Los ataques del Gobierno a Ferrovial parecía que iban a quedar en suspenso una vez que el 13 de abril la Junta General de Accionistas avaló por abrumadora mayoría del 93,3% de los votos el traslado de la matriz de España a Holanda. La vicepresidenta primera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que había llevado la voz cantante en la batalla del Ejecutivo contra la decisión del Consejo de Administración, aseguró que respetaba la votación. Sin embargo, el propio Pedro Sánchez lanzó un dardo a la empresa en un mitin el sábado 15 de abril: "Ferrovial se va cuando los españoles pagan el IRPF en la Campaña de la Renta".
Horas antes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había tuiteado: "La inaceptable decisión de Ferrovial de cambiar su sede a Ámsterdam ha generado indignación en nuestro país". Con todo, el viernes 14 de abril tocaba lamerse las heridas y cambiar de conversación tras el sonoro fracaso de la campaña contra la mudanza de la empresa y el Gobierno anunció que había llegado a un acuerdo con ERC y Bildu sobre la Ley de Vivienda, que llevaba varios meses parada en el Congreso y una gestación de casi cuatro años.
La vivienda y la sequía son los grandes temas del Gobierno en la campaña para las municipales y autonómicas del 28 de mayo y Ferrovial queda de momento en barbecho, aunque la empresa está de actualidad esta semana porque este jueves acaba el plazo para ejercer el derecho de separación. Una vez vencido, la decisión de la Junta será firme. La empresa no espera contratiempo alguno. Leopoldo del Pino, hermano del presidente de Ferrovial, votó en contra del traslado, pero no va a ejercer el derecho de separación.
Pasadas las 23.59 horas de este jueves, se abre un nuevo escenario de implementación de los últimos trámites de la salida, entre los que destaca la última declaración del Impuesto sobre Sociedades de la matriz ante la Hacienda española, momento en el que el Fisco podrá imponer el peaje fiscal a la salida que Calviño ha venido blandiendo.
El proceso que ahora se abre tiene todos los visos de culminar en la segunda mitad de noviembre, en la antesala de las elecciones generales.
A finales de noviembre es cuando los tiempos habituales sitúan el momento en el que la Agencia Tributaria (AEAT) empezará a revisar la última declaración del Impuesto sobre Sociedades que deberá ingresar la matriz de Ferrovial en España y en ella tiene que integrar la fusión inversa con la sociedad holandesa que la absorbe. Ferrovial pretende que la salida no tribute acogiéndose al régimen de neutralidad fiscal que posibilita la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según se desprende de los motivos económicos y no fiscales que alega en la comunicación de su salida y confirma la empresa.
Sin embargo, el Ejecutivo español ha mantenido una posición beligerante en la que pone en duda estos motivos, precisamente los argumentos que utiliza Hacienda para cuestionar un cambio se sede, que le llevan a exigir un peaje fiscal por la salida.
Las empresas que pretenden cambiar su sede fiscal deben presentar su declaración del Impuesto sobre Sociedades -que se suele declarar en julio del año siguiente- por el periodo que va desde el 1 de enero al día en que se inscribe la fusión en el Registro Mercantil, el momento en que la sociedad muere como española y pasa a ser holandesa, lo que puede hacer en cualquier momento a partir de este viernes. El impuesto se declara en el plazo de 25 días que empiezan a contar cuando pasen seis meses desde la inscripción.
Es en esa declaración donde debe consignarse la salida, y el tono y las declaraciones de la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos muestran que la actitud de Hacienda no va a ser pacífica. En este sentido sorprendió la rueda de prensa de presentación de la Campaña de la Renta el pasado 11 de abril. Preguntada por si están analizando la salida de Ferrovial, la directora de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, no respondió que no puede hablar de contribuyentes concretos sino que dijo que se investigará el traslado y se sancionará a la multinacional con "cantidades importantes" si la salida obedece a motivos fiscales.
La Agencia Tributaria tiene cuatro años para comprobar la salida, pero en casos similares puede optar por una inspección rápida, trasladan fuentes conocedoras.
Este proceso puede generar tensiones importantes con el Fisco holandés, que reclamará la tributación de la empresa allí. El conflicto, en forma de acta levantada por Hacienda, desembocaría en el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y de ahí llegaría a la Audiencia Nacional. En su periplo en los tribunales de Justicia, es previsible que alguno de ellos plantée cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Asimismo, un enfrentamiento de este calibre podría llevar a la empresa a denunciar una infracción del Derecho de la UE en lo que respecta a la libertad de establecimiento y de circulación de capitales ante la Comisión Europea, que podría acabar en el TJUE también.
El castigo fiscal
La vicepresidenta primera ha subrayado que el Gobierno tiene "serias dudas sobre la sustancia" de los argumentos de Ferrovial, lo que vigila Hacienda y el único ámbito en que puede actuar.
La Ley del Impuesto sobre Sociedades, en su capítulo VII, contempla un régimen especial para las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea a otro Estado de la UE por el que la operación no tiene que pasar por caja y evitar que la fiscalidad sea un obstáculo para la realización de esta reestructuración empresarial.
Sin embargo, el artículo 89.2 de la Ley veta la aplicación de este régimen "cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal".
La compañía se ha apresurado a subrayar que la operación no tiene motivación fiscal, que sus ventajas fiscales son irrelevantes, y lo cierto es que la matriz que se va tiene pérdidas en España y no paga Sociedades. Cuestión distinta es el ahorro que va a suponer escapar al gravamen del 5% sobre dividendos que impone el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2021, cuando en Holanda están exentos al 100%.
Esta será precisamente la penalización que puede establecerse a las plusvalías latentes a valor de mercado en el momento de su salida, para lo que se calcula la diferencia entre dicho valor de mercado de las filiales y el valor de cartera de la matriz y de sus participadas en su balance. Son 24 las sociedades participadas de Ferrovial, S.A., según las Cuentas Anuales individuales de la entidad cerradas a 31/12/2022. Los cálculos que ha elaborado el Departamento Fiscal de Roca Junyent en Madrid para Vozpópuli en base a información pública, arrojan un peaje de, al menos, 130 millones de euros.
Los planes de la empresa
Sin embargo, los planes de la empresas son diferentes. Fuentes de Ferrovial trasladan que prevén desarrollar el proceso sin ninguna prisa, hacer las cosas con calma, por lo que no descartan presentar la declaración de Sociedades en enero de 2024, incluso en abril, para poder consultar el Modelo del Impuesto de 2023, que se publicará en el primer trimestre del año que viene. Este planteamiento alejaría su declaración de la Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez actual.
Estos tiempos no impiden que se cumplan los objetivos de la empresa: estar cotizando en Holanda antes del verano, en concreto, la nueva empresa que resulta de la fusión inversa, y hacer lo propio en EEUU antes de que acabe 2023.
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