La relación directa de Rusia y su servicio secreto con Junts y la colaboración de Vladímir Putin en el golpe independentista de 2017 suponen un problema para el Gobierno de Pedro Sánchez, que le llevó a destituir a la directora del CNI, Paz Esteban, en mayo de 2022. Se daba la contradicción de que los socios de Sánchez son prorrusos y el CNI descubrió y neutralizó durante el desafío del 1-O en Cataluña gran parte de los ataques de guerra psicológica de las granjas de bots gracias al Centro Criptológico Nacional.
Una cercanía de Junts con Rusia sobre la que desde la invasión de Ucrania se intenta echar tierra.
Pero es que además en la defensa del Estado ante el desafío independentista y las actividades de Tsunami Democràtic, el CNI accedió a los móviles de políticos, empresarios y activistas independentistas, lo que hizo con auto judicial de autorización, subrayaba entonces el Gobierno. Esta vigilancia abrió una crisis en la primavera de 2022 que amenazó la gobernabilidad, con ERC amagando con votar en contra de Decretos anticrisis y dejar caer al Ejecutivo.
"De momento, pídale el teléfono al señor Casero", le espetó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a Pedro Sánchez, al inicio de una sesión de control, en plena indignación de Pere Aragonès. Bildu avisaba: "No queremos que el Gobierno se vaya a pique… pero están tardando en tomar medidas contundentes".
El Gobierno nombró a Paz Esteban directora del CNI el 31 de enero de 2020, aunque ya ejercía como responsable de este organismo clave para la seguridad nacional de forma interina en sustitución de Félix Sanz Roldán, del que fue mano derecha, cuando éste se retiró en julio de 2019, tras 10 años de mandato.
Sanz Roldán estuvo al frente del CNI durante los Gobiernos de Mariano Rajoy y además de su trabajo de inteligencia durante el 1-O, desde Junts se le acusaba de estar detrás de los atentados islamistas de la Rambla de Barcelona y Cambrils, que en el entorno de los posconvergentes se consideran una "operación de castigo a Cataluña orquestada por las cloacas del Estado".
Los problemas del Gobierno de Sánchez con sus socios en la primavera de 2022 se debían a sus acciones en defensa del Estado de Derecho contra el desafío soberanista condenado en los tribunales. Este conflicto siguen coleando, a la espera de que la amnistía lo borre. Ahora mismo, el Ejecutivo socialista batalla para que así sea, en la posición opuesta a la que tenía Margarita Robles entonces.
"¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?", preguntaba Robles a la diputada de la CUP Mireia Vehí en la sesión de control del Congreso el 27 de abril de 2022 sobre el caso Pegasus.
La ministra señaló entonces que a la CUP le venía "muy bien ahora aparecer como víctimas, pero nunca les he visto defender los principios básicos del Estado de Derecho ni los derechos y libertades de todos, absolutamente todos los ciudadanos".
Robles insistió en que el CNI trabaja siempre bajo un escrupuloso respeto a la legalidad y que no se espiaba a nadie por sus ideas, por ser independentista. Trece días más tarde, el Gobierno destituía a Paz Esteban, a la que Robles defendió hasta el último minuto.
La defensa del Estado y del CNI era precisamente que buscaban desentrañar a Tsunami Democràtic y la injerencia rusa, una vigilancia ortodoxa para un Estado de la que el Gobierno de Sánchez se empieza a desvincular cuando destituye a la directora del CNI. Una destitución que se produjo poco después de que Esteban compareciera en la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso para dar cuenta de todo esto a puerta cerrada.
El Estado escuchaba al entorno de sus socios, que quería atentar contra el Estado. Unos socios a los que ahora el Gobierno quiere amnistiar. La injerencia rusa en el procés y su relación con Junts incomoda especialmente al ala socialista del Ejecutivo, firme defensora de Ucrania, y puede suponer otro problema añadido para la ley de amnistía ante una Comisión Europea comprometida con Ucrania, con sanciones a Rusia y anti Putin.
La Operación Voloh, el desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al procés y para financiar los gastos del Carles Puigdemont en Waterloo, así como la trama rusa, las conexiones del separatismo con Rusia siguen siendo investigadas ahora mismo por el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.
Las actividades posiblemente terroristas de Tsunami Democràtic, por Manuel García-Castellón, contra el que apuntan el Gobierno y sus socios.
La injerencia rusa y la actividad de Tsunami, en tiempo de descuento
Un grupo de allegados de Puigdemont con conexiones con el Gobierno de Putin también estarían vinculados a la financiación irregular de plataformas precursoras de Tsunami Democràtic y de la propia Tsunami. Unas causas a las que puede quedar menos de tres meses de vida.
En un auto de 27 de octubre de 2020 de entrada y registro de los domicilios de los empresarios próximos a CDC y a ERC detenidos por la Guardia Civil Oriol Soler, David Madí y Xavier Vendrell Aguirre recoge que, días antes de la declaración unilateral de independencia (DUI), Rusia ofreció a Puigdemont trasladar a Cataluña a 10.000 soldados y pagar la deuda catalana.
Así se desprende de dos audios intervenidos en el teléfono del exdirigente de CDC Víctor Terradellas, grabaciones de dos conversaciones que este mantuvo con Madí y con Vendrell el 14 y el 16 de mayo de 2018.
Esas conversaciones sustentan que Terradellas, que fue responsable de relaciones internacionales de CDC, fue el interlocutor de Puigdemont con Rusia en pleno proceso independentista y que se estudió crear una plataforma de criptomonedas para garantizar la "estabilidad financiera" de Cataluña.
En las conversaciones, Terradellas cuenta que el 24 de octubre del 2017, tres días antes de la DUI, el jefe de un "grupo ruso", creado en la época de Gorbachov, con el que había contactado en relación con la plataforma de criptomonedas ofreció a Puigdemont "contar con 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana", pero el expresident "es va cagar a les calces" ("se cagó en los pantalones").
De haber aceptado esta propuesta, que era seria, "probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado con el Estado con un incierto número de víctimas mortales", apunta el magistrado. Ese grupo ruso quería hacer de Cataluña "un país como Suiza".
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