El Gobierno tiene previsto aprobar la próxima semana, en el último Consejo de Ministros del año, el 28 de diciembre, la mayor subida que ha experimentado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en su historia, del 22,3%, lo que supone que pasará de 734,9 a 900 euros mensuales.
Esta es una de las medidas más controvertidas del Gobierno, que se aprobará por Real Decreto a escasos día de que acabe el año para que entre en vigor el 1 de enero de 2019 y no irá incluida en los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio.
En la memoria que ha publicado el Ejecutivo sobre el objetivo y el impacto que tendrá esta medida, reconocen que la modificación "tendrá impacto en la economía general, derivado del impacto directo en los trabajadores con retribuciones inferiores al nuevo SMI, en sus empresas y en determinados aspectos presupuestarios", por más que la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha insistido una y otra vez en que su impacto en el empleo "será neutro".
A pesar de que lo que persigue el Gobierno es mejorar las condiciones de los trabajadores, sobre todo de aquellos con menor nivel de renta, hay muchos expertos que lamentan que la subida del SMI destruirá empleo a largo plazo.
"No tendrá un impacto inmediato en el empleo, porque cuando se está en etapa expansiva del ciclo la productividad de los trabajadores aumenta, sobre todo la de los que tienen menor cualificación. Estoy convencido de que si el SMI sube en 2019 el empleo aumentará igualmente, tal y como ocurrió en 2004 pero luego la depresión fue mucho más intensa", advierte José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos.
No obstante, alerta de que aunque en 2019 subirá el empleo, la subida del SMI llevará aparejada un incremento del empleo a tiempo parcial y de los contratos temporales. "Ambos se incentivan cuando las subidas del SMI son desorbitadas", avisa.
La propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya alertó cuando se conoció la medida que impactaría a 1,2 millones de trabajadores e impediría la creación de 40.000 puestos de trabajo y podría restar una décima de crecimiento al consumo y otra al PIB, aunque por el contrario aumentaría la renta disponible en 1.750 millones de euros.
El Banco de España por su parte ha pronosticado una desaceleración de la ocupación, que será “más intensa en 2019” debido al aumento del SMI, aunque eso no impide que vaticinen una tasa de paro de algo más del 12% para finales de 2021.
Más incertidumbres
Otro de los reproches que ha tenido esta medida es su impacto sobre la brecha de género. Ante las críticas, el Gobierno deja por escrito en su memoria que la subida del SMI tendrá un efecto positivo en la desigualdad (reduciéndola), una tesis que contradicen por ejemplo los expertos del servicio de estudios del BBVA, que creen que "los más expuestos a perder su empleo por la subida son los jóvenes y las mujeres".
Más allá de su impacto en el empleo, existen luces y sombras también sobre su repercusión en las empresas, los autónomos y las arcas del Estado.
La subida del 22,3% del SMI será la que se utilice para aumentar las cotizaciones mínimas a la Seguridad Social de los trabajadores asalariados, lo que supondrá un incremento de costes laborales para las empresas, que ya se superan a los de la media de la UE (los ingresos por cotizaciones sociales que pagan las empresas representan un 8,3% del PIB en España, frente al 6,8% que suponen en la media de países de la UE).
Este incremento, sin embargo, no se empleará para subir la base mínima de cotización para los autónomos; a este colectivo sólo le afectará en el caso de que el autónomo tenga contratados empleados a los que remunera con esta cuantía.
Cómo impactará al Estado
Con respecto a las cuentas públicas, el Estado no ha dado una cifra clara de cómo repercutirá la subida del SMI en sus ingresos y gastos, pero sí explican en su memoria que impactará en el Fondo de Garantía Social, en la Seguridad Social y en Servicio Público de Empleo Estatal.
A la primera la afectará tanto en lo que ingresa por cuotas de afiliados como en lo que gasta en prestaciones. Al segundo le impactará en el aumento de gasto para sufragar las prestaciones por desempleo (que serán superiores en el caso de desempleados que cobraban el SMI) y también porque aumentará el número de personas que cumplen con los requisitos para cobrar un subsidio de desempleo.
Sólo pueden solicitar el paro en España las personas que tengan ingresos inferiores al 75% del SMI , por lo que si este sube de 734,9 a 900 euros, el umbral para poder pedir este subsidio pasará de 551 a 675 euros, con lo que aumentará la masa de personas que cumplen las condiciones para solicitarlo.
También se fijan acorde al SMI los topes máximos de ingresos para tener derecho derecho a las prestaciones asistenciales que concede este organismo.
Este organismo verá también un aumento del gasto por el incremento de la base mínima de cotización, ya que es la que utiliza para que coticen los pensionistas y beneficiarios del subsidio de mayores de 55 años y del subsidio para personas trabajadoras eventuales del Sistema Especial Agrario de Andalucía y Extremadura.
Según la memoria, los gastos supondrían un volumen total de 13,51 millones de euros por "cada punto de aumento del SMI", lo que quiere decir que si sube el 22,3%, es decir 22,3 puntos, el gasto ascenderá a 301,27 millones, a lo que hay que sumar 66,9 millones por los programas de empleo y formación y 133,8 por el gasto en bonificaciones de fomento del empleo de personas con discapacidad. En total unos 500 millones.
No obstante, contrarrestarán estos gastos con más ingresos por incremento de cotizaciones. Este aumento lo cuantifican en "6 millones de euros por cada punto de aumento del SMI", es decir, un total de 133,8 millones sólo por esta vía.
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