El Gobierno aprobó en junio de 2021 un proyecto de ley para que petroleras y gasistas financien el despliegue de energías renovables. Un cargo que ahora mismo asumen los consumidores en su factura de la luz, pero que Teresa Ribera quiere cambiar las tornas para intentar bajar la tarifa eléctrica. Un año después de salir de Moncloa, la Comisión de Transición Ecológica del Congreso ultima la medida y se espera que se ponga en marcha en este segundo semestre de 2022
Y, desde el momento de su vigencia, las empresas afectadas trasladarán este impuesto verde a sus clientes en plena crisis de precios. El denominado Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) saldrá aprobado del Congreso “en las próximas semanas”, según confirman fuentes conocedoras del proceso a Vozpópuli. Las fechas más probables para que se aborde en la Comisión de Transición Ecológica serían el 29 o el 30 de junio, aunque hay quien espera que este mismo 7 de junio.
Fuentes cercanas al equipo de Ribera matizan que los próximos días se dedicarán a la fase de enmiendas en esta comisión. La medida tendrá luz verde de la Cámara baja antes de que termine el periodo de sesiones, previsto el 30 de junio. Una vez que se emitan los dictámenes de los proyectos, llegará esta ley al Senado para el trámite final.
Es decir, mientras se avanza en Moncloa para ampliar todo el verano la subvención de 20 céntimos el precio de los carburantes para frenar la subida de precios, el Gobierno pondrá en marcha una medida que provoca una subida del precio final de la gasolina. Los grandes operadores de gasolineras como Repsol, Cepsa o BP cargarán el coste de esta tasa verde en el ticket de los consumidores y se estima que el repunte ronde los 10 céntimos por litro.
El incremento no sólo se vivirá en las gasolinas. Los combustibles fósiles, como el butano o el gas, que afrontan un invierno de 2022 con precios disparatados, cargarán sobre el consumidor este impuesto verde. Teresa Ribera dejó claro en 2021 quién pagaría este fondo. “Los operadores de los sectores energéticos definidos como sujetos obligados (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores)”, señala el proyecto de ley.
7.000 millones
El fondo pretende financiar los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), que ascienden a unos 7.000 millones de euros al año, correspondientes a las inversiones hechas en la primera parte del siglo.
El anteproyecto de ley detallaba que las petroleras asumirán el 43,7% de la financiación de estas primas a las energías renovables para 2025, lo que supone unos 2.085 millones de euros. En total, las comercializadores de todos los sectores energéticos deberían aportar al fondo 954 millones de euros, el 20% de las primas previstas para dicho año.
Además, el fondo de Ribera se costeará con la recaudación de las medidas fiscales para la sostenibilidad energética y con los ingresos procedentes de subastas de CO2. El impuesto tiene excepciones como el consumo eléctrico para almacenamiento, gasóleo agrícola, gas natural para cogeneración y generación eléctrica, queroseno para aviación, gasóleo y gas natural para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
¿Qué pretende Ribera con el fondo?
El Gobierno asegura que este plan tiene un “cuádruple objetivo”. Dar las señales adecuadas para la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones para la transición energética y conseguir reducir la factura para hogares y empresas en cerca de un 13%.
El problema es que esta medida se planteó sin el descontrol actual de los precios energéticos y sin la amenaza que genera la crisis de Ucrania. Este escenario provoca que los precios de los hidrocarburos, junto con la seguridad de suministro, sea una seria amenaza actual para la economía.
Algunas fuentes del sector energético consideran que se acelera esta medida por las dificultades existentes para sacar adelante el esperado ‘tope al gas’ antes de verano. Lo que parece seguro para las mismas fuentes es que este fondo será un “enorme palo en la rueda” para los consumidores.
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