"Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate" ("Abandonad toda esperanza, quienes aquí entráis") es la inscripción que Dante Alighieri encuentra en la puerta del infierno al iniciar el viaje que narra en La Divina Comedia. Es el escenario en el que se ha adentrado el Gobierno de Pedro Sánchez tras la agónica convalidación de dos Reales Decretos-leyes y la derogación de un tercero este miércoles.
La siguiente prueba que afronta el Ejecutivo es la tramitación de los Presupuestos, un circo con varias pistas ante el que los Reales Decretos de esta semana y la propia ley de amnistía palidecen. Un "infierno", trasladan fuentes parlamentarias consultadas por Vozpópuli. En un momento en que el aroma que rodea al Gobierno recuerda al de 2019, cuando los Presupuestos cayeron y Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones. Un comodín del que ahora carece. No puede convocar elecciones hasta el 30 de mayo, tiene que pasar un año, y sobre todo, lo haría en una situación de extrema debilidad y sin relato que vender salvo el miedo a Vox, cuando en 2019 venía de una moción de censura con éxito y su crédito estaba todavía casi intacto.
El pasado 27 de diciembre, Sánchez se mostraba confiado en su intervención de balance del año en Moncloa en que lograrían sacar adelante los tres Decretos que acababa de aprobar el Consejo de Ministros. Definía la legislatura como basada en el "diálogo, diálogo y diálogo" pero no presagiaba el viacrucis que ha sufrido en el Senado este miércoles.
Y es que el primer examen parlamentario que ha vivido el Gobierno esta semana era en teoría muy fácil: se trataba de convalidar tres Decretos con ayudas, medidas sociales y reformas comprometidas con la UE a cambio de 10.000 millones de fondos UE en una sola votación.
El mantenimiento de la rebaja del IVA a alimentos básicos y una subida escalonada del de electricidad y gas, además del incremento extra de las pensiones mínimas y no contributivas, junto con una reforma que incrementa la protección del subsidio de desempleo, parecían argumentos que hacían invulnerables los Decretos.
Los de Junts ya advirtieron la semana anterior de la tormenta que se estaba fraguando pero el Gobierno no acababa de darse por enterado. La negativa a apoyar los Decretos era frontal ya el lunes pero el Gobierno se mostraba confiado en que acabarían cediendo.
"Estamos intentando ver si hay otras cuestiones que a ellos les puedan resultar de interés. Como en toda negociación, si hay un elemento en el que es difícil llegar al punto de encuentro, hay que explorar el perímetro para ver si hay otras cuestiones que se puedan incorporar", reconocía este lunes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en TVE.
Y se mostraba confiada en que finalmente acabaría aprobando los Decretos como venía ocurriendo en la pasada legislatura.
De hecho, Vozpópuli pudo sondear el estupor en el nivel más técnico y en el político en Hacienda con la actitud de Montero. No había ningún plan b por si tumbaban los Decretos. En la Dirección General de Tributos (DGT), el brazo legislativo del Fisco, no tenían nada preparado el lunes, pero tampoco el martes, ni el miércoles, cuando todo indicaba que el Decreto con las rebajas del IVA y otros impuestos caería. El jueves se barruntaban varios cambios en el IVA de un día para otro pero no estaban trabajando en ninguno de ellos ni en un Decreto de urgencia de sustitución.
Esto en el lado técnico. Pero el mismo miércoles hubo una reunión en la que estaban todos los altos cargos del Ministerio de Hacienda menos la ministra y no se abordó este asunto.
¿Qué ha pasado? El escenario ha cambiado y los socios ya no se fían. El PSOE ha abusado de promesas incumplidas con Reales Decretos-leyes que dice que luego tramitará como proyecto de ley e introducirá enmiendas de los grupos a cambio de su voto. Más de 50 quedaron paralizados la pasada legislatura.
¿Pacto de legislatura?
De momento, ERC y PNV muestran fidelidad desde su presencia en los Gobiernos de Cataluña y País Vasco; también Bildu. Pero Junts y Podemos se han revelado como dos auténticas bombas de relojería.
Junts a pesar de su interés en que siga Sánchez hasta que al menos apruebe la amnistía. Y a pesar de que en el pacto de investidura se compromete a "la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo [referéndum y Hacienda propia y financiación singular]". De hecho, el Gobierno ha destacado que los pactos de investidura son también de legislatura.
Podemos se mueve por su deseo de venganza de Yolanda Díaz y también de Pedro Sánchez, y los pactos con Junts y PNV alientan su relato de que su oposición es en realidad para defender medidas progresistas.
A todo esto se añade que Junts y Podemos se retroalimentan. Si tienes a los de Puigdemont vendiendo caro su apoyo, los de Ione Belarra no pueden ser menos. El riesgo de dar el brazo a torcer y que el otro no lo haga dificulta aún más el pulso de cada formación por separado. Se quiere ser el último en posicionarse y en llevarse toda la atención. Y no hay que olvidar que el voto de Coalición Canaria es crucial y empieza a tener dudas.
Además de creer que los socios se han comprometido en el pacto de investidura a dar estabilidad a la legislatura, Montero también confía en su aval a los Presupuestos.
Dijo en TVE en noviembre que el Presupuesto "formó parte de las conversaciones" de investidura, pero admitió que aún así el Gobierno tendrá que ponerse en contacto con los diferentes grupos para garantizar que ambas partes cumplirán sus compromisos.
Montero ha conseguido sacar adelante los Presupuestos de 2021, 2022 y 2023 a base de otorgar concesiones millonarias a los socios. El año pasado, sin la tensión incrementada de los pactos de la recién inaugurada legislatura, los socios de Pedro Sánchez se llevaron cerca de 3.000 millones en los Presupuestos de 2023.
A nadie se le escapa que los socios no dejarán escapar la ocasión para reclamar partidas y que unos objetivos de estabilidad de cierta contención pueden propiciar disensiones.
La tramitación de los Presupuestos es de una complejidad extrema, ya que tras las enmiendas a la totalidad -en las que cayeron los de 2019-, llegan las votaciones de las secciones en Comisión, y si cae una sección, caen los Presupuestos.
Ya en el primer trámite que hay que abordar ahora mismo, la convalidación de los objetivos de estabilidad en el Senado que el Congreso avaló este miércoles, afrontan la oposición de la mayoría del PP, que puede vetarlos sine die.
La encerrona del Senado
Montero basa su estrategia contra esta encerrona en un informe de la Abogacía del Estado para dar cobertura a la amenaza de un ajuste duro. Es el as que cree que le permitirá burlar el veto del Senado a los Presupuestos. Un "informe jurídico" cuya existencia desveló en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el 11 de diciembre, de cuyo efecto los expertos dudan.
El informe establece que el Gobierno podrá acudir en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años. El plazo máximo de intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda no puede superar el mes.
En caso de que en dos ocasiones no se aprueben por las dos Cámaras esos objetivos de estabilidad, el proyecto de Presupuestos se basará en lo dispuesto en el plan que se remitió a Bruselas en abril, en el Programa de Estabilidad, con un objetivo del cero para las comunidades en lugar del déficit del 0,1% que ahora plantea. Es decir, la amenaza es que si el PP no avala los objetivos, a las CCAA se les impondrán unos más exigentes.
A este informe de la Abogacía fía Hacienda el éxito de sacar adelante los Presupuestos lo antes posible y de acuerdo con los estándares de estabilidad presupuestaria y de rendición de cuentas con la UE en plena vuelta de las reglas fiscales. "Es lo que me llevaba, cada vez que me han preguntado, a afirmar que sí o sí habrá proyecto de presupuesto", ha enfatizado Montero.
Así se explica que el Gobierno no haya promovido ahora una reforma de la Ley de Estabilidad para acabar con este poder del Senado que creó Cristóbal Montoro en 2012, un veto que la propia Montero intentó eliminar en 2018 y en 2020 en proyectos que decayeron.
¿Qué fuerza tiene este informe? ¿Puede realmente sortear el veto del Senado? Los expertos a los que ha consultado Vozpópuli lo dudan y alertan de que este escenario aboca a un nuevo choque institucional y a un incumplimiento del déficit.
El problema es que no habría objetivos aprobados por el Parlamento español que sean vinculantes. El Estado podría sacar adelante sus Presupuestos pero no podría exigir a las comunidades que cumplan.
Montero dijo en un primer momento que si el Senado no avala sus objetivos, los Presupuestos de las comunidades quedarán anulados, lo que luego corrigió.
De hecho, todo esto ya ha pasado. En 2018, el Senado entonces también dominado por el PP vetó los objetivos de Montero y Sánchez optó por seguir adelante con los Presupuestos de 2019 sin objetivos de estabilidad. ERC dejó caer finalmente esas Cuentas. Y muchas comunidades sacaron adelante sus Presupuestos de 2019.
El problema al que sí se enfrentaría el Gobierno es cómo explicar todo esto a Bruselas. Y cómo pretende vincular a las comunidades con un objetivo diferente al 0,1% que remitió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre en el Plan Presupuestario. No habría verdaderos objetivos para controlar el gasto.
Si los Presupuestos caen como en 2019, el Gobierno no tendrá capacidad política y las elecciones ya no serán una salida como entonces.
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