Ofensiva en la Audiencia Nacional contra el secreto de sumario del caso Banco Popular. Tres de los principales implicados -Ángel Ron, Antonio del Valle y el fondo Pimco- han presentado recursos en los últimos días contra la decisión del tribunal de no hacer públicos los informes de supervisión del BCE.
Ron y Del Valle acusan al juez Fernando Andreu de generar una posible indefensión al estar imputados, y el fondo norteamericano cree que se vulnera el "derecho de acceso al expediente judicial de las acusaciones".
Las tres partes han presentado un recurso de reforma que el magistrado tendrá que responder en las próximas semanas. Lo hace después de que la Audiencia haya decretado secreto de sumario para los informes del BCE sobre Popular. Durará un mes y después los dos peritos judiciales -dos inspectores del Banco de España- decidirán si se incorporan al sumario.
Precedentes
Esto es algo que no hasta ahora sólo había ocurrido en un caso judicial vinculado con la banca: el caso Blesa, en el que se decretó el secreto tras la incorporación de los correos del expresidente de Caja Madrid. Pero ningún organismo público -Banco de España, CNMV, Icac, Agencia Tributaria o Sepblac- habían pedido hasta ahora la confidencialidad para sus documentos.
"La mera preservación de la 'reserva y confidencialidad' de la información y documentación facilitada por el Banco de España no tiene como fin evitar ningún riesgo grave para la vida, la libertad o la integridad física de persona alguna. Y tampoco va a prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación", expone Pimco en su escrito.
Ron y Del Valle creen que filtrar los informes del BCE puede invalidar al menos parte del caso
De los tres recursos, el de Ron es el único que es subsidiario de apelación. Por lo que si el juez Andreu lo rechaza, tendrá que responder al mismo la Sala de lo Penal.
Según el expresidente del banco, la decisión de Andreu vulnera "el derecho constitucional a un proceso con todas las garantías y, en particular, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa".
Ron amenaza incluso con que el informe pericial del caso podría invalidarse si los inspectores deciden no hacer públicos partes de los informes del BCE. "Puede condicionar y viciar de antemano la objetividad de su pericia", expone a través de su abogado, José Antonio Choclán.
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