Contaba Desmond Tutu en 1984, en un discurso pronunciado en Oslo, con ocasión de la aceptación del Premio Nobel de la Paz que le fue concedido ese mismo año, refiriéndose a la política del 'apartheid' en Sudáfrica (su país de origen) una anécdota que se escuchaba en aquellos años entre ciudadanos de países vecinos. Decía que, en cierta ocasión, un nativo de Zambia (la antigua Rodesia del Norte) presumía de que su país tenía un Ministerio de Asuntos Navales. El sudafricano no le encontraba sentido alguno al no tener Zambia ni Armada, ni siquiera acceso al mar. ¿Cómo puede haber un Ministerio de Asuntos Navales en Zambia?, se preguntó. “Bueno -respondió el primero-, en Sudáfrica tenéis también un Ministerio de Justicia, ¿no?”.
El chascarrillo, extraído del libro 50 discursos que cambiaron el mundo, de Turner Publicaciones, viene a colación a la hora de cuantificar el papel que juega el Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) en su papel de recolocar a las personas que figuran en sus listas como parados o demandantes de empleo.
En todo el año 2022, apenas un 1,9% de los contratados que figuraban entre los afiliados a la Seguridad Social, a cierre de diciembre, habían conseguido su empleo a través de la intermediación del SEPE. Es el porcentaje más bajo desde el año 2016, aunque entre las dos fechas hay notorias diferencias: en diciembre del pasado año había una ocupación media de 20,46 millones de personas, casi dos millones más que en el mismo mes de 2016 .
Con las cifras recogidas en los registros del SEPE de los últimos años y los datos de la Encuesta de Población Activa, del Instituto Nacional de Estadística, entre los años 2017 y 2022, ambos incluidos, se firmaron en España un total de 120,6 millones de contratos. El SEPE apenas participó en la contratación de 1,94 millones de personas.
La relación pone en entredicho las políticas activas de empleo de este y de todos los anteriores gobiernos, sean del signo que sean. En los Presupuestos Generales del Estado para 2022 (con el fin de comparar datos del mismo ejercicio) había consignados 7.535 millones de euros destinados a financiar las políticas activas de empleo, incluyendo 1.055 millones para la formación profesional para el empleo.
En comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, informó en octubre de 2021 que los Presupuestos Generales del Estado estaban diseñados para responder a seis objetivos fundamentales, entre ellos “desplegar unas políticas activas de empleo para generar trabajo de calidad”.
Para el presente ejercicio, los PGE 2023 prevén un gasto del Ministerio de Trabajo de 29.473 millones de euros, de los que más de 8.000 irán a políticas activas de empleo. Citando palabras de Pérez Rey, “son 2.231 millones más en comparación con el año 2020, más recursos que nunca para mejorar la empleabilidad de las personas, en especial, las que tienen mayores dificultades”.
Políticas activas de empleo
¿Qué se entiende por políticas activas de empleo? El conjunto de acciones y medidas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de accesos al empleo, por cuenta propia y ajena, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.
Los resultados no parecen estar a la altura de los objetivos. En 2022, sólo 319.400 de los 20,39 millones de ocupados promedio que hubo en el año obtuvieron su puesto de trabajo mediante la intermediación de una oficina pública de empleo. En 2021, fueron 324.700, el 2% de los 19,78 millones de contratados. El “mejor” año fue 2019, cuando se alcanzó el 2,1%, con 325.400 contratados, sobre un total de 19,78 millones.
De entre las posibilidades que se citan en la metodología de la EPA como métodos activos de búsqueda de empleo, parece que haber solicitado empleo directamente al empresario o haber presentado el curriculum, buscar empleo a través de amigos, parientes o un sindicato; haber puesto algún anuncio; haber mirado o escuchado algún anuncio de oferta empleo; haber buscado terrenos o locales para establecerse por cuenta propia; haber buscado financiación o realizado gestiones para obtener permisos o licencias para el autoempleo… da más frutos.
Porque la intermediación de las Empresas de Trabajo Temporal tampoco garantiza mucho más. Según los últimos datos de 2022, las ETT intermediaron en la contratación de 657.900 trabajadores de los 20,39 millones que estaban ocupados a cierre del pasado ejercicio: son el 3,8% del total. Su mejor registro también se dio en el año 2019: el 4,1%, con 682.000 intermediaciones.
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