Al Gobierno ya no le corre prisa aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020 que pongan fin a la andadura de los de Cristóbal Montoro, los más longevos de la democracia. Su nuevo objetivo es que estén aprobados "antes de que acabe el verano", según señaló el lunes el presidente, Pedro Sánchez, durante su entrevista en el informativo de TVE.
La premura con la que el Gobierno debía ser formado -que justificó las sesiones de investidura en la recta final de la Navidad- se asociaba entonces a la voluntad del Ejecutivo de sacar adelante unos nuevos presupuestos en el primer trimestre, pero esa prisa ha sido abandonada. Ahora, el Ejecutivo renegociará una nueva senda de consolidación fiscal y techo de gasto con Bruselas, después preparará el proyecto de Presupuestos, intentará recabar los apoyos políticos suficientes y, por último, lo llevará al Parlamento.
Con suerte, las cuentas podrían estar en vigor en el último trimestre del año y esto supone un problema: mientras que las medidas que suponen un incremento del gasto público (algunas ya aprobadas, como la revalorización del 0,9% de las pensiones o la subida del 2% en el sueldo de los empleados públicos) están operativas todo el año, las medidas para subir los ingresos sólo funcionarán tres meses.
Esas dos medidas de gasto ya aprobadas suponen solas un gasto de casi 5.000 millones de euros (0,4% del PIB), a las que habrá que sumar otras potenciales medidas que el Ejecutivo saque adelante en los próximos meses y que podrían engordar más aún esta cuenta. Los incrementos del gasto normalmente se financian con incrementos de ingresos que permitan cuadrar las cuentas, por ejemplo subidas de impuestos, pero éstas se enmarcan en la elaboración de los Presupuestos.
Si al retraso en su entrada en vigor se une que las previsiones de ingresos del Gobierno -con los impuestos previstos en el proyecto de PGE de 2019- estaban infladas, según los expertos, es factible pensar que las cuentas no cuadrarán.
Más tiempo para negociar con ERC y otros partidos
Esta es una de las razones por las que el Ejecutivo ha preferido intentar flexibilizar la senda de déficit pactada con Bruselas y abandonar el compromiso de tener una reducción "ambiciosa" del déficit público. En el programa de estabilidad 2019-2022 prometían a Bruselas que el déficit cerraría en el 2% del PIB en 2019 y bajaría hasta el 1,1% en 2020, un objetivo que ahora era les parece excesivo.
Para argumentar el motivo de pedir un déficit más laxo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, argumenta que si la reducción es muy brusca se pondrá en riesgo la creación de empleo y el crecimiento, pero la realidad es que Sánchez necesita unos objetivos más flexibles para poder hacer concesiones a todos los partidos políticos a los que tiene que seducir para sacar adelante sus cuentas: desde su socio de Gobierno (Unidas Podemos), hasta el PNV pasando por ERC, partido que por cierto no le garantizado aún su apoyo.
Este último detalle podría ser clave también para que el Ejecutivo haya decidido dilatar el proceso y retrasar el momento de la verdad: demostrar que es capaz de aprobar unos presupuestos que hace un año fue incapaz de sacar adelante, lo que le obligó a convocar elecciones.
El desgaste político de sufrir un fracaso de ese calibre al poco de formar Gobierno podría ser razón suficiente para posponer las negociaciones y para pensar ya en preparar las cuentas de 2021, un año para el que las proyecciones económicas son más optimistas en cuanto a crecimiento del PIB, creación de empleo, etcétera.
Cumplir con el calendario europeo
Retrasar hasta el final del verano la aprobación de las cuentas supone, además, que al Ejecutivo se le acumulará el trabajo ya que una vez pactados los objetivos con la Comisión Europea en junio, los gobiernos soberanos europeos preparan sus proyectos y envían a Bruselas en otoño sus cuentas para el año siguiente.
Mientras en el Congreso se aprueban con suerte los PGE de 2020, el Gobierno debería estar enviando sus cuentas de 2021 a Bruselas.
Estas razones podrían justificar que al presidente le compense seguir gobernando con las cuentas de Rajoy, a las que puede ponerle sus "parches" sociales vía real decreto-ley y cumplir así algunas de sus promesas electorales, mientras negocia -con menos prisa- qué cesiones hace a cada partido para poder sacar adelante las cuentas de 2021.
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