El Gobierno ha anunciado que la próxima semana enviará a la Comisión Europea la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Sánchez ha ido retrasando la presentación del documento definitivo al Ejecutivo comunitario al ser la última oportunidad que tiene de incluir inversiones con cargo a los fondos Next Generation EU. Entre ellas estarán, tal y como publicó Vozpópuli, algunas de las medidas electoralistas que ha anunciado el presidente. Ayudas que suman más de 5.500 millones de euros y que se cargarán al Plan de Recuperación.
Por un lado, la línea de préstamos ICO por valor de 4.000 millones de euros destinada a promover 43.000 viviendas de alquiler social a precios bajos se incluirá en la adenda que enviará a Bruselas. Ésta se sumará a otros 1.000 millones de fondos UE que ya están contemplados en el PRTR actual para habilitar 20.000 nuevas viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes antes del segundo trimestre de 2026. Es decir, que un 34% de las 183.000 viviendas asequibles estarán financiadas con fondos UE.
Por otra parte, el pasado 25 de abril el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas por 105 millones de euros contra la despoblación en el medio rural. De éstos, 90 millones irán a ayudas para financiar actuaciones de Capacitación digital de la ciudadanía con cargo al Plan de Recuperación. Este programa pretende garantizar la inclusión digital de la ciudadanía, con especial atención a las zonas en declive demográfico y se espera que proporcione formación a casi 300.000 personas, según recalcó el Gobierno.
Además, aunque el Gobierno no lo ha comunicado expresamente en sus referencias, se han localizado otras medidas recientes que estarán financiadas, total o parcialmente, con fondos europeos. En concreto, de los 1.300 millones que Sánchez anunció el pasado 29 de abril para la Formación Profesional, 414,21 millones procederán de los fondos Next Generation, según informan desde el Ministerio de Educación al ser preguntados por este asunto.
En concreto, los 29,3 millones de la Red de Centros de Capacitación Digital (314 centros adicionales para impartir una formación básica de competencia digital a personas en riesgo de exclusión social, con bajo nivel de formación o mayores de 55 años), los 273,37 millones del Plan de Modernización (como la acreditación de las competencias de 540.000 personas, la creación de 1.500 grupos bilingües y la puesta en marcha de 304 aulas de tecnología aplicada y 444 aulas de emprendimiento) y los 111,54 millones para acciones de cualificación y recualificación tantos de trabajadores como de desempleados.
En total, todas las medidas mencionadas suman ya más de 5.500 millones, pero esta cuantía todavía puede crecer. De hecho, también se cargarán al Plan de Recuperación parte de los 1.400 millones en medidas para afrontar la sequía que aprobó Transición Ecológica el pasado 11 de mayo, según ha podido saber Vozpópuli. Fuentes del Ministerio lo confirman, pero no detallan la cifra exacta de fondos UE que se pretenden emplear en estas medidas.
Por otra parte, el Gobierno aprobará, como estaba previsto, un último paquete de ayudas en la última semana de junio. Se validará un Real Decreto-ley en el que se prevé que se retiren ayudas a empresas y al transporte profesional y se mantengan las rebajas fiscales a la luz y la energía. Es posible que se elimine la rebaja del IVA a alimentos básicos, lo que se compensará con nuevas ayudas en las que se prevé que el Gobierno centre sus últimos esfuerzos.
Aunque estas medidas se anunciarán después de que el Gobierno envíe la adenda a Bruselas, es posible que incluya algunas de ellas en el nuevo Plan de Recuperación, lo que le permitiría también financiarlas con fondos europeos.
117.000 millones pendientes
El Gobierno comprometerá antes de las elecciones generales los 94.300 millones de euros que España tenía pendiente pedir desde finales del año pasado, dejando sin margen de maniobra al próximo Ejecutivo, que tendrá que asumir los compromisos de inversiones y reformas que se plasmen ahora en el nuevo documento.
La fecha límite legal para hacerlo es el 31 de agosto así que, con el adelanto electoral al 23 de julio y las restricciones para aprobar ayudas en la campaña a partir del 7 de julio, no podría haber esperado mucho más, salvo que Bruselas hubiera reformado el Reglamento y hubiera dado más margen para que, ante tal contexto político, fuera el futuro Ejecutivo el que desarrollara el nuevo Plan.
Hasta ahora España tiene aprobado un Plan para financiar inversiones y reformas que se financiarán con 69.500 millones europeos a fondo perdido (transferencias directas). Sin embargo, nuestro país no ha recibido todo ese dinero, ni mucho menos. Está dividido por tramos, de tal forma que la Comisión valida el desbloqueo de una cantidad determinada de fondos cuando confirma que se han cumplido los objetivos marcados en el PRTR.
De momento España sólo ha desbloqueado tres tramos y una prefinanciación, lo que suma un total de 37.000 millones. Además, previsiblemente antes de las generales solicitará el cuarto tramo, de 10.000 millones. Es decir, que aún faltarán por desbloquear y recibir 22.500 millones del Plan de Recuperación inicial, firmado por la Comisión y España en junio de 2021.
La adenda a ese Plan (donde se incluirán nuevas inversiones y reformas) permitirá movilizar 7.700 millones adicionales en transferencias y hasta 84.000 millones en préstamos, además de 2.600 millones para reducir la dependencia energética de Rusia, bajo el paraguas del mecanismo RepowerEU.
De esta forma, si todo marcha bien y Bruselas da luz verde al cuarto pago y a la adenda al PRTR, el próximo Gobierno se encontrará con que España tiene derecho a casi 164.000 millones, de los que 117.000 todavía no se habrán recibido y, para hacerlo, tendrá que cumplir compromisos establecidos por el actual Ejecutivo.
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