No es el mismo caso que el de Nissan en Barcelona, ni por las formas ni por una difícil comparación de épocas muy diferentes, pero el cierre de la fábrica de Santana en Linares (Jaén), puede considerarse como el precedente más cercano al caso Nissan que tanto revuelo está generando en España, pero sobre todo en la sociedad catalana, que ve cómo se pierden miles de empleos de una fábrica que hasta no hace mucho gozaba de buena salud.
Nació en 1956 como la empresa de maquinaria agrícola Metalúrgica de Santa Ana, y pasó en 1961 a fabricar, bajo licencia británica, todoterrenos de la marca Land Rover, modelos que rápidamente se extendieron por ejemplo entre la Guardia Civil de aquella época que se veían por carreteras secundarias y pueblos de media España, en parte porque era práctica habitual en esos años cuadrar la cuenta de resultados con la fabricación del número de vehículos necesarios para ello, que luego se asignaban a la Administración.
La japonesa Suzuki comenzó en 1985 su relación con Santana para potenciarla, y fue ampliando poco a poco su participación en ella para lo cual compraron en 1993 hasta el 84% del accionariado y modernizaron la factoría central y las empresas auxiliares, donde fabricaron los todo terreno Samurái, Vitara y Jimny. Pero la falta de productividad de la empresa, con un elevado absentismo laboral durante la época de recogida de la aceituna y donde costaba más dinero fabricar un vehículo que en las plantas de Suzuki en Canadá, según denunciaron los ejecutivos japoneses, llevó a la multinacional automovilística nipona a presentar suspensión de pagos en 1994.
La Junta de Andalucía, alertada por el conflicto social surgido en la comarca de Linares, asumió entonces la propiedad y gestión de la factoría, tras inyectar casi 100 millones de euros, a los que se unieron otros casi 50 desembolsados por el Gobierno central. A partir de entonces, en datos que recoge Efe, la sangría causada a las arcas públicas por Santana Motor no paró de crecer: en 2001 se aportaron otros 240 millones para financiar 600 prejubilaciones, a los que siguieron 42 millones más aportados por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para un plan estratégico, así como sucesivas ampliaciones de capital e inyección de incentivos y subvenciones, algunos de ellos cuestionados por los servicios de la Competencia de la UE.
La producción comenzaba a decaer año a año y, de las casi 34.000 unidades del año 2000 bajó a poco más de 22.000 en el año siguiente, con unas pérdidas consolidadas de 301 millones de euros, y no dejó de descender desde entonces. En 2003 se intentó superar la crisis con la fabricación de un todoterreno propio, el Santana Aníbal, muchas de cuyas unidades tuvieron que ser compradas por la propia Junta de Andalucía y por el Ejército español.
Tras Suzuki, Iveco
Tres años más tarde se logró una alianza con Iveco, filial de la multinacional italiana Fiat, que permitió fabricar en Linares el Massif, un todoterreno basado en el antiguo Santana Aníbal, al que siguió la variante de tres puertas denominada Campagnola. Años más tarde, la investigación del caso de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía afloró la presunta desaparición de un préstamo de 36 millones de euros otorgado por la Junta de Andalucía para la fabricación del Massif.
Iveco abandonó en 2008 su alianza con Santana y un año más tarde, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Junta de Andalucía, tuvo que volver a asumir la gestión de la compañía. Los sucesivos intentos para encontrar comprador o cerrar nuevas alianzas industriales no pudieron reflotar la factoría automovilística, que cerró sus puertas en 2011, no sin un nuevo desembolso de más de 100 millones de euros para costear las últimas prejubilaciones.
Y es que de sus más de 3.000 trabajadores iniciales, Santana Motor acabó con 800 prejubilados de más de cincuenta años y otros 300 trabajadores recolocados en un parque empresarial de Linares de escaso éxito que, pese a las millonarias inversiones públicas, no ha impedido que esta comarca mantenga las mayores tasas de desempleo de Andalucía y, por ende, de España.
"Una factura incalculable" es la histórica sentencia con la que se cerró la controvertida historia de Santana Motor, considerada como una de las más nefastas experiencias vividas por la Junta de Andalucía en su casi medio siglo de historia.
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