A las 13.22 horas de este miércoles se ha activado el reloj electoral. Tras la primera votación en la que el Congreso ha rechazado a Alberto Núñez Feijóo, si ningún candidato logra ser investido antes del 27 de noviembre, el 14 de enero se celebrarán elecciones generales. El Gobierno está reactivando en septiembre las campañas de publicidad institucional que quedaron en suspenso con las elecciones y lo está haciendo a pesar de estar en funciones, con una sesión de investidura en el horizonte y con la posibilidad de que haya comicios.
En este escenario llama la atención la campaña del Ministerio de Yolanda Díaz Trabajo decente, con un presupuesto de 345.000 euros que ha ganado Media Sapiens y que se prevé que se difunda entre el 9 de septiembre y hasta el 15 de octubre.
En los últimos días, diarios de tirada nacional como El País y El Mundo están publicando anuncios de una página con el lema "Es un Derecho" para publicitar la reforma laboral de Díaz.
"Hacía mucho que no dormía del tirón", dice en uno de ellos una empleada de hostelería. En la parte inferior se asegura que "los contratos fijos discontinuos se podrán realizar para trabajos estacionales o actividades de temporada. Tienen las mismas garantías que un contrato indefinido".
Este anuncio trata uno de los efectos más controvertidos de la reforma laboral, el peso que han adquirido los fijos discontinuos por ser el cajón al que han ido los contratos temporales y el importante número que están alcanzando, sin que se conozca cuántos no están trabajando y a pesar de ello no engrosan las cifras del paro.
El Ministerio se comprometió en enero a publicar el número de trabajadores en esta situación, pero sigue sin desvelar las cifras. En una respuesta parlamentaria, el Gobierno notificó en marzo la existencia de 443.078 fijos discontinuos inactivos que no figuran en el paro registrado.
En otro anuncio a página entera, un trabajador de un supermercado traslada: "Tenía uno nuevo cada mes". "No se podrán encadenar contratos temporales que no estén justificados", reza la explicación.
Sin embargo, el número de personas con contrato temporal ha crecido en el segundo trimestre en 102.100, cuando se trata de un parámetro que caía desde finales de 2021. En agosto, la duración media de los contratos laborales se ha reducido y se ha situado por debajo de 40 días, en 38,11.
La campaña del Ministerio de Trabajo se prevé que se difunda también en medios digitales, radio y publicidad exterior. El pliego del contrato se firmó el 16 de mayo, según ha podido constatar Vozpópuli, poco antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y de que el 29 de mayo Pedro Sánchez convocara elecciones generales para el 23-J y disolviera las Cortes.
No es la primera vez que Yolanda Díaz lanza una campaña institucional para vender las bondades de la reforma laboral. Ya lo hizo en diciembre, con una campaña sobre el aumento de la contratación indefinida que costó 55.000 euros. Ahora, se suma el hecho de que el Gobierno esta en funciones.
El objetivo y contenido de estas campañas se sitúa en los límites o, incluso, plantea dudas de si va más allá de lo que permite la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.
"La dualidad entre la naturaleza política y ejecutiva de la acción gubernamental debe mantenerse en esferas comunicativas separadas. La valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que, ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común, emprende la Administración para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que desarrolla", plantea la Exposición de Motivos de la norma.
"Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del Gobierno, a través de campañas institucionales, desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas. La publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos", añade.
En este sentido, el preámbulo advierte de que "la utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del Gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve".
"No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados" por el Gobierno, reza el artículo 4 de la ley.
La norma prohíbe realizar campañas institucionales en período electoral, entendiendo por tal el lapso temporal comprendido entre la convocatoria de elecciones y el día mismo de la votación. Una vez que ha pasado este periodo, el Gobierno está reactivando la publicidad institucional a pesar de estar en funciones.
Con campañas como Nuestra costa, una gran defensa frente a los efectos del cambio climático, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, con un presupuesto para medios de 800.000 euros, que gestionará la agencia Media Diamond.
A su vez, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) han lanzado la campaña "Algo está cambiando", "cuando la energía que consumimos viene de nuestro propio edificio", en la que se asegura que "gracias a muchos pequeños cambios estamos transformando la energía de todo un país".
La Vicepresidencia Primera del Gobierno publicita en los últimos días la Agenda España Digital 2026 en unos anuncios en los que debe reseñar que el proyecto está financiado por la Unión Europea en el marco de los fondos Next Generation EU.
La Administración General del Estado es el mayor anunciante de España. Para 2023, las previsiones del Gobierno es que la inversión en publicidad institucional llegue a los 145 millones de euros, la segunda cifra más alta en los últimos 11 años. Ya se han aprobado seis nuevas campañas como contratación anticipada para el año 2024 por 25.217.507 euros.
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