La inversión pública se ha convertido en la moneda de cambio entre el Gobierno y sus socios independentistas en Cataluña. Es el resultado de la factura al Estado de la ralentización del procés, iniciado con el referéndum en 2017, y en particular de los apoyos parlamentarios de los partidos catalanes, que siguen apostando por la autodeterminación, a la hora de aprobar las leyes del Gobierno en las Cortes y en concreto los Presupuestos Generales del Estado. Según los datos de la Intervención General del Estado, Sánchez ha aumentado en más de un 30% el dinero del Estado destinado a obras e infraestructuras de todo tipo en esta región en los últimos cuatro años respecto a las asignaciones de Mariano Rajoy en los cuatro ejercicios anteriores.
Las partidas se han activado en 2022, en pleno debate sobre la amnistía y la supresión de los delitos de sedición o malversación, ya que la inversión estatal se ha incrementado un 456% en los primeros meses del año mientras que para conseguir los apoyos necesarios a los Presupuestos Generales de 2023, el año de la desaceleración económica, el Ejecutivo de Sánchez ha avanzado que realizará el mayor gasto público en Cataluña: 2.509 millones iniciales (más otros 900 millones obtenidos a última hora en el debate parlamentario). Representa el 17% de la inversión del Estado regionalizable, mientras que Madrid sólo acaparará el 10%.
Desde 2015, cuando la economía empezó a tener resultados positivos, hasta 2018 (año en que Mariano Rajoy dejó La Moncloa tras una moción de censura del PSOE en junio), el Gobierno del PP invirtió 3.100 millones en Cataluña (obligaciones reconocidas de pago e inversiones reales), aunque los créditos iniciales superaban los 4.600 millones. El gasto ejecutado fue, por tanto, del 67%. La partida más numerosa fue la de las inversiones de las empresas públicas y fundaciones, que alcanzaron los 2.100 millones (sus gastos se computan como activos financieros y no aparecen contabilizados en el déficit). Mientras, el gasto de la Administración General del Estado (AGE) y de los organismos autónomos de los ministerios fue de unos 880 millones y a casi 110 millones ascendió el coste de los organismos del sector público administrativo.
Según se desprende de las cifras oficiales, en 2017, año en que se celebró el referéndum en octubre, el PP realizó un esfuerzo inversor importante para evitar la consulta ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia. Es precisamente en ese año cuando más dinero gastó el Estado en las infraestructuras de esta región. Alcanzó los 973 millones en su conjunto (casi el 90% de los créditos iniciales) con especial incidencia en la ejecución en empresas públicas como Puertos del Estado o Adif y, por ejemplo, las obligaciones reconocidas de inversión de los organismos de los ministerios tuvieron un repunte del 8.219% (como consecuencia del alza en la Agencia Estatal del CSIC y de la Confederación Hidrográfica del Ebro).
Sin embargo, en 2018 (a Sánchez no le dio tiempo a hacer nada en ese año tras su llegada a La Moncloa durante el verano), una vez activado el procés, el gasto total se quedó en 757 millones (un 22% menos que en 2017) frente a los 1.312 millones previstos inicialmente. Es decir, la ejecución de este gasto se quedó en el 57% posiblemente como 'castigo político' al referéndum. Mientras, en estos cuatro ejercicios, los créditos definitivos para este gasto en Madrid superaron los 4.300 millones frente a un crédito inicial de 3.700 millones; es decir, la ejecución presupuestaria alcanzó el 116%.
Sin embargo, no hay que olvidar que es en esta comunidad donde se concentra una gran parte de las inversiones públicas ya que aquí se encuentran radicados los ministerios y la capital del Estado. Además, tras el referéndum independentista y la huida de las sedes de las empresas en Cataluña a otras regiones y en particular a Madrid, la economía madrileña desbancó a esa autonomía del primer lugar del ranking del PIB regional. Esos más de 3.000 millones invertidos en este periodo en Cataluña representaron el 8% del gasto total del Estado en toda España mientras que en Madrid se acercó al 11%.
El Ejecutivo de Sánchez realizará el mayor gasto público en Cataluña: 2.509 millones iniciales, más otros 900 millones obtenidos a última hora en el debate parlamentario
Los distintos gobiernos catalanes han reivindicado permanentemente que la inversión debería alcanzar el porcentaje de PIB que representa su economía en la nacional (en torno al 19% mientras Madrid supera el 20%) como figura en su Estatuto de autonomía. Incluso, la ministra de Hacienda Montero ha vuelto a mencionarlo ahora en el debate presupuestario justificando el nuevo repunte inversor anunciado para 2023. Sin embargo, los políticos catalanes y el Gobierno del PSOE olvidan que el Tribunal Constitucional liberó al Gobierno Central de tal obligación en la sentencia en que enmendó la Ley de autonomía de esta región.
En cuanto al mandato de Sánchez, según los datos de la Intervención General del Estado (IGAE), entre 2019 (primer año completo en La Moncloa) y junio de 2022 (últimos datos disponibles), el Gobierno del PSOE ha destinado a inversiones públicas en Cataluña cerca de 4.000 millones. Pero, la cifra será sensiblemente superior a fin de año, ya que en los últimos meses de cada ejercicio es cuando se activan estas partidas y superará con creces ese 30% de aumento durante estos ejercicios (podría superar el 35%). De 2019 y 2020, años en que el Gobierno se vio obligado a prorrogar los Presupuestos ante la imposibilidad de aprobar unos nuevos, no existe información sobre los créditos iniciales para Cataluña y el resto de autonomías. Pero sí se facilita el dato de las obligaciones reconocidas de gasto y de las inversiones reales definitivas.
Crecimiento exponencial en Cataluña
En este sentido, durante estos cuatro años de los gobiernos presididos por Sánchez, la inversión real del Estado en Cataluña ha ido creciendo exponencialmente, salvo en 2021 que bajó un 18% (posiblemente para encajar las cifra del déficit público estatal). En 2022 se ha disparado en la primera parte del año gracias al pago que ha realizado el Ejecutivo a Abertis de 1.100 millones por la reversión de los tramos catalanes en la AP-7 y AP-2 y la compensación por la finalización de la concesión así como por los menores ingresos que obtuvo la compañía en la crisis después de invertir en esta comunidad en la construcción de un tercer carril.
Sin contar otras inversiones que no se consideran regionalizables, los ministerios (AGE) y sus organismos autónomos han gastado directamente en estos cuatro últimos años casi 1.700 millones mientras que el sector público administrativo ha alcanzado los 146 millones y las empresas públicas han superado los 2.100 millones. Madrid, por su parte, ha alcanzado los 4.900 millones totales en este periodo (más de la mitad corresponde a los ministerios), pero la inversión de las empresas públicas es la comunidad madrileña es un 5% inferior a la realizada en Cataluña. En todo caso, con la información disponible en la actualidad sale, por ejemplo, que en lo que va de 2022 respecto a 2017 (con Rajoy en La Moncloa) la inversión pública global en Cataluña ha crecido un 46% mientras que en Madrid ha descendido un 47%.
La partida estatal destinada a Cataluña en 2023 representa el 17% de la inversión regionalizable, mientras que Madrid sólo acaparará el 10%
Según el último informe de la IGAE remitido a las Cortes, los créditos definitivos destinados a inversión pública de los ministerios en Cataluña en la primera parte de 2022 han alcanzado los 1.500 millones frente a los 205 millones de Madrid. Lo que supone ese incremento de las obligaciones reconocidas de gasto (un instrumento utilizado para aumentar las partidas no presupuestadas inicialmente) del 456% del presupuesto en Cataluña a través del ministerio de Transportes. Mientras, en Madrid la ejecución del gasto en 2022 crece un 102% en este periodo, pero en Andalucía llega al 23% y en Murcia se queda en el 8%.
Llama la atención también el repunte de las inversiones del 6.805% en Navarra (comunidad gobernada por el PSOE con el apoyo también de Geroa Bai y Podemos así como de Bildu), que dispone de unas obligaciones reconocidas de más de 6,8 millones del ministerio de Transición Ecológica frente a los 100.000 euros previstos inicialmente. En el capítulo de inversiones de las empresas públicas, de momento, a la espera de la ejecución de fin de año, se sitúa en poco más del 13% de los créditos iniciales en Cataluña (de casi 2.000 millones) mientras que en Madrid alcanza en el primer semestre el 34% de los 677 millones previstos a fin de ejercicio y, por ejemplo, en Navarra llega al 51%.
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