Unidas Podemos no está del todo conforme con el rumbo que tomará Sareb tras su nacionalización, pero el PSOE ha querido tranquilizar a la formación morada aclarando que se "reforzará el uso social de los activos" una vez el Estado haya superado el 50% del capital.
El Ministerio de Economía, mediante un comunicado de prensa, ha anunciado este marte que el futuro del 'banco malo' pasa por "maximizar la utilidad social de los inmuebles y el impacto positivo de la compañía en la sociedad". O lo que es lo mismo, destinar el parque de vivienda que tiene en su cartera a fines sociales.
Esta es una medida que demanda desde hace mucho tiempo los socios de Gobierno de Pedro Sánchez, pero fuentes de Unidas Podemos consultadas por este medio han mostrado su malestar con la redacción final de la norman. Aseguran que la parte socialista del Gobierno se ha negado a incluir en este Real Decreto-Ley las medidas propuestas por los morados para que la Sareb asuma dicha misión social.
En concreto, el PSOE ha rechazado establecer con carácter indefinido, en lugar de a cinco años, las cesiones de vivienda a comunidades autónomas y entidades locales, así como que se publiquen los inmuebles que conforman la cartera de la Sareb.
Unidas Podemos reclama desde hace años que la Sareb potencie su función social, como trasladó el diputado Rafa Mayoral durante una reunión con la dirección de la entidad en 2020, y ser un "ejemplo" en materia de cesión de viviendas para el realojo de población en situación de vulnerabilidad social.
Pero con las cifras en la mano, hasta la fecha, en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa, la compañía ya ha venido realizando actuaciones en materia de vivienda social a través de la firma de distintos convenios, que superan las 2.000 viviendas efectivamente cedidas a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
No obstante, la actual ministra de Derechos Sociales, Ione Bellara, planteó en marzo del año pasado, cuando era secretaria de Estado para la Agenda 2030, obligar a la Sareb a poner el 75% de sus activos en alquiler social y ampliar así el parque público de vivienda en régimen de arrendamiento.
Nacionalización de Sareb
El Gobierno ha dado este martes el primer paso para nacionalizar Sareb. Ha aprobado un Real Decreto-Ley por el cual el Estado podrá tener una participación superior del 50% del 'banco malo'. Hasta ahora esa cifra estaba limitada a menos de la mitad y por ese motivo el Estado era sólo titular del 45,9% de la entidad.
El cambio de estrategia del Gobierno responde a una orden de Eurostat que obligó a España a computarse las pérdidas totales de Sareb y elevó la deuda del país hasta el 120% del PIB. Tras este jarro de 'agua fría' de Bruselas, el equipo del Ministerio de Economía decidió cambiar de estrategia y pasar a la acción, nacionalizando el 'banco malo' y comprando su participación a los bancos y aseguradoras que están en el capital.
Estas entidades atesoran el 54,1% de Sareb y en su accionariado están todos los grandes bancos salvo BBVA, que capitaneado por aquel entonces por Francisco González decidió no participar en la creación de esta sociedad que aglutinó todos los activos tóxicos de las cajas de ahorro salvadas en la crisis financiera.
Santander tiene una participación del 22,23%, CaixaBank cuenta con el 12,24%, Sabadell tiene el 6,61%, Kutxabank un 2,53%, Ibercaja un 1,43%, Bankinter un 1,37%, Unicaja Banco un 1,27%, Cajamar un 1,21%, Mapfre un 1,11% y el resto se lo reparten otras entidades bancarias y aseguradoras con paquetes inferiores al 1%.
La Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008. En el momento de su constitución, emitió 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas, una deuda que va amortizando a medida que genera ingresos con la venta y gestión de dichos activos.
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