La palabra "nacionalización" sobrevuela La Moncloa. Aunque todo apunta que en España no se contempla, se habla con fuerza de la intención de la rama del Gobierno de Unidas Podemos, liderada por Pablo Iglesias, de poner encima de la mesa este escenario para poder afrontar esta crisis y proteger los sectores estratégicos y su tejido empresarial.
El propio exministro de Exteriores y Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos exteriores, Josep Borrell, ha declarado esta semana en una entrevista en El Mundo que el Estado deberá nacionalizar empresas para mitigar los efectos de la crisis del coronavirus. En ella aseguraba que "aumentará la presencia del Estado" en la economía, ya sea de forma "permanente" o "transitoria".
"Si una empresa no puede funcionar, no tiene ingresos, va a entrar en quiebra y se la quiere salvar, ¿cómo se hace? Pues entrando en su capital, y entrar en el capital es una forma de nacionalización. Será temporal, pero digamos las cosas por su nombre", ha expuesto días después en otra entrevista en Ràdio 4.
La alternativa de la nacionalización ya se ha puesto en marcha en Italia, el espejo en el que se mira España en esta crisis. El Ejecutivo de Giuseppe Conte ha anunciado que tomará el control de Alitalia para evitar su desaparición. El sector aéreo es uno de los más golpeados por la pandemia ante la prohibición que ha acarreado en los viajes y la obligación de suspender por completo la actividad de las aerolíneas de forma indefinida.
El golpe del brote ha sido especialmente duro para la aerolínea italiana, que lleva tres años evitando la quiebra y en varias ocasiones se ha visto abocada al rescate. Ahora el Gobierno italiano ha decidido, una vez más y tras varios préstamos multimillonarios, mantener la aerolínea privada a flote con una inyección de 600 millones de euros, en el marco del proyecto de su nacionalización.
Al ser preguntada por este asunto este miércoles, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, afirmó que, aunque "algunos países europeos han visto la necesidad de nacionalizar o tomar participaciones de las compañías", de momento el Gobierno "ha abordado una aproximación que se centra en la garantía de liquidez para las empresas con una línea de avales de hasta 100.000 millones de euros para asegurarnos de que se protege al máximo la solvencia de las entidades y un conjunto de otras medidas".
Durante el estado de alarma, el Gobierno podrá “practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias”
El sector aéreo en España ha pedido ayudas adicionales a las aprobadas ya por el Gobierno, pues la patronal IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) ya ha calculado unas pérdidas económicas de 11.800 millones de euros -así como unos 93,7 millones de pasajeros y 750.000 empleos menos- sólo en nuestro país, con un importante reflejo en el PIB. A nivel europeo, la factura será "devastadora".
Sobre las principales compañías -como Iberia, Air Europa o Vueling- planean dudas de un futuro incierto. El grupo anglo-hispano IAG -al que pertenecen Iberia y Vueling y, de hacerse efectiva la operación de compra este año, también incluirá a Air Europa- ha suspendido dividendo y ha realizado despidos temporales para prácticamente la totalidad de su plantilla a nivel global.
Sin embargo, el holding insiste en que tiene músculo financiero suficiente para aguantar la 'tormenta', con activos líquidos equivalentes y depósitos remunerados de 7.200 millones de euros. En cuanto al efectivo total y las líneas de crédito no dispuestas, alcanza actualmente los 9.300 millones de euros. Además, el grupo asegura que está explorando "una serie de iniciativas operacionales y de tesorería para mejorar aún más su flujo de caja y liquidez y actualizará el mercado a su debido tiempo".
Las energéticas o la banca
En España, otro de los sectores que está en el punto de mira del Gobierno es el sector energético. Según explican fuentes cercanas al sector a Vozpópuli, no existe intranquilidad sobre este escenario porque "sería un error gubernamental intervenir un sector que el estado de alarma tiene una bajada considerable de la demanda y los precios".
En el caso de la banca, la entidad que más papeletas tiene para una hipotética nacionalización es Bankia, por el alto porcentaje que tiene el Gobierno de la entidad. En concreto, el Estado cuenta con una participación del 61,78% a través del FROB. A esto se le suma el alto interés que tiene Unidas Podemos por crear una banca pública. No obstante, según las últimas declaraciones públicas de Pablo Iglesias, la formación morada se habría conformado con redirigir el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Sector sanitario
Dentro del sector sanitario, las compañías españolas de material médico de protección -los famosos equipos de protección personal (EPIS)- son de las que más papeletas tienen para ser nacionalizadas, ya que son imprescindibles para lidiar con los meses que quedan después de la cuarentena. En especial, las de mascarillas, ya que el Gobierno se plantea establecer el uso obligatorio de las mismas para toda la población.
Una de estas empresas es la compañía vizcaína Sibol, la única empresa en España capaz de producir mascarillas con filtro FFP3 en todo el país. Debido a la enorme crisis sanitaria se ha visto obligada a duplicar su producción en cuestión de semanas y reconocía ante los medios de comunicación que se encontraba "desbordada".
Otra de las posibles compañías es la vasca Bexen Medical, que forma parte de la Corporación Mondragón. Según afirmó este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa, esta fábrica vasca se va a convertir en el principal fabricante de mascarillas del país, con una producción programada de unos 10 millones de unidades mensuales hasta completar un pedido de 60 millones de mascarillas.
¿Y qué dice la ley?
El pasado 14 de marzo, el Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el estado de alarma. Para ello, el Ejecutivo recurrió a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que le habilita para declarar los estados de alarma, excepción y sitio.
En esa misma ley, el artículo 11 recuerda que durante el estado de alarma el Gobierno podrá “practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias” e “intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados”.
Además, se podrá “limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad” y dar “las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados”.
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