Las arbitrajes internacionales contra España por el recorte a renovables de 2013 están más activos que nunca. Esta semana, se conocía una nueva resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, contra el Reino de España. La empresa alemana Baywa tiene el respaldo internacional para cobrar 22 millones de euros. Una compañía asesorada legalmente por Cuatrecasas, despacho de la que es socia Soraya Sáenz de Santamaría, y que es uno de los preferidos entre los afectados por este 'hachazo' a las primas de las renovables, que asestó el Gobierno de Mariano Rajoy.

Cuatrecasas matiza a Vozpópuli que "Soraya Sáenz de Santamaría no tiene relación con este asesoramiento" porque "no está vinculada en modo alguno a los equipos de Arbitraje e Infraestructuras y Energía". La vicepresidenta del Gobierno en la época de Rajoy se describe en la web del bufete como "experta en el asesoramiento a compañías en relación con el nuevo régimen de inversiones exteriores en sectores estratégicos, aprobado en marzo del 2020 en España como consecuencia de la crisis de la COVID-19. El régimen incluye infraestructuras y tecnologías críticas, energía y otros sectores de actividad esenciales".

Otra victoria de uno de sus clientes contra el Reino de España también fue reciente. Cuatrecasas representó a la firma maltesa de inversión OperaFund Eco-Invest SICAV PLC y a la suiza Schwab Holding AG (Suiza) en el procedimiento de anulación instado por España contra el laudo dictado en septiembre de 2019. El despacho al que pertenece Soraya Sáenz de Santamaría, logró la desestimación de la acción de anulación que pedía España, que pretendía esquivar los 29 millones de euros, más intereses y costas, que reclaman dos fondos por vulnerar el Tratado de la Carta de la Energía con aquellos recorte.

Esa fue la segunda victoria consecutiva del equipo de Litigación y Arbitraje de Cuatrecasas, liderado por el socio Alberto Fortún, en procedimientos de anulación CIADI iniciados por España contra laudos en los que se la ha condenado a indemnizaciones millonarias a favor de inversores extranjeros en la saga de casos de energías renovables.

Cuatrecasas también representó a la firma británica de inversión InfraRed en otro procedimiento de anulación ante el CIADI por parte del Reino de España. Los inversores británicos presentaron en 2020 una demanda ante un tribunal estadounidense para hacer cumplir al Estado español el laudo por dos proyectos fotovoltaicos en Sevilla y Badajoz en los que invirtió en 2011. 

"El rechazo final a la anulación de dicho laudo supone una importante y decisiva victoria en un proceso por el que ya se había condenado al país a indemnizar a InfraRed por más de 28 millones de euros (más intereses y costas) como consecuencia de sus recortes a los incentivos de las renovables", explicaba el despacho en su web.

Sáenz de Santamaría, Rajoy y Zapatero

El origen del conflicto entre España y la comunidad inversora está en la reforma de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy, con Sáenz de Santamaría de vicepresidenta, para acabar con las primas a las renovables que había aprobado en 2007 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El Tribunal Supremo y el Constitucional avalaron la reforma del Ejecutivo popular. Este cambio normativo supuso, según las estimaciones de 2013, una reducción de los beneficios de estas instalaciones de 1.700 millones de euros. 

Esta medida no gustó a los inversores internacionales que habían invertido bajo el amparo de la normativa de Zapatero, de ahí que pusieran en marcha una oleada de arbitrajes, la mayoría ante el CIADI, que se han saldado de forma mayoritaria a favor de sus intereses, si bien España se ha anotado algunas victorias. Las obligaciones reconocidas a las empresas por estos procesos ascienden a 1.250 millones de euros y, cuando concluyan todos, los conocedores de esta actividad arbitral estiman que serán de 2.000 millones.

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