El Gobierno central y el del País Vasco han acordado este jueves -en el arranque de la precampaña electoral vasca- que el próximo año empezarán a estudiar cómo traspasar la gestión económica de la Seguridad Social a esa comunidad, lo que implicará libertad para gestionar de forma unilateral más de 9.500 millones de euros al año.
Aunque la medida afecta directamente al Ministerio de Seguridad Social, la joya de la corona de los Presupuestos y del Estado de Bienestar, su titular, José Luis Escrivá, no se ha pronunciado al respecto -estos días está reuniéndose con la patronal y los sindicatos- y desde su departamento lo único que dicen a Vozpópuli es que tendrán que esperar a saber cómo se hace ese traspaso para después opinar sobre él.
"Habrá que hacer los estudios primero", zanjan, algo que ocurrirá a partir del año que viene cuando ya estén avanzados -esperan- los acuerdos de la comisión del Pacto de Toledo.
Su silencio se une al de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que lo único que ha hecho ha sido asegurar que transferir la gestión económica de la Seguridad Social no implica tocar la caja única, algo aparentemente contradictorio ya que la gestión económica se aplica a las cotizaciones, las prestaciones y los propios edificios y el personal del sistema.
Principales riesgos
"La Seguridad Social es un sistema unitario integral, que garantiza la igualdad de trato y la equidad para todos los ciudadanos con independencia de dónde nacen, dónde viven y dónde mueren", recuerda en declaraciones a este medio un alto directivo de la Seguridad Social con larga trayectoria en la institución.
Uno de los problemas que planteará esta transferencia de la gestión -si finalmente se lleva a cabo- será la desigualdad por territorios, ya que habrá, por ejemplo, un desajuste en los tiempos con los que se conceden las prestaciones.
Afectará también a la disponibilidad de la información, ya que la Seguridad Social mueve diariamente millones de datos de ingresos y gastos, recaudación de cotizaciones, bonificaciones, etc., y tener dos cabezas visibles de gestión podría generar riesgo de desajustes, apuntan fuentes conocedoras de cómo funciona el sistema.
Podría haber problemas también en algunas competencias de la Seguridad Social que a día de hoy se realizan de forma centralizada y no están permitidas ni siquiera para los directivos provinciales, como es el caso de la concesión de aplazamientos del pago de deuda. "Si se transfiere va a haber diferencia de criterios que tendrán consecuencias distintas”.
Renunciar a su patrimonio
A la hora de recaudar las cotizaciones sociales de las empresas, también habría que dirimir qué ocurre con las empresas que tienen presencia física en el País Vasco pero cuya sede social esté en Madrid, por ejemplo, y viceversa.
Los niveles de eficiencia alcanzados por la Seguridad Social en algunos trámites, como reconocer una pensión de viudedad y jubilación en una media de 7-10 días, podrían verse alterados si se fragmenta la gestión.
Al ceder los edificios de la Seguridad Social -que constituyen un patrimonio pagado con los propios fondos del sistema, es decir, con cotizaciones, con la caja única- la Seguridad Social dejará de disponer de ellos y renunciará a la posibilidad de venderlos, alquilarlos o gestionarlos de la forma que considere para obtener una rentabilidad con ellos, como ha hecho en los últimos años.
Los expertos advierten, además, de que esta transferencia podría ser el inicio de la desintegración del sistema. El economista José Antonio Herce, experto en pensiones, lo lamentaba en Twitter: "La primera fisura que se abra en la caja única de la Seguridad Social (primer pilar) se agrandará. Lo digo muy concernido", decía, ya que al País Vasco podrían seguir otras comunidades.
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