Aún se conocen pocos detalles de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que ha aprobado el Gobierno este martes y enviará a la Comisión Europea en las próximas horas. Todo lo que se sabe lo ha desvelado el propio Ejecutivo. El nuevo documento, que consta de unas 190 páginas con nuevos hitos y objetivos que deberá ejecutar el próximo Ejecutivo que salga de las urnas el 23 de julio, incluye inversiones, pero también 18 nuevas reformas.
"Hay 18 reformas estructurales adicionales. Están sobre todo ligadas a la respuesta que ha hecho el Gobierno a la nueva situación generada por la guerra en Ucrania", orientadas al "ámbito energético y también al cambio climático", explicó este martes el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, en un encuentro informativo con la prensa.
Como ejemplo concreto, el secretario de Estado mencionó únicamente la reforma del precio de venta al pequeño consumidor de la tarifa regulada de la luz, que Bruselas exigió en mayo del año pasado para aprobar la excepción ibérica y que enfila los últimos trámites para su aprobación.
Economía ha trasladado que todas estas nuevas reformas "van en la línea de las recomendaciones de la Unión Europea y son complementarias de las ya realizadas en la primera fase del Plan". "Completan todo el programa de reformas estructurales ya prácticamente completado a tenor de la evaluación de la Comisión Europea de 121 hitos y objetivos para los tres primeros pagos", añadió el secretario de Estado.
Las nuevas reformas que se incluyen en el nuevo documento y deberá implementar ya el próximo Ejecutivo se sumarán a las que ya se habían comprometido en el Plan original y se han pospuesto por el impacto de la guerra, entre las que destaca la reforma fiscal, sobre la que el Gobierno evita hacer comentarios. Tampoco han querido detallar si se incluirán medidas adicionales en materia de pensiones.
95.000 millones de euros en juego
De los casi 95.000 millones que España tenía pendiente comprometer con Bruselas, 7.700 millones llegarán en forma de transferencias adicionales (dinero que España no tiene que devolver y que se suma a los 69.000 millones que ya estaban comprometidos) y 84.000 millones de euros en préstamos, a los que se unirán los casi 2.600 millones del nuevo mecanismo REpowerEU, que también se deben justificar en la adenda.
En la primera parte del Plan de Recuperación, España ya había comprometido 69.500 millones en forma de transferencias no reembolsables, de los que por el momento ha recibido 37.000 millones. Los préstamos procedentes de la Comisión Europea dan acceso a una financiación sostenida a un menor tipo de interés que la obtenida por el Tesoro Público y con plazos largos de amortización.
El Gobierno ha aclarado que las transferencias extraordinarias y una parte importante de los préstamos irán dedicadas a reforzar los 12 Proyectos Estratégicos, los denominados PERTE. También se canalizarán los préstamos a través de distintos fondos gestionados, entre otros, por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Calviño presentó el proyecto de la adenda ya en diciembre, pero ha ido retrasando el envío a Bruselas, lo que le ha permitido incluir en ella algunas medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez antes de las autonómicas, como los 4.000 millones del ICO para desarrollo de viviendas asequibles. El límite legal marcado por la Comisión Europea para la presentación del Plan modificado era el 31 de agosto.
Calviño ha calificado el envío de la adenda a un mes de las elecciones generales como un acto de "responsabilidad", pues sólo si Bruselas hubiera reformado el reglamento y dado más margen ante tal contexto político, el Gobierno podría haber esperado y haber dejado la tarea de diseñar el nuevo Plan al siguiente Ejecutivo.
Sin embargo, sí podría haber negociado la adenda con la oposición. Frente al diálogo con todos los agentes implicados que asegura Calviño que han mantenido en la elaboración de esta adenda, desde el PP denuncian que desconocen las inversiones y reformas incluidas en dicho documento.
En todo caso, ahora la Comisión Europea cuenta con un plazo de dos meses (con posibilidad de ampliarlo si así se negocia con el Estado miembro) para aprobar el nuevo Plan de España, un tiempo en el que, según Calviño, el próximo Ejecutivo tendría algo de margen para hacer modificaciones, pero en todo caso un plazo limitado.
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