Un impuesto a la banca, al que se suma el de las energéticas ya anunciado, y alusiones a potenciales impuestos específicos al Ibex. El plato fuerte de Pedro Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación ha cogido a sus socios con el pie cambiado -a pesar de que se veía un giro a la izquierda desde el fiasco de las andaluzas- y marca la estrategia del ala socialista del Gobierno para resistir los próximos meses, al menos hasta las campañas electorales de autonómicas y municipales de 28 de mayo de 2023. Aquí, Sánchez volverá a enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso, cuando falten, si sigue el guion, seis meses para las elecciones generales.
Estos anuncios se inspiran en la reforma fiscal que postula Podemos, en la que se aparcan las subidas de impuestos verdes que se pactaron con Bruselas. Se anuncia un impuesto a la banca del que los morados ya ni hablaban y se viste el diseño, incipiente, justo con el más avanzado a las energéticas, endurecido para que las empresas no puedan sortearlos.
Los nuevos impuestos llevarán un mecanismo que intentará evitar que sean repercutidos a los consumidores, como avanzó Vozpópuli el martes. A lo que se añade que no podrán deducirse en el Impuesto sobre Sociedades, en contra de lo que prevé el ordenamiento jurídico.
A esto se suma un impuesto al resto de empresas del Ibex que ha anunciado Yolanda Díaz y ha sugerido el propio Sánchez. Podemos ya reclama un impuesto a los grandes supermercados, a los que señalan entre los grandes beneficiarios del aumento de la inflación. Su idea es que estos recursos sirvan para financiar cheques alimentarios para ayudar a las familias a paliar la subida de la cesta de la compra.
Y preparan sus exigencias de cara a la negociación de Presupuestos, a saber: más subidas del IRPF las rentas altas, un impuesto a grandes fortunas, y que el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades se aplique para el total de los beneficios.
Este escenario contrasta con el que venía pintando el Gobierno en los últimos meses. Ya desde el otoño de 2021, cuando los expertos que han asesorado a Hacienda estaban preparando su informe, expertos, fiscalistas o el propio PP dudaban de que la reforma fiscal fuera más lejos de las consignas políticas y llegara a ejecutarse al coincidir con año electoral. Lo mismo respecto a la reforma de la financiación autónoma, relacionada con ésta pero más compleja.
Ya con el alza del IPC y de los precios de la energía, en noviembre de 2021, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, planteó que la subida del diésel prometida a Bruselas estaba en duda. El 3 de marzo, una semana después de que Rusia invadiera Ucrania, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo justo antes de que el comité de expertos le entregara su propuesta de reforma fiscal: "No va a haber subidas de impuestos en el corto plazo".
El 29 de abril, el Gobierno remitió a Bruselas el Programa de Estabilidad, en el que pedía margen para aplazar la reforma fiscal hasta después de las elecciones. Se encomendaba a que siguieran las reglas fiscales suspendidas, como más tarde se confirmó, y presentó a la Comisión Europea una ruta fiscal sin subidas de impuestos hasta 2025.
El viraje de Sánchez en abril de 2021
Este escenario queda desterrado para los próximos meses, al menos hasta abril de 2023, cuando se acerque la campaña de autonómicas y municipales. Cabe recordar que cuando se convocaron por sorpresa elecciones a la Comunidad de Madrid en abril de 2021, el Gobierno pasó de anunciar subidas de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones e impuestos verdes en la presentación de los expertos y de registrar poco antes una subida de impuestos de 3.600 millones de euros en la Asamblea de Madrid junto con Más Madrid, a negar que planeara subir ninguno.
De momento, el Gobierno negocia con una Comisión Europea que hace la vista gorda por ahora a la parálisis de las subidas de impuestos verdes comprometidas o a la falta de sostenibilidad de la reforma de las pensiones.
Sin embargo, las dificultades financieras y el recrudecimiento de la crisis que se esperan en otoño podrían alterar este panorama con nuevas condicionalidades por parte de Bruselas y el BCE.
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