Mejor tarde que nunca, pensará más de uno. A poco menos de un mes de que se celebren las elecciones generales, el Gobierno ha publicado un real decreto ley para sellar algunos conflictos que no eran deseados de cara a su electorado. Y la energía, una vez más, no podría ser menos. La división que lidera Teresa Ribera en el Gobierno ha querido satisfacer las necesidades de tres importantes grupos de interés: las renovables, la industria y el coche eléctrico.
En las renovables, como informaba Vozpópuli, cerca de 5.000 millones de euros de inversión estaban en juevo el próximo 25 de julio si el Gobierno no les daba un ‘indulto’. Y así ha sido. En la actualidad, en todo el territorio nacional hay proyectos renovables que suman 43 gigavatios (GW) de potencia, el 80% fotovoltaica y el 20% eólica, necesitaban una autorización de construcción antes de esa fecha, sino se verían abocados a iniciar toda la tramitación administrativa tras obtener nuevamente los permisos de acceso y conexión a la red.
El equipo de Ribera ha considerado que el régimen de protección ambiental español, entre los más restrictivos de la UE, ha obligado a realizar modificaciones sustanciales a muchos de estos proyectos renovables, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que ha derivado en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas. Además, la elevada concentración de proyectos en poco tiempo dificulta que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica.
Un escenario que ha impulsado a Ribera a extender seis meses el plazo para que esos proyectos obtengan la autorización de construcción. Los proyectos, en todo caso, se culminarán antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora, al objeto de cumplir la agenda verde.
Ribera amplía el plazo a la industria
Uno de los sectores más afectados por la subida de precios fue la industria electrointensiva. Los precios, pese a moderarse, están por encima de su media histórica y lo siguen sufriendo aquellos negocios cuya factura eléctrica es lo que más pesa en sus costes. Por esta razón, el equipo de Ribera ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre la exención sobre el 80% del importe de los peajes eléctricos de la que se benefician este tipo de empresas desde el 1 de enero de 2022.
La medida se acompaña de una disposición por la que se habilita al traspaso a 2023 del superávit del sistema eléctrico de 2022, lo que permitirá su financiación sin que conlleve coste presupuestario ni incremente la factura de los consumidores.
El real decreto también introduce una modificación de las referencias de precios de los mercados eléctricos y de los combustibles introducidos en las fórmulas que definen los parámetros retributivos de las plantas de cogeneración, biomasa y residuos, mejorando así la retribución para estas tecnologías.
Esta medida incrementará en 180 millones los ingresos regulados de las instalaciones renovables en 2023, a lo que se añaden otros 20 millones para las plantas de cogeneración a computar en el primer semestre de 2023. El equipo de Ribera considera que se incluyen de esta manera valores más acordes a la situación actual de los mercados que reflejan de una manera más fiel los ingresos y costes de estas instalaciones.
Coche eléctrico y butano
Otra de sus medidas energéticas consiste en la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos de gran potencia, porque permiten recargar rápidamente los automóviles y contrarrestar la denominada “ansiedad de autonomía” de los conductores.
Concretamente, declara de utilidad pública todas las estaciones de recarga que tengan una potencia superior a 3 megavatios (MW), eximiendo de la necesidad de obtener autorización administrativa a las instalaciones por debajo de dicha potencia. Se trata de una medida de simplificación administrativa que fue solicitada por las comunidades autónomas y el sector en el Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE).
Por último, se prorroga hasta el próximo 31 de diciembre el precio máximo de venta de la bombona de butano de 19,55 euros que se estableció en junio del año pasado. El precio máximo de venta de la bombona está regulado y se revisa bimestralmente; en la actualidad, gracias a la relajación de las cotizaciones internaciones, está situado en 15,96 euros.
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