El turismo es el sector por excelencia cuando se habla de las actividades económicas que han sufrido una caída de la actividad y de los ingresos en España, y que necesitan poder alargar sus Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor más allá del 30 de junio. Pero lo cierto es que son muchos los negocios que se encuentran en la misma situación.
Todos aquellos que no han experimentado un repunte de la demanda suficiente para poder mantener en nómina al mismo número de empleados que tenían antes, quieren poder alargar este sistema: hosteleros, transportistas, tiendas, proveedores de soluciones para empresas perjudicadas por el teletrabajo (desde limpieza de edificios hasta instaladores y reparadores de aire acondicionado), empresas de servicios administrativos o auxiliares, del sector educativo (colegios privados, por ejemplo), y también industrias, como la automovilística o la de componentes, entre otras.
La necesidad de prorrogar el ERTE radica en que estas compañías no podrán adecuar su negocio a la realidad ajustando la plantilla, ya que tienen prohibido hacer ningún despido durante el próximo medio año si han estado acogidas a un ERTE de fuerza mayor.
La sanción, si no lo cumplen, pasa por tener que devolver las cotizaciones sociales de las que han estado exoneradas durante la vigencia del ERTE. De ahí que necesiten que éste siga en marcha para no tener que asumir el pago de salarios ni tampoco el pago de cotizaciones por esos trabajadores, un volumen de gastos para el que no tienen ingresos suficientes.
Por esta razón, patronal y sindicatos están de acuerdo en pedir que los ERTE se alarguen hasta diciembre, pero en esta ocasión es el Gobierno el que no quiere aceptar una prórroga más allá del 30 de septiembre, ya que el coste de mantener este sistema es muy elevado para las maltrechas arcas del Estado.
Un coste muy elevado
El Ejecutivo no ha incluido en su propuesta un listado concreto de las actividades que podrían beneficiarse de una prórroga de los ERTE sino que quiere ampliarlos de forma genérica para los sectores en los que "haya restricciones que impidan o limiten que las empresas operen a pleno rendimiento". Una definición laxa que deja en el aire muchas dudas.
La solución parece pensada, por ejemplo, para las compañías que ahora pueden atender al día a menos clientes de los que atendían antes de la pandemia, porque no puede tener a tantos consumidores en el local al mismo tiempo -para cumplir con las normas de seguridad-.
En estos casos, se asumirá que la caída de actividad provocada por esta restricción podrá ser compensada con los beneficios del ERTE. Lo mismo ocurrirá con las limitaciones de movilidad, aforos, medidas de prevención y contención sanitaria, pero esto dejaría fuera de la posibilidad de alargar los ERTE a todas aquellas compañías en las que la pérdida de actividad no obedece a estas restricciones.
La CEOE ha pedido reiteradamente al Ejecutivo que, sea cual sea la decisión final, se comunique a las empresas cuanto antes -a poder ser este mismo martes- para que puedan prepararse de aquí al 30 de junio.
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