Genetic PCR Solutions es un fabricante de test que quiso optar al famoso 'megacontrato' de 2.500 millones de euros que puso en marcha el Ministerio de Sanidad en agosto. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), la división de Sanidad que lidera este proceso, rechazó sus test por "exceder su oferta el presupuesto máximo de licitación". Genetic PCR Solutions reclamó este portazo y, finalmente, ha sido aceptado.
"Fuimos descartados por un simple error de forma que, posteriormente hemos subsanado y ahora obtenemos una resolución favorable", explican desde Genetic PCR Solutions a Vozpópuli. "Esto no supone una compra de material sanitario pero nos sitúa como proveedores oficiales del producto que ofertamos", añaden desde la empresa.
Sanidad explica a este medio, tras la publicación de esta información, que "el error fue generado por un error de cálculo al expresar el precio en Kit, en vez del valor unitario de la reacción. Al dividir el precio de la oferta del kit por el número de unidades que contenía, se comprobó que el precio ofertado se ajustaba a los precios de licitación". Además, apunta que "los argumentos de la empresa basados en lo previsto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, así como en distintas resoluciones de diferentes Tribunal Administrativo de Recursos, motivó la aceptación del recurso, ya que la explicación ofrecida por el recurrente no supone en modo alguno una modificación de su oferta".
De las 155 empresas que optaron a esta compra pública de 3.700 millones de unidades de material sanitario para proteger a los sanitarios de nuevas olas del coronavirus, sólo 72 empresas fueron elegidas y las 83 restantes, Genetic PCR Solutions incluida, fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos de esta compra centralizada.
Este fabricante de Elche presentó en agosto su candidatura a los lotes 10 y 11, que aglutinaban el suministro de test moleculares para la covid-19 y kits de extracción. La corrección de Sanidad no es la primera que se produce con este megacontrato, que está teniendo más ruido administrativo que demanda por parte de las comunidades. Life Technologies SA, filial española del gigante estadounidense de los laboratorios Thermo Fisher, fue rechazada por Ingesa por no cumplir con los requisitos técnicos y, tras realizar el mismo trámite que Genetic PCR, sus productos fueron admitidos.
En este caso de la multinacional estadounidense, Sanidad explicó a este medio que "la adenda (cambios en el contrato) cumple la estimación de un recurso de reposición de la compañía, que ha acreditado que tenía solvencia y que no se le había valorado", responden desde el equipo que, por entonces, lideraba Salvador Illa.
Poca demanda
Sanidad decidió tomar la iniciativa el pasado verano para centralizar las compras de material sanitario para la lucha contra el coronavirus. Una compra valorada en 2.500 millones de euros que arrancó la búsqueda de proveedores en agosto, que se esperaba tener listo en septiembre y que no se cerró hasta diciembre. Una demora que hizo que las administraciones hicieran, de nuevo, la guerra por su cuenta.
Hasta el momento, sólo se sabe que Cataluña ha recurrido a esta vía para dotar de protección a sus sanitarios. El Instituto Catalán de la Salud (ICS), la empresa pública de servicios de salud de la región, ha realizado a los proveedores elegidos por Ingesa dos compras de batas y guantes por un total de 36 millones de euros.
Esta compra de Cataluña se considera la primera anunciada del famoso 'megacontrato'. Una iniciativa que se puso en marcha el pasado verano para que los profesionales sanitarios no sufrieran el desabastecimiento de material en su lucha en primera línea contra el coronavirus que vivieron en marzo. La elección de los proveedores se cerró a finales del mes de diciembre, cuando empezaba la tercera ola, y las comunidades (todas excepto Comunidad Valenciana) ya habían hecho acopio de forma independiente de suministro.
El megacontrato de Madrid
La Comunidad de Madrid, por ejemplo, decidió licitar su propio "megacontrato" por mil millones de euros para adquirir los productos sanitarios que permitan tener a Madrid una reserva estratégica de ocho semanas frente a la covid. Según pudo saber Vozpópuli por fuentes cercanas a la Consejería de Sanidad, Madrid plantea trabajar ya con su compra desde marzo.
Las dos justificaciones del Gobierno de Ayuso para poner en marcha este acuerdo marco al margen de sanidad son, según dichas fuentes, la "falta de productos sanitarios importantes" en el acuerdo marco de Sanidad y "la necesidad de recoger la opinión de los especialistas en Medicina Preventiva". Una reserva estratégica que también han decidido realizar otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Andalucía.
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