Nadie mejor que Felipe González sabe de la importancia electoral del colectivo de pensionistas. Quizás José María Aznar aprendiera de aquel segundo debate durante la campaña de las elecciones generales del 6 de junio 1993. González salió tocado del primer asalto, celebrado en Antena 3, el 24 de mayo. Llegó a Telecinco, una semana después, para el segundo "round", con la lección aprendida y en un determinado momento, cuando se agotaba el tiempo pactado, sacó de su chistera política una pregunta para el líder la oposición: "¿qué tiene pensado usted para los pensionistas, Sr. Aznar?" El líder del PP dudó, dudó en exceso, ante una audiencia del 10,6 millones de telespectadores. El resultado lo conocen todos ustedes. González ganó sus cuartas elecciones generales consecutivas, aunque, eso sí, por primera vez, sin mayoría absoluta.
Ahora, casi treinta años después, la aprobación vía Real Decreto-ley de la enésima reforma de las pensiones, a solo dos meses de las elecciones municipales y en un ambiente de permanente campaña electoral desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, la historia parece repetirse.
A pesar, incluso, de que el Pacto de Toledo, una comisión parlamentaria constituida en 1995, en la que están presentes todas las formaciones políticas del arco parlamentario, acordó en una de sus primeras actuaciones excluir cualquier asunto concerniente al sistema público de protección social de las campañas electorales.
A través de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno ha presentado su culminación, prometiendo que las pensiones mínimas pasarán de los 966 euros mensuales por catorce pagas (en el caso de un perceptor con cónyuge) a 1.179 euros en el año 2026. Y lo ha hecho con tres meses de retraso sobre el calendario previsto con la Comisión Europea, a poco más de dos meses para la celebración de elecciones municipales y autonómicas. ¿Casualidad?
La medida va dirigida a un colectivo de alrededor de 4,7 millones de pensionistas que perciben la pensión contributiva mínima. Según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, hay más de 5,160 millones de pensiones por debajo de los 966 euros mensuales o, si prefiere, 4,07 millones que no cobran los 783 euros mensuales que fijan el mínimo para los beneficiarios sin cónyuge.
En sus estadísticas, el INSS habla de otros 3,9 millones de pensionistas que cobran importes comprendidos entre el Salario Mínimo Interprofesional (1.080 euros mensuales o 15.120 euros brutos anuales) y la pensión máxima, y de apenas 471.598 que perciben la pensión máxima (3.059 euros mensuales brutos o 42.823 anuales).
Coste de la promesa a los pensionistas
¿Qué coste tiene esta promesa? Teniendo en cuenta el número de pensiones que se verán afectadas por este aumento de entre 172 euros mensuales (sin cónyuge) y 213 (con cónyuge) en los próximos cuatro años, el coste, al final del periodo, en el año 2026, podrá suponer un gasto extraordinario en torno a los 15.000 millones de euros en la nómina anual.
El problema para el futuro del sistema es que llueve sobre mojado sobre el sistema público de pensiones y su futura sostenibilidad. A finales del pasado año y sobre la base de la ley que aprobó su revalorización de las pensiones teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios de Consumo en los últimos doce meses anteriores, el Gobierno acordó una subida de todas las pensiones de al menos el 8,5%, exactamente el incremento medio de los precios entre los meses de diciembre de 2021 y noviembre de 2022, que ha encarecido la nómina mensual en 979 millones de euros, o lo que es igual, la encarecerá en 13.706 millones en 2023 y en los siguientes años.
Cuando Sánchez llegó a La Moncloa, en junio de 2018, el coste de la nómina mensual de las pensiones contributivas estaba en 9.317 millones de euros; en febrero pasado, último dato conocido, ha subido a 11.922 millones de euros. Todo apunta a que en los meses de verano se superen los 12.000 millones, teniendo en cuenta que cada año hay que pagar entre 80.000 y 100.000 pensiones más por la entrada en el sistema de nuevos perceptores.
Quién financia la reforma
José Luis Escrivá ha calificado la reforma de "perfectamente asumible para el sistema económico", que no pone en cuestión la competitividad de las empresas españolas. "Es un ajuste modesto porque el sistema es ya bastante sólido", "sólo hay que reforzarlo un poquito más", y "en ningún caso pone en riesgo el extraordinario buen funcionamiento del mercado de trabajo", son afirmaciones que han salido del ministro. Por eso ha acompañado la reforma con el incremento de las bases máximas de cotización, un nuevo recargo extraordinario (cuota de solidaridad lo prefiere llamar el Ministerio) a las nóminas más altas, más porcentaje del Mecanismo de Equidad Intergeneracional…
Tomando como referencia la pensión mínima de un perceptor con cónyuge a cargo, 966 euros mensuales, en España más de 2,63 millones de pensiones de jubilación están por debajo de ese umbral, lo que supone el 41,77% del total. La mayor concentración se da en los 700 y 750 euros: más de 610.000 pensiones de jubilación, el 9,64% del total del sistema.
En el caso de las pensiones de viudedad, hay más de 1,323 millones de pensiones por debajo de 783 euros mensuales, la cantidad que corresponde a un perceptor sin cónyuge. Son el 56,33% del total de esta categoría. Hay más de 433.000 pensiones, el 18,44% del total de viudedad que cobran entre 750 y 800 euros al mes.
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