Emilio Saracho ha criticado la lectura que Ángel Ron ha realizado del informe de los peritos del Banco de España sobre Banco Popular, asegurando que está tratando de influir en el proceso judicial con la extracción de conclusiones mediante interpretaciones parciales, según un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.
Así lo ha señalado el que fuera el último presidente de la entidad antes de ser resuelta y vendida al simbólico precio de un euro en junio de 2017, unos días después de que el Banco de España remitiera al Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional el documento en el que los inspectores Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández Romeo analizaron la documentación sobre Popular en el marco de la investigación sobre su proceso de venta.
Tras su incorporación al caso, Ron, a través de su defensa, dijo que el informe avalaba su gestión durante su etapa como 'número uno' e hizo hincapié en que los peritos concluyeron que el Popular era solvente y que lo que lo llevó a la resolución fue la fuga de depósitos por 16.347 millones de euros sufrida durante tres momentos puntuales, siendo la que se origina el 31 de mayo de "especial gravedad".
En su opinión, Ron ha hecho una lectura "parcial e interesada" del informe de más de 400 páginas, cuya elaboración duró más de un año, lo que considera que es una "interferencia que no ayuda, sino dificulta, el normal desarrollo del proceso judicial".
De igual forma, ha resaltado que su reacción "tergiversa y empobrece" la labor de los propios inspectores del Banco de España al "mutilar" su informe y escoger lo que les parece relevante e ignorar el resto.
Además, cree que hace "un flaco favor" a las miles de familias e inversores perjudicados por la resolución del Popular que confían en la labor de los tribunales de justicia. Hay 103 acusaciones particulares personadas, a las que el juez ha pedido recientemente que se organicen voluntariamente en un máximo de diez para poder gobernar el caso, debido a que ya existen más de cien procuradores representando a las acusaciones y diecinueve de los querellados.
Respeto a la actuación judicial
Asimismo, Saracho ha dicho que continuará con la actitud de no hacer declaraciones ni comentarios sobre la causa judicial, declarada compleja por la Audiencia Nacional, con el objetivo de no interferir y manteniendo su "máximo respeto" a la actuación de los órganos judiciales.
"El señor Saracho considera que es en sede judicial donde deberá dilucidarse cualquier responsabilidad y donde en su momento deberán darse las explicaciones sobre la crisis del Banco Popular, en la que don Ángel Ron deberá responder por sus más de diez años y don Emilio Saracho por sus 108 días", reza el documento.
En suma, el banquero ve "inapropiado e inútil" tratar de influir en la labor de la Justicia, así como en la necesaria aportación al proceso de los organismos supervisores como el Banco Central Europeo (BCE), el Mecanismo Único de Resolución (MUR), el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de sus funcionarios.
Los inspectores determinaron que la salida de depósitos efectivamente fue lo que originó la caída del Popular, pero esto se debió a una pérdida de confianza de los depositantes por la mala evolución en Bolsa, la incertidumbre sobre los objetivos anunciados en la ampliación de 2016, los nuevos requerimientos de solvencia y noticias y declaraciones "no siempre fundadas en la situación real del banco".
No obstante, también dictaminaron que las cuentas de los ejercicios 2015 y 2016 publicadas por Popular y reflejadas en el folleto de la ampliación "no respetaban determinados aspectos de la normativa contable", en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas en dudoso.
La corrección parcial de estos aspectos en las cuentas de 2015 causó las pérdidas a diciembre de 2016, una fecha en la que el saneamiento de sus NPAs no había finalizado, por lo que en 2017 las correcciones por deterioro estimadas para este ejercicio por el propio banco eran de 1.700 millones de euros.
La misión de los peritos también era investigar el folleto y la documentación de la ampliación de capital lanzada por la entidad en mayo de 2016 por 2.506 millones de euros, determinándose que algunas de las estimaciones eran "demasiado optimistas", sobre todo las referidas a la evolución prevista de dudosos, que, unido a la baja cobertura planificada para los adjudicados, invalidaba también las de cobertura, pérdidas y solvencia.
De hecho, en el informe se estableció que la operación "era pequeña" en comparación con las necesidades establecidas por el BCE, ya que el importe no fue suficiente para cubrir las pérdidas por deterioro de activos, que fueron mayores que las anunciadas.
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