Aquel día, el pasado 16 de octubre, Rodrigo Rato acudió a la Audiencia Nacional como imputado del caso Bankia con la idea de que sólo iba a tener que responder ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, por el uso de su tarjeta opaca. Sin embargo, al término de su comparecencia pudo comprobar que el cerco judicial que se estrecha sobre él iba mucho más allá de los polémicos gastos que hizo con su 'visa black'. Una pregunta del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, justo al final de su interrogatorio dejó claro al que fuera vicepresidente del Gobierno en los ejecutivos de José María Aznar que la Justicia seguía otra pista. Aquella cuestión de Luzón, sobre los 6 millones que había recibido de Lazard, inconexa en medio de las pesquisas por las tarjetas opacas, que sorprendió al propio Rato, tenía toda la intención. Anticorrupción estaba investigando precisamente ese pago al expresidente de Bankia. La sorpresa se la llevó el fiscal Luzón cuando tiempo después descubrió que se había acogido a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno del PP, como adelantó este martes Vozpópuli.
El político dudó un momento pero terminó reconociendo la existencia de una transferencia desde el banco de inversión, que preside su amigo Jaime Castellanos, a sus cuentas personales por esa cifra. Precisamente, según confirman fuentes jurídicas, ese pago se transfirió a una cuenta en un paraíso fiscal radicado en Europa, como son el caso de Luxemburgo y Suiza (una geografía que no revela sus secretos bancarios). La regularización fiscal, o al menos una parte de ella, efectuada por Rato pudo efectuarse desde esta cuenta, explican estas mismas fuentes. Una sospecha que estaba siendo investigada por Anticorrupcción dentro de la línea de investigación por la relación de Rato con Lazard. Sospechas que se confirmaron más tarde: Rato se había acogido a la amnistía fiscal.
Según aclaró el exministro de Economía en su momento, ese dinero correspondía supuestamente al pago de unos derechos de acciones de Lazard que había adquirido en 2008 y que vencían precisamente en 2011, el año de los primeros contratos firmados por esta entidad con la Bankia que él presidía. Unos acuerdos que ya generaron suspicacias entonces ya que Rato estuvo trabajando en Lazard como asesor después de su salida del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ocupó el cargo de director general senior de banca de inversión desde enero de 2008 a diciembre de 2009, cuando renunció al mismo tras ser nombrado consejero general de Caja Madrid.
La regularización fiscal, o al menos una parte de ella, efectuada por Rato pudo efectuarse desde la cuenta en un paraíso fiscal europeo en la que recibió los 6 millones de Lazard
Diversos documentos judiciales, a los que tuvo entonces acceso este medio, demuestran que Andreu y la Fiscalía llevaban 20 meses investigando dichos "asesoramientos financieros" que costaron a la entidad intervenida por el Estado 16,4 millones de euros. En concreto, desde el 5 de febrero de 2013. Ese día, el juez Andreu dictó una providencia por la que reclamaba a Bankia y al Banco Financiero de Ahorros (BFA) los expedientes de los cincos contratos que la entidad financiera firmó entre mayo de 2011 y abril de 2012 con Lazard. El magistrado solicitaba toda la documentación "justificativa de la tramitación para la adjudicación formal y pago" de los mismos. El actual equipo de la entidad remitía un mes después toda la información sobre los mismos que obraba en sus archivos.
Fruto de toda esta investigación, en la que se cruzaron los datos recibidos de Hacienda, dentro de las pesquisas por la ocultación de los beneficios de las tarjetas black, Anticorrupción encontró la confirmación de que Rato se había acogido a la amnistía fiscal. No sólo eso, Rato forma parte del grupo de 705 contribuyentes que están siendo investigados por la oficina antifraude por presentar indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales.
Los casos sospechosos han sido enviados por Hacienda al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) para que los investiguen la Policía, la Guardia Civil o la Fiscalía y lo lleven a los tribunales si es preciso. En ese grupo de 705 contribuyentes investigados se encuentran tanto aquellos que afloraron rentas no declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el conocido como modelo 750; como aquellos que regularizaron bienes en el exterior que superasen los 50.000 euros, que debieron cumplimentar el modelo 720. Los que decidieran no presentar la declaración se enfrentaban a cuantiosas multas. Pero además, Hacienda estableció la imprescriptibilidad de los bienes que no fueran declarados.
Probablemente, Rato se encuentra en este último apartado dada su gran actividad internacional, no sólo como director gerente del FMI, sino también como consejero asesor internacional del banco turco Akbank. Precisamente, la pista encontrada por Anticorrupcción sobre la regularización del pago de Lazard desde una cuenta en el extranjero, así parece confirmarlo.
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