Economía

El exjefe de Seguridad de Iberdrola pide al Gobierno que aparte al juez del 'caso Villarejo'

Una semana después de querellarse contra el juez Manuel García-Castellón, el exjefe de Seguridad de Iberdrola le ha denunciado ante el CGPJ y el Gobierno tras acusarle de saltarse los servicios mínimos

Antonio Asenjo, exjefe de Seguridad de Iberdrola, vuelve a la carga contra el juez Manuel García-Castellón. El exdirectivo de la energética ha presentado este miércoles tres nuevos escritos en los que acusa al juez de saltarse los servicios mínimos decretados en el estado de alarma declarado por la crisis del coronavirus.

En concreto, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la defensa de Asenjo ha enviado un escrito al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, donde se instruye la pieza 17 que investiga la relación entre Iberdrola y el excomisario, en el que cuestiona la legalidad del retraso en la tramitación del recurso de apelación contra la decisión de García-Castellón de prorrogar el secreto de sumario.

Un segundo escrito ha sido dirigido a la Comisión Permanente del CGPJ, a la que pide la incoación de un expediente sancionador para apartar o suspender al juez y un tercero, articulado como denuncia, ha sido remitido al Consejo de Ministros, en calidad de autoridad única ante la que debería responder García-Castellón por su presunta mala praxis.

La argumentación que sostiene en los tres escritos es prácticamente la misma, si bien el dirigido a la Audiencia Nacional se centra en el recurso de apelación mientras que los otros dos cuestionan el retraso en la tramitación de otros escritos presentados en marzo, un total de tres.

Y es que aunque la crisis sanitaria ha paralizado gran parte de la actividad judicial y los plazos procesales, Asenjo recuerda que el decreto del estado de alarma establece una serie de excepciones entre las que se incluyen aquellas causas con preso, como ocurre en esta pieza, donde el comisario Villarejo está en prisión provisional. Por tanto, el exdirectivo entiende que no procede dilatar la tramitación de los escritos y debe efectuarse de manera preferente.

A esto se suma la resolución del Secretario de Estado de Justicia sobre los servicios esenciales de la Administración de Justicia que han de prestarse obligatoriamente durante la pandemia y que, según afirma, obliga a las autoridades a proveer más recursos si algún tribunal necesitase apoyo, lo que tampoco justificaría el retraso.

Por tanto, Asenjo considera acreditado que concurren las circunstancias suficientes para pedir la suspensión del juez. El artículo 20 del Real decreto que declaró el estado de alarma señala que las autoridades públicas (como el juez) que no cumplan las órdenes de las autoridades competentes durante el estado de alarma (según Asenjo, la tramitación de sus peticiones), se exponen a ser apartados de su cargo, tal y como recoge el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio.

En concreto, ese artículo señala que los funcionarios públicos, como los jueces, que incumplan la normativa establecida durante el estado de alarma pueden ser suspendidos de inmediato en el ejercicio de su cargo por las autoridades, amén de que debería ser notificado a su superior jerárquico, el CGPJ, "a los efectos del oportuno expediente disciplinario".

Querella en el Supremo

Esta nueva ofensiva de Asenjo abre un nuevo frente a la ya tensa relación entre el exdirectivo de Iberdrola, su abogado y el instructor García-Castellón. Desde hace meses, la defensa de Asenjo ha salpicado sus escritos con numerosas criticas a la labor del juez, al que acusa sin ambages de prevaricación.

El último episodio tuvo lugar la semana pasada, cuando Asenjo presentó una querella contra García-Castellón ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para solicitar protección de sus derechos fundamentales y la anulación del auto que rechaza la recusación planteada por Asenjo. Completa la triada un escrito dirigido Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ en el que denuncia la falta de respuesta por parte del juez a sus peticiones, en línea con lo que denuncia en los escritos presentados este miércoles.

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