Economía

Sánchez quiere pagar el gasoducto 'BarMar' con el impuestazo a las energéticas

Los cambios que ha introducido en la proposición de ley apuntan a que la recaudación se utilizará, entre otras cosas, para los “proyectos energéticos con una dimensión transfronteriza”

Pedro Sánchez planea utilizar los 2.000 millones de euros que pretende recaudar con el impuesto a las energéticas para financiar el gasoducto marino con Francia. El denominado ‘BarMar’. Las enmiendas que han introducido el Grupo Socialista y Unidas Podemos a su propia proposición de ley que crea una nueva tasa para la banca y el sector energético se destinarán, entre otras cosas, para “proyectos con una dimensión transfronteriza”.

El rendimiento de la prestación se ingresará en el Tesoro Público y se utilizará para cualquiera de los siguientes fines (...) medidas de apoyo financiero para desarrollar la autonomía energética, en particular inversiones en consonancia con los objetivos de REPowerEU establecidos en el Plan REPowerEU y en la Acción conjunta europea REPowerEU, tal como proyectos con una dimensión transfronteriza”, explica el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli. 

El gran proyecto transfronterizo que tiene Sánchez encima de la mesa es el ‘BarMar’, una tubería nueva submarina que sustituye el Midcat y pretende conectar a Barcelona con Marsella. El próximo 9 de diciembre se volverán a reunir los presidentes de España, Francia y Portugal para hablar de cómo se construye y quién lo paga. Pedro Sánchez pondrá encima de la mesa con sus socios que tiene esta alternativa. 

Los Grupos Socialista y de Podemos han registrado este jueves sus enmiendas a la proposición de ley al ya denominado ‘impuestazo’. El plazo de las enmiendas parciales acababa este jueves y desde Hacienda confirmaban que no se iba a prorrogar. La próxima semana se espera que se vote en el Congreso estas modificaciones y, si el Senado no lo impide, esta tasa estará preparada antes de que cierre el año. 

La medida que lidera Pedro Sánchez contempla otros cuatro usos para esta “prestación”. Los 2.000 millones también se abren para pagar el apoyo financiero a los clientes finales de energía, especialmente a los hogares vulnerables, “para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía, de manera específica”, comenta esta enmienda. Esta intención finalista de su  “impuestazo” recoge la petición de Bruselas de que la recaudación no se difumine entre las arcas del Estado. 

Sánchez valora subastas para reducir el consumo

Sánchez quiere dejar claro en la proposición de ley que retirarle un 1,2% de los ingresos a las grandes energéticas durante los dos próximos años tiene como objetivo contribuir a la reducción del consumo de energía.

Las opciones que abren es, por ejemplo, la creación de subastas o sistemas de licitación de reducción de la demanda, a la disminución de los costes de compra de energía de los clientes finales de energía para determinados volúmenes de consumo, y al fomento de las inversiones de los clientes finales de energía en energías renovables, inversiones estructurales en eficiencia energética u otras tecnologías de descarbonización.

El otro objetivo para recibir los 2.000 millones entre 2023 y 2024 de las arcas de las energéticas es para las empresas de sectores de gran consumo de energía. Una contribución que el Grupo Socialista y Unidas Podemos quieren supeditar a inversiones en energías renovables, eficiencia energética u otras tecnologías de descarbonización.

Por último, esta “prestación” abre la puerta a pagar medidas para reducir los efectos perjudiciales de la crisis energética, incluidos el apoyo a la protección del empleo y el reciclaje y el perfeccionamiento profesional de la población activa. O, de nuevo, para fomentar inversiones en eficiencia energética y energías renovables, incluidos los proyectos transfronterizos.

El impuestazo se insiste en que es "temporal". Arranca el 1 de enero de los años 2023 y 2024, debiéndose satisfacer durante los primeros veinte días naturales del mes de septiembre de dicho año respectivo. El importe a pagar será el resultado de aplicar al importe neto de la cifra de negocios del obligado el porcentaje del 1,2%. "Si dicho obligado formara parte de un grupo fiscal que tribute en régimen de consolidación, el porcentaje anterior se aplicará sobre el importe neto de la cifra de negocios de dicho grupo fiscal", matiza.

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