"Al principio, nos pasábamos los días de brazos cruzados, porque nadie, ni siquiera los jefes, tenía ni idea de lo que había que hacer". Lo recuerda una ex empleada pública de la Junta de Cantabria, que aterrizó en la administración para tramitar los fondos europeos… y se marchó sin haber ejecutado ni uno. Es un caso simbólico pero, en absoluto, puntual. Cuando los NextGeneration empezaron a manar, en verano de 2021, casi nadie en las administraciones sabía cómo los tenían que canalizar. Y cuando aprendieron a hacerlo, constataron el verdadero problema: faltaban manos para acometer la inmensa tarea de gastar 69.500 millones en cinco años.
El Gobierno español fue el primero en solicitar y lograr la mayor subvención que la UE ha aprobado en su historia. Si hay una foto de la que ha presumido Pedro Sánchez -con permiso de sus posados con Joe Biden- es la captada el miércoles 16 de junio de 2021. Se retrató en el Palacio de la Moncloa junto a Ursula von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea viajó hasta Madrid para celebrar la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. Era el primero que se aprobaba en la UE, todo un ejemplo. Arrancaba la cuenta atrás para gastar casi 70.000 millones en transferencias directas, más otro tanto disponible a través de préstamos.
El equipo económico de Sánchez, capitaneado por Nadia Calviño, tenía claros desde el principio los dos grandes requisitos del 'manguerazo' millonario. Uno: acometer un conjunto de inversiones y reformas. Y dos: invertir todo el dinero antes del 31 de diciembre de 2026. "Sin una fecha límite clara, los países que veían con más recelo repartir tanto dinero, nunca habrían apoyado un acuerdo", recuerda una directiva implicada en la tramitación de los fondos. Recordemos: el 21 de julio de 2020, en lo peor de la pandemia, el Consejo Europeo desbloqueó 750.000 millones de euros para sacar a la economía del pozo y, de paso, transformarla. Hasta los 'halcones' comunitarios -Alemania, Países Bajos, Austria- dieron su brazo a torcer.
Han pasado 31 meses desde la aprobación solemne de los NextGenerationEU. Y 601 días desde que Sánchez se fotografió con Von der Leyen. Y los fondos europeos siguen sin fluir como deberían. Un estudio reciente elaborado por LLYC cifra en solo 11.000 millones las ayudas ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2022. Y eso que la Comisión Europea ha transferido 31.000 millones al Gobierno de Sánchez, quien, a su vez, ha solicitado ya una nueva remesa de 6.000 millones. Más dinero condenado al atasco en las tuberías de la administración.
Lo peor, o lo increíble, es que casi todos los profesionales que han participado, desde el inicio, en el reparto siempre han avisado del error de base: el cuello de botella que genera la inmensa burocracia requerida y la falta de mano de obra para tramitarla. CEOE, que montó una oficina específica para gestionar los fondos, nunca se ha cansado de repetirlo. "Las empresas (grandes, pymes y autónomos) necesitan mayor flexibilidad en el acceso a las convocatorias, así como un esfuerzo adicional del sector público para eliminar la burocracia y reforzar la agilidad administrativa", advierte el último informe del departamento que dirige Luis Socías.
Encargo del Consejo de Ministros
Este martes, el acta del último Consejo de Ministros contenía una referencia que pasó relativamente desapercibida y que refleja un hito clave: el Gobierno se ha dado cuenta, por fin, de que las subvenciones nunca circularán de verdad si no se realizan ajustes en la maquinaria administrativa. "El Consejo de Ministros ha autorizado encargar a Tragsatec la prestación del servicio para la asistencia y dinamización de la participación de las Administraciones Públicas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", informaba el 7 de febrero La Moncloa.
Tragsatec es una filial de Tragsa, una de las empresas públicas que forman parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tragsa tiene una plantilla de 20.000 empleados, un parque móvil de casi 2.000 vehículos y una razón de ser: llegar allá donde las administraciones no llegan. Sus empleados pueden acudir a limpiar un monte tras un incendio, colaborar en la extinción de una plaga agrícola o reparar una infraestructura de transporte. Son una especie de paracaidistas preparados para intervenir cuando lo requiere alguna administración. Y la Central, la que lidera Sánchez, los necesita ahora más que nunca.
El año electoral ya está en marcha y la economía muestra signos de agotamiento. Economistas como Jordi Sevilla pronostican ya en público un crecimiento negativo del PIB en el primer trimestre. Y el empleo está en retroceso (entre octubre y diciembre se destruyeron 81.900 empleos, según la EPA). En este escenario, los fondos europeos se convierten en el factor clave para relanzar el motor económico. Es plenamente consciente Sánchez que necesita llegar a los comicios con magnitudes presentables en términos de PIB, inflación y, sobre todo, empleo. Por eso, Moncloa ha pedido ayuda a la SEPI.
Los 'paracaidistas' del 'holding' que preside Belén Gualda irán aterrizando en las próximas semanas en las administraciones donde menos fluyen los fondos. Tragsa ya ha empezado el proceso de contratación y cuenta con presupuesto suficiente para cumplir la misión. Así la define el Consejo de Ministros: "El encargo proyectado tiene por objeto la asistencia y dinamización de la participación de Administraciones Públicas en el Plan de Recuperación". Tragsa prestará "un servicio de soporte técnico y asistencia", dado "el volumen y la complejidad" de los procesos. Moncloa señala, además, que "este refuerzo está especialmente destinado a entidades locales y comunidades autónomas".
Que sea la SEPI, y no directamente las administraciones, la que aporte la mano de obra tiene una explicación. "Los procesos para ampliar plantilla dentro de cualquier Administración son mucho más complejos y lentos", explican desde una gran consultora inmersa en la gestión de los fondos europeos. A finales del pasado diciembre, el Gobierno aprobó una oferta de empleo extraordinaria de 1.000 plazas en los ayuntamientos para trabajar en el mismo problema. Pero el tamaño del atasco exige muchas manos más.
El Ejecutivo ha puesto ha disposición de Tragsa una chequera holgada para fichar: casi 70 millones de euros, para gastar desde hoy hasta 2027. Para el año electoral hay presupuestados 14 millones, que serán destinados a pagar a la filial de la SEPI.
El Gobierno, 'casualmente', mueve pieza con los fondos europeos justo unos días antes de que aterrice en Madrid la misión del Parlamento Europeo. Estará encabezada por Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control del Europarlamento y muy crítica con la manera en que España está gestionando el dinero comunitario. La operación de la SEPI será uno de los ejemplos de acción que Calviño mostrará a los eurodiputados. La misión, con su jefa alemana al frente, tendrá que valorar si las labores de desatasco llegan o no demasiado tarde, y si desprenden demasiado tufo electoral.
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