El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que el país se enfrentará en el futuro a restricciones presupuestarias derivadas del abultado déficit público registrado a cierre de 2020 (del 10,1% del PIB), de ahí que haya prometido un ejercicio continuo de evaluación de las políticas públicas para mejorar la eficiencia del gasto.
"Vamos a llevar a cabo una modernización de las Administraciones Públicas y un autoanálisis y evaluación tanto ex ante (previa) como ex post (posterior) de las políticas públicas, ya que en el futuro nos vamos a encontrar con una restricción presupuestaria", ha admitido el presidente en la inauguración del foro Wake Up! Spain del diario El Español.
Sánchez ha hecho alusión así a la presión de Bruselas para que el Gobierno se comprometa a reforzar el trabajo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que en los últimos años ha estado estudiando la eficiencia de las políticas públicas en el marco del Spending Review.
Como ya adelantó Vozpópuli, el Ejecutivo se ha comprometido con la Comisión Europea a continuar con estos trabajos durante otro trienio, ante la presión de las instituciones europeas para que esta institución aporte recomendaciones para mejorar la eficiencia del gasto público.
Después de cerrar 2020 con un déficit público en máximos históricos, del 11% del PIB si se tiene en cuenta el impacto de la Sareb, el Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo de contención en los próximos años para intentar contener este desfase presupuestario de más de 110.000 millones de euros.
El miércoles se presenta el plan de reformas
Sánchez ha aprovechado su intervención en este foro para adelantar también que este martes presentará en el Consejo de Ministros el plan definitivo que remitirá a Bruselas para acceder a los fondos europeos -de los que a España le corresponden finalmente 150.000 millones de euros-, y que el miércoles lo expondrá en el Congreso de los Diputados.
El plan resume los cuatro ejes de transformación que impregnarán todos los proyectos (transformación digital, transformación ecológica, cohesión territorial e igualdad de género), a continuación detalla 10 políticas palanca sobre las que actuar y finalmente señala los 30 componentes concretos en los que se harán inversiones y reformas.
Entre ellos, el presidente ha destacado la voluntad de modernizar el sistema educativo y la Formación Profesional, impulsar la movilidad sostenible, la automoción, revertir la despoblación (se ha aprobado ya destinar 600 millones de de euros al reto demográfico), conservar la biodiversidad, digitalizar pymes y transformar el mercado laboral.
También se utilizará el plan para rehabilitar viviendas, mejorar la competitividad de la industria turística, modernizar la Administración, o revitalizar la industria de la cultura y el deporte. El plan incluirá 212 medidas, de las que 110 serán inversiones y 102 reformas.
Sánchez vuelve a prometer 800.000 empleos
Con este plan, el Gobierno espera que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) aumente en dos puntos cada año a partir de 2021, seis décimas menos de lo que había previsto cuando presentó sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año, en los que ha contabilizado el desembolso de 27.000 millones con cargo a los fondos europeos.
Sin embargo, los retrasos en el envío definitivo del plan a Bruselas y la peor evolución de la pandemia complicarán la ejecución total de estos fondos y recortarán el crecimiento de PIB para este ejercicio.
El Gobierno preveía un crecimiento del 7,2% en 2021 que podría llegar al 9,8% con una plena ejecución de los fondos, pero la semana pasada se vio obligado a recortar su previsión hasta el 6,5%, una estimación aún más optimista que la de otras instituciones o casas de análisis.
Reforma laboral y de pensiones
La parte más polémica del plan es el compromiso de llevar a cabo reformas estructurales en ámbitos como el mercado laboral o el de pensiones, en los que el Gobierno puede tener dificultad para conseguir consensos en el Parlamento.
Sánchez ha adelantado que su reforma laboral, a la que ha denominado "actualización de la normativa laboral", consolidará el sistema de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y simplificará los tipos de contratos.
No ha dado más detalles sobre estas reformas, pero según ha adelantado este lunes El País y ha recogido este medio, no serán demasiado ambiciosas, ya que el Ejecutivo ha conseguido pactar con Bruselas reformas muy moderadas hasta que se consigan acuerdos en el seno del diálogo social, en la Comisión del Pacto de Toledo -en el caso de las pensiones- y con el resto de partidos políticos.
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