Hubo un tiempo en que las cotizaciones sociales daban para pagar las pensiones contributivas en su totalidad y el 90% de todos los gastos de la Seguridad Social plasmados en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. En algunos ejercicios llegaron a ser un 22% superiores al coste del conjunto de las pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor de familiares. Los ingresos que dejaban trabajadores y empresarios en las arcas del sistema público llegaron a cubrir en esos años el 92,11% del presupuesto de la Seguridad Social.
Eran los años 2006, 2007, 2008 e, incluso, 2009, 2010 y 2011. No todos fueron años de bonanza económica, de esplendor del sector inmobiliario y de financiación descontrolada del sistema financiero. Entre 2009 y 2011 se llevaron a cabo las primeras intervenciones de entidades por parte del Banco de España: Caja Castlla-La Mancha, Cajasur, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caixa Catalunya, Novacaixagalicia o Unnim. Un año después estalló el caso Bankia.
Fue un adelanto de lo que estaba aún por llegar y que se plasmó en el primer trimestre de 2013, con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, con apenas 16,63 millones de ocupados, más de 6,2 millones de desempleados y una tasa de paro que alcanzó el 27,16% de la población activa.
Hoy repetir la situación del periodo 2004-2012 en la Seguridad Social es una utopía. Desde el año 2014 (en 2013 se alcanzó el último equilibrio), los ingresos por cotizaciones sociales no cubren siquiera el objetivo para el que fueron concebidas. En 2020, el año más extraño desde todos los puntos de vista que ha vivido España en el pasado reciente, representaron el 86,83% del coste de las pensiones contributivas y el 78,8% del Presupuesto de la Seguridad Social.
En 2022, sobre el papel, es decir, sobre los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Congreso de los Diputados a finales de diciembre pasado, las cotizaciones sociales cubrirán el 91% del gasto en pensiones contributivas y solo las tres cuartas partes del Presupuesto de la Seguridad Social.
Las cotizaciones sociales son la principal fuente de financiación de las pensiones contributivas. Las pagan trabajadores y empresarios, los trabajadores autónomos y los trabajadores con regímenes especiales, así como los beneficiarios de las prestaciones por desempleo. Además, el sistema, como señala el Gobierno, recibe parte de algunos impuestos como el IRPF y el IVA.
Desde el año 2014, los ingresos por cotizaciones sociales no cubren siquiera el objetivo para el que fueron concebidas
Durante unos años, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se creó en el año 2000 para asegurar en el futuro y en caso de necesidad, la percepción de las pensiones, hizo su pequeña contribución, pero en la actualidad está prácticamente agotado: de los más de 67.000 millones de euros con los que contó en 2011 hoy apenas quedan poco más de 2.100 millones, que podrían dar para pagar una semana la nómina de las pensiones.
Las pensiones no contributivas extienden el derecho de su percepción en las modalidades de jubilación e incapacidad permanente a todos los ciudadanos aunque no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente y necesario para alcanzar el nivel contributivo. Su financiación depende directamente de los Presupuestos Generales del Estado, figurando el crédito en el presupuesto de gastos y dotaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
Presupuesto para pensiones
Para el ejercicio en curso, el Presupuesto de la Seguridad Social ha previsto unos ingresos por cotizaciones sociales de 136.345 millones de euros (106.000 millones del régimen general y 11.400 millones de los autónomos, entre las principales rúbricas) y un gasto en pensiones contributivas de 149.996 millones, lo que supone una cobertura del 90,9%.
El objetivo es muy ambicioso. Supone un crecimiento del 8,95% de los ingresos 9,66% en el caso de empresarios y trabajadores), que está sustentado por unas previsiones de crecimiento económico que difícilmente se van a alcanzar en las condiciones que se han vivido en los tres primeros meses del año.
El Gobierno ha estimado un crecimiento del Producto Interior Bruto para este año del 7%, que apenas el pasado mes de febrero la Comisión Europea ha rebajado al 5,6%, aunque mantenga a la economía española como la segunda con mayor vigor de la Unión Europea, por detrás de Malta. El Banco de España ha reducido el crecimiento al 5,4%.
El presupuesto total de la SS para 2022 es de 181.081 millones de euros, por lo que las cotizaciones sociales representan el 75,3%, la menor proporción si se exceptúa 2021. La aportación del Estado para este año será de 36.276 millones con el fin de equilibrar las cuentas.
De los más de 67.000 millones de euros con los que contó en 2011 hoy apenas quedan poco más de 2.100 millones, que podrían dar para pagar una semana la nómina de las pensiones
Desde el año 2014, las previsiones de ingresos por cotizaciones sociales han sido inferiores a los gastos esperados por el abono de las pensiones contributivas. Destaca el acercamiento de 2016 (el 98,57%), por un extremo, y por otro, 2020, en el que apenas se alcanzó el 86,8%, quizás por sus excepcionales características.
El problema es casi nunca las previsiones del Gobierno recogidas en los Presupuestos Generales del Estado coinciden con la realidad. En el año 2013, el Gobierno previó unos ingresos por cotizaciones sociales de 105.863 millones de euros. Sin embargo, la liquidación definitiva, según los datos de la propia Seguridad Social, se quedó en 98.210 millones, un 7,23% menos. En 2015, 100.569 millones recaudados en lugar de los 109.830 previstos; en 2016, se ingresaron finalmente 13.603 millones de euros menos, un 11,6%. En 2017 y 2018 las diferencias, eso sí, fueron mínimas.
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