar el teléfono para cambiarse. El problema es que hay un 80% de los hogares en el mercado libre y un 20% en la TUR. En cifras, hay 1,5 clientes en mercado regulado y 6,5 millones en mercado libre.
Según la normativa, sólo Iberdrola, Endesa, Naturgy y TotalEnergies pueden ofrecer a los clientes tarifa de mercado regulado, mientras que existen decenas de comercializadoras de gas que ofrecen tarifa en mercado libre. Si para las comercializadoras independientes es imposible competir con la oferta del mercado regulado, para los operadores de la tarifa regulada es imposible absorber 6,5 millones de clientes en invierno. Por lo tanto, existe una opinión unánime en el sector del gas: ‘el terremoto’ que ha creado el Gobierno en su última decisión necesita urgentemente ciertas precisiones.
El terremoto se entiende si se analizan las cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En su último informe publicado sobre cambios de comercializador energético, se indica que, hasta 2021, se producían un millón de cambios cada año entre comercializadoras y, de este volumen, sólo 65.000 cambios eran de clientes que pasaban del mercado libre al mercado regulado.
No sólo se ha disparado el número de clientes que si quieren cambiar de tarifa, sino que se ha invertido la dirección. De media, se calcula que a la semana, desde que se anunció la subvención de la TUR, se producen cerca de 70.000 llamadas de clientes que quieren cambiar su tarifa de gas del mercado libre por la subvencionada del Gobierno.
Alerta de concentración
Si las cuatro compañías que ofrecen la TUR se repartieran proporcionalmente todos los clientes actuales del mercado libre, cada empresa recibiría más de 1,6 millones de clientes en un periodo muy corto de tiempo. Un escenario extremo que no es necesario que estas cuatro empresas concentren cerca del 100% de los contratos de gas en España. De los 6,5 millones de clientes del mercado libre, 5,7 millones están en Naturgy, Iberdrola, Endesa o TotalEnergies. Los 800.000 clientes que se reparten el resto de empresas son los que están en juego.
La reacción de empresas como Repsol, Feníe o Factor Energía ha sido automática por la subvención del Gobierno. La Asociación de Comercializadoras Independientes de Energía (ACIE), donde se integran estas empresas, lanzó un comunicado avisando que esta medida les expulsa del mercado ante la imposibilidad de que sus asociadas ofrezcan la tarifa regulada por el Gobierno.
“Actualmente, esta tarifa regulada de gas, que solo puede ser vendida por determinadas comercializadoras, está muy por debajo del precio de mercado, por lo que resulta imposible competir con ella. Creemos que la solución no es poner un valor anticompetitivo y discriminatorio a la tarifa regulada, sino hacer una rebaja en los peajes y cargos, concepto que es de aplicación en las facturas de todos los consumidores. La limitación de la TUR, en lugar de la rebaja de peajes que proponemos, lo que hace es dilapidar la libre comercialización y traerá graves consecuencias en el medio plazo para el sector y los consumidores”, denunciaba ACIE en un comunicado.
Acuerdo en las empresas de gas
Estas empresas consideran que, si todas las compañías pudieran ofrecer la TUR, se reduciría enormemente el golpe en el sector de la medida. Una fórmula que también convence a los cuatro gigantes que gestionan la tarifa regulada. Además, los grandes como Naturgy o Iberdrola serían partidarios de que se facilite la automatización de los cambios de tarifa y reduciendo las exigencias en la firma de contratos para no saturar su operativa.
Desde el sector tienen claro que el Ministerio de Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) conocen el problema y es previsible que busquen soluciones para facilitar los cambios. Porque, si nada lo impide, muchos hogares no podrán disfrutar de la TUR este invierno y la comercialización del gas en 2023 necesitará una nueva liberalización.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación