Sagrario Fernández, Directora de Asesoría Jurídica de Codere, ha abandonado el grupo en plena guerra accionarial entre los fondos estadounidenses que controlan la mayoría del capital y los fundadores, la familia Martínez Sampedro.
Fernández lleva poco más de un año como General Counsel de la multinacional española y, de acuerdo a fuentes cercanas a la empresa, ha informado recientemente de su decisión de abandonar la compañía. Las fuentes consultadas indican que la salida obedece a una nueva oportunidad profesional surgida de forma inesperada para Sagrario Fernández, y destacan el compromiso que ha tenido con el desempeño de sus funciones en la empresa.
La salida de Sagrario Fernández se produce en un momento de máxima tensión entre los fondos liderados por Silverpoint y Prudential, con algo más del 40% del capital entre ambos, y los Martínez Sampedro, que mantienen más de un 15%. La familia fundadora de la empresa ha abierto frentes judiciales en Estados Unidos, España y Francia reclamando que los fondos actúan de forma concertada y que por tanto deberían lanzar una OPA.
En 2018 los gastos de explotación de Codere fueron de 10,5 millones de euros, 7,6 millones más que en 2017, por el coste de abogados
El desencuentro entre las dos partes ha supuesto un desgaste económico relevante para la compañía por el elevado coste de los despachos de abogados contratados para defenderse en los litigios. El pasado mes de julio la empresa contrató como asesor al exministro de Justicia Rafael Catalá.
En 2018 los gastos de explotación de Codere alcanzaron los 10,5 millones de euros, 7,6 millones más que en 2017, debido "fundamentalmente al aumento de los gastos derivados del asesoramiento jurídico asociado a los procesos de impugnación de acuerdos sociales y arbitraje principalmente", según informó la empresa en su último informe financiero anual.
José Antonio y Javier Martínez Sampedro fueron cesados de sus cargos de presidente y vicepresidente en enero de 2018 por los fondos, que designaron a Norman Sorensen como nuevo presidente, y se hicieron con la gestión del grupo.
Desde entonces, los representantes de la familia en el consejo de administración se han negado a firmar las cuentas presentadas, alegando que se les ha ocultado parte de la información.
El pasado mes de noviembre los Martínez Sampedro iniciaron en Estados Unidos un proceso prejudicial, Discovery, que ha obligado a los fondos a remitir al juzgado correos electrónicos y conversaciones mantenidas sobre Codere. Los fundadores del grupo español consideran que esa documentación prueba efectivamente la concertación de los fondos y las han presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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