Aunque la edad de jubilación a los 65 años se fijó en el año 1900 y hasta el año 2011 no se hizo en España ningún ajuste para intentar retrasarla, la esperanza de vida de los mayores de 65 en el país no para de crecer. De hecho, en los últimos años ha aumentado de media 51 días cada año.
Eso quiere decir que si en el año 1975 -cuando arranca la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE)-, las personas de 65 años vivían de media algo más de 15 años, hasta los 80; ahora, a cierre de 2018, las personas de esa edad viven de media 21 años más, hasta los 86. Cada año que pasa, las personas de 65 años tienen una esperanza de vida superior en 51 días a la de los que tenían esa misma edad un año antes.
Se trata de una noticia positiva para la sociedad española, que en torno a 2050 superará a la japonesa como la más longeva del planeta, pero comprometida para la Seguridad Social, que tiene que asumir el pago de pensiones cada vez durante más años, según se ha confirmado con los datos de demografía divulgados este miércoles por el INE.
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Este incremento constante de la esperanza de vida es el que lleva a muchos expertos a advertir de que, dadas las buenas condiciones físicas de la población de edad avanzada y el déficit que padece el sistema (que con lo que ingresa no puede asumir su nivel de gasto), lo recomendable sería retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años.
Los que son algo menos pretenciosos pero conscientes del problema, como la Airef o el propio secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, han reconocido que al menos sería necesario intentar hacer coincidir la edad real de jubilación (la edad a la que de media se jubilan los españoles, que es mucho más temprana que la edad legal debido al impacto de las prejubilaciones) con la edad legal, que irá aumentando progresivamente año a año hasta que en el 2027 se sitúe en los 67 años.
Se desploman los nacimientos
Los datos de crecimiento natural de la población española (los nacimientos menos las defunciones) ofrecen un panorama muy complicado para la Seguridad Social, no sólo por el aumento de la esperanza de vida de los recién nacidos y de los mayores de 65 años, sino también por el envejecimiento de la población y la poca cantidad de nacimientos.
Por primera vez desde 1941, el número de nacimientos que se han registrado entre enero y junio de 2019 ha sido de sólo 170.074.
La estadística demuestra que las mujeres están retrasando cada vez más la edad de ser madres (el primer hijo se tiene por primera vez, de media, más tarde de los 31 años). Mientras el número de mujeres que son madres con menos de 35 años no para de bajar, el número de las que deciden tener un hijo cuando tienen entre 35 y 45 años ha aumentado considerablemente.
Además, este retraso en la edad de formar una familia no sólo se produce entre las mujeres españolas que residen en el país, sino que las extranjeras se han acomodado a esta misma tendencia y cada vez más retrasan la edad de tener los hijos, algo que parece confirmar que las condiciones del país -laborales, de acceso a la vivienda, etc.- y/o las preferencias sociales son las que marcan este comportamiento.
Menos jóvenes, menos ingresos para la Seguridad Social
La menor cantidad de nacimientos determinará la evolución de la población activa (los individuos en edad de trabajar) dentro de 16 años, y cuanto menos numerosa sea esta capa social -y más estrecha sea por abajo la pirámide de población- más dificultad tendrá el sistema de Seguridad Social para afrontar el pago de pensiones a un número cada vez mayor de pensionistas -especialmente en esos años, con la jubilación de la generación del babyboom-.
Los trabajadores son, con sus cotizaciones sociales, los que generan los ingresos que utiliza el sistema de Seguridad Social para poder afrontar el pago de las pensiones (no sólo las de jubilación, sino también las de viudedad, incapacidad temporal...), por lo que España necesita aumentar su población activa para poder acometer este reto.
Los expertos recuerdan que el crecimiento natural no está ayudando -piden medidas para fomentar la natalidad-, así que creen que el país tendrá que recurrir a la inmigración de población cualificada que pueda trabajar en sectores de valor añadido, tener buenos sueldos y contribuir a la Seguridad Social con cotizaciones sociales que engorden los ingresos del sistema.
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