Grandes patrimonios llevan meses preparando sus estrategias para eludir el impuesto a grandes fortunas. Lo que no se pudo hacer en 2022 con la tramitación sorpresiva del impuesto en noviembre y su aprobación el 29 de diciembre para que entrara en vigor en 2022 sí puede hacerse ahora para 2023. Y en adelante, una vez que el Tribunal Constitucional (TC) ha validado el impuesto y que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ya ha declarado que el impuesto, previsto para 2023 y 2023, se va a hacer permanente.
Así lo ha refrendado el Consejo General de Economistas Asesores Fiscales (REAF) en sus Jornadas Anuales 2023 que se celebran este jueves y viernes en Tenerife.
"El que quiso prepararse ya tuvo tiempo, mediante la bonificación a la empresa familiar en lo que respecta a realizar una actividad económica o similar. Había zonas [en alusión a la Comunidad de Madrid] en las que daba igual cumplir los requisitos cuando el Impuesto sobre el Patrimonio estaba bonificado. Se está planificando en este sentido ahora pero hay que cumplir requisitos", ha explicado Agustín Fernández, presidente del Reaf.
"Luego está la capacidad de las comunidades para recolocar la normativa para que la recaudación se quede allí y no vaya al Estado", ha añadido Fernández en relación a que la Comunidad de Madrid va a restaurar el Impuesto sobre el Patrimonio para que lo que recaude el impuesto a grandes fortunas no se lo quede el Estado y revierta en las políticas de la región de bajada de impuestos.
Otras vías tras el aval del TC
A su vez, Valentín Pich, presidente del Consejo, ha cuestionado que "se haga un nuevo impuesto sobre una estructura que ya hacía aguas por todas partes [Patrimonio]" y ha lamentado las "luchas entre Administraciones", en las que cree que "perdemos todos el objetivo final de ser un Estado". Además, ha añadido que es un impuesto "muy difícil de gestionar" y ha insistido en que en 2022 no se dejó planificar, cuando cree que "una administración y un tribunal no pueden cambiar las reglas sobre la marcha".
Sobre si creen que una vez que el TC ha validado el impuesto quedan opciones, Carmen Jover, vicepresidenta del REAF, ha apuntado que la hay ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) respecto a los no residentes.
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