Sareb vuelve a rodar tras la covid-19. El conocido como banco malo ha aprovechado el acelerón de las ventas para realizar una amortización anticipada de la deuda de 348 millones de euros, según fuentes cercanas a Sareb consultadas por Vozpópuli.
La compañía presidida por Javier García del Río redujo el ritmo de amortización durante el 2020 a causa de la pandemia mundial. Hasta abril de 2021, comparando los datos con junio de 2020, Sareb sólo había rebajado este monto en 178 millones, en dos ventanas de amortización -diciembre y febrero-, dejando su deuda avalada por el Estado en los 34.918 millones de euros.
Pero la vuelta de la actividad ha permitido al Consejo de Administración realizar una nueva operación fuera de las ventanas típicas, anteriormente mencionadas. La primera de ellas se ha ejecutado en agosto y la segunda en septiembre. Tras este acelerón, Sareb prevé generar fondos para amortizar deuda por un importe cercano a los mil millones de euros en 2021.
A cierre de septiembre de 2021 el saldo de deuda viva avalada por el Estado se situaba en los 34.570 millones de euros. Desde su creación, la compañía ha amortizado más de 16.200 millones de euros.
La deuda de Sareb que asumirá el Estado
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria calcula que el Estado deberá aportar 7.988 millones de euros en 2027 para poder amortizar la deuda que la sociedad contrajo en el momento de su creación, en el caso de que no se prolongue su vida más allá de ese año.
Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008. En el momento de su constitución, emitió 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas, una deuda que va amortizando a medida que genera ingresos con la venta y gestión de dichos activos.
Si en el momento de su liquidación, prevista para 2027, no hubiese sido capaz de amortizar completamente la deuda, sería el Tesoro quien, como avalista, debería aportar el capital pendiente.
