Pedro Sánchez ha elegido a las empresas energéticas como las encargadas de financiar su plan anticrisis. Su estimación es que su doble paquete de medidas, entre las que entraron en vigor en abril y las que lo harán ahora hasta finales de año, tiene un coste de 15.000 millones de euros, entre inversión e impuestos que no recauda. El sector energético español, "el más beneficiado de la situación actual" según Moncloa, asumirá parte de esta cifra con un modelo similar al de Italia, aunque 10 meses más tarde de la decisión del equipo de Mario Draghi, cuyo plan asciende a 34.000 millones.
Sin embargo, en una calculada ambigüedad, Sánchez no ha respondido a la pregunta de si se van a gravar los beneficios de las energéticas de 2022, lo que una nota de Hacienda más tarde ha aclarado: se gravarán los beneficios de 2022 porque el impuesto se devenga el 31 de diciembre de 2022, pero en principio se pagará en 2023.
Moncloa espera que esta nueva partida compense los 3.600 millones de euros que no va a recaudar tras rebajar, entre otras cosas, el 80% de los impuestos vinculados con la factura de la luz.
El primer ministro italiano decidió en marzo poner en marcha un impuesto a “los extraordinarios beneficios” que estas empresas están obteniendo. Este tributo se situaba en el 10% de estas ganancias extraordinarias obtenidos por estas empresas. Su gravamen se cargará los beneficios de los últimos seis meses que superen los beneficios del mismo periodo del año anterior. Este tipo luego se ha elevado al 25% en mayo.
Con un modelo que convence a Pedro Sánchez, porque el propio Draghi aseguraba en marzo que es la mejor manera para financiar la rebaja de 25 céntimos en el precio de los carburantes que Italia tiene en marcha. En el caso de España, de 20 céntimos.
El Gobierno italiano aseguró que el nuevo impuesto también compensará su decisión de ofrecer 200 euros a las familias italianas más necesitadas. En concreto, a 28 millones de familias, por 2,7 millones de personas que se beneficiarán de la ayuda de 200 euros del Gobierno español.
El paquete de Dragui aprobado en mayo es de 14.000 millones, que se suman a los más de 20.000 millones que ya había puesto en marcha. En el caso español, han sido 6.000 millones hasta junio y otros 9.000 hasta finales de año.
Sánchez señala a 'los enemigos'
Desde el sector energético afirman a Vozpópuli tras escuchar al presidente que el anuncio de este impuesto contra estas empresas es "sólo una medida electoralista" y pone a la ciudadanía "en contra" de un sector que trabaja para asegurar el suministro. Su previsión es que la implantación de esta nueva tasa se demore en las Cortes porque creen que cuenta "con apoyos muy escasos".
El Ministerio de Hacienda ha explicado en un comunicado que trabaja en el diseño de un nuevo impuesto, dado el impacto que el encarecimiento de los precios de la energía está teniendo en los beneficios extraordinarios de los operadores energéticos más relevantes.
Por lo tanto, empresas como Iberdrola, Endesa o Naturgy tendrán que lidiar en los próximos meses con esta medida. Aunque no serán los únicos. El recargo fiscal a las eléctricas que prepara Hacienda puede extenderse a las petroleras. Hacienda contempla aplicarlo a Repsol, Cepsa o Acciona, según explicaban fuentes del Fisco.
En este sentido, Pedro Sánchez se ha referido ahora a "las energéticas", expresión que también utilizan las notas de Presidencia y Hacienda.
Entrada en vigor
Este nuevo gravamen será aprobado para que se tramite como proyecto de ley en el Congreso durante las próximas semanas. Hacienda pretende poner el devengo el 31 de diciembre de 2022, como avanzó Vozpópuli. Por lo tanto, el nuevo impuesto sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero sí afectaría al ejercicio de 2022.
"Activaremos con celeridad un impuesto extraordinario que permitirá que los millonarios beneficios de estas empresas se puedan sumar a la recuperación colectiva", ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en Twitter.
Díaz presiona desde hace días al Gobierno para que esta medida que exige Podemos sea efectiva de forma urgente y finalmente el anuncio de Sánchez de que entrará en vigor en 2023 podría parecer una victoria a medias, a lo que los morados quitan ahora importancia.
A la espera de ver cómo avanza la tramitación y las circunstancias. La nota de Hacienda nada entre dos aguas y emplea en todo el momento el condicional: "La idea es poner el devengo del impuesto el 31 de diciembre de 2022", con lo que "sí afectaría a 2022", y "sería exigible en 2023". De hecho, el propio Sánchez no respondió a la pregunta de si se gravarían los beneficios de 2022 pero sí abrió la puerta a que el impuesto pueda entrar en vigor en 2022 al decir que entrará en vigor lo antes posible y apuntó a finales de año, aunque luego se corrigió y señaló a enero de 2023.
El Gobierno anunció hace un año que iba a gravar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, medidas que no ha entrado en vigor. La tramitación de un proyecto de ley en este sentido precisamente quedó suspendida este viernes.
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