El Congreso ha blindado a las grandes fortunas del País Vasco del nuevo impuesto de Pedro Sánchez. La Cámara Baja ha aprobado de forma exprés y por lectura única, esto es, que no se permite a los grupos participar ni introducir enmiendas, el nuevo Cupo y una reforma de la Ley del Concierto que les otorga las competencias de gestión y recaudación de un impuesto estatal que no se prevé que vayan a aplicar. En 2022 no podrían, ya que supondría una retroactividad inasumible, y para 2023 no se le espera.
Una cesión, que han exigido País Vasco y Navarra, preventiva, para evitar que el Estado tenga esta competencia en su territorio, ya que no pretenden aplicarlo, y que subraya su estatus de foco de atracción de grandes fortunas. Cuando se trata de un impuesto que pretende armonizar el de Patrimonio, que tienen más bajo que la media de las comunidades de régimen común, y que pretende recentralizar competencias.
Esto le convierte en una isla fiscal que confirma el interés que viene suscitando entre grandes patrimonios, lo que se ha querido vetar para las regiones que presiden Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla, y que se suma a los beneficios del Concierto y del Cupo. "A los que me preguntan por Portugal, les digo: No hace falta, ven a Bilbao", traslada el socio de un despacho en País Vasco.
Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco y el primer experto que dimitió del comité de sabios que asesoró a Hacienda para la reforma fiscal, apunta: "Si las Diputaciones Forales hubiesen querido subir la presión fiscal a los grandes patrimonios, lo podrían haber hecho con normalidad. No tenían más que aprobar una nueva escala de gravamen en el Impuesto de Patrimonio. Pero no lo han hecho. No tiene sentido autoarmonizarse".
Para Zubiri, el Gobierno de Pedro Sánchez "más que política fiscal tiene espasmos fiscales, actúa por impulsos, y llama a las cosas por lo que no son: el nuevo impuesto no es tal, es un reedición del de Patrimonio, y no afecta a las grandes fortunas", en alusión a que éstas pueden eludirlo e impacta realmente en profesionales, clases medias y patrimonios medianos.
Navarra sí ha adaptado los últimos tramos de la tarifa de su Impuesto de Patrimonio al impuesto a grandes fortunas. En el País Vasco, en los últimos meses ha habido además un debate sobre la supresión del Impuesto de Patrimonio.
PNV y PSE se han inclinado por no activar el impuesto en País Vasco. Al aprobarse ahora la reforma de la Ley del Concierto que les transfiere el impuesto, no podrá aplicarse en 2022, año en el que las fortunas vascas serán las únicas exentas de España. En 2023 todo parece indicar que también. La Diputación de Vizcaya así lo ha trasladado. En el caso de Guipúzcoa se apunta a que no daría tiempo y fuentes conocedoras trasladan que tampoco hay intención. Cabe recordar que las Diputaciones se disuelven en poco más de un mes por las elecciones municipales del 28 de mayo.
Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu en el Congreso, ha planteado sobre el impuesto este jueves en el Pleno que ha validado la reforma de la Ley del Concierto y el Cupo: "No sabemos si se va a aplicar. El PNV no lo sabe. Asumimos la gestión para que no nos lo apliquen. Nosotros lo aplicaríamos".
Fuga de patrimonios
Álvaro Beñarán, socio de PFK Attest, cuenta que para los grandes patrimonios que planifican deslocalizarse en 2023 "la opción más básica es irse al País Vasco", lo que deberán culminar antes de julio. "A los que me preguntan por Portugal, les digo: No hace falta, ven a Bilbao", traslada.
Respecto a Navarra, José Ignacio Pérez de Albéniz, socio director de Arpa Abogados Consultores, con cuartel general en Pamplona, subraya que puede ser "interesante" trasladarse a País Vasco.
El impuesto a grandes fortunas se creó precipitadamente como enmienda en la proposición de ley de los impuestos de banca y energéticas, con lo que no se permitió ni voz ni voto a los grupos cuando se pretendía que fuera un texto de marca parlamentaria.
"El impuesto no podrá ser objeto de cesión a las Comunidades Autónomas", establece la norma. "La titularidad de las competencias de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión del impuesto corresponde al Estado", insiste el texto. El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas "se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de Concierto y Convenio" Económico vigentes en País Vasco y Navarra, remacha sobre la excepción vasca.
La misma exigencia de cesión por parte del PNV se dio este verano con los impuestos a banca y energéticas, que finalmente el Gobierno de Sánchez se apresuró a declarar que se les transmitirán, lo que también regula la reforma de la Ley del Concierto aprobada este jueves. Con la dificultad de que el Gobierno no los llama impuestos, lo único que se puede concertar, sino gravámenes.
Amparándose en esta cesión, ERC, PDeCAT y Más País lanzaron una ofensiva para que el resto de las CCAA ingresen estos impuestos, al menos un 50%, según registraron en enmiendas en el Senado que no prosperaron. La Rioja, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Aragón pidieron al Gobierno la cesión sin éxito.
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