Las alarmas siguen encendidas en el sector energético debido a los notables recortes a las retribuciones para el próximo periodo regulatorio en lo concerniente a las actividades de transporte y distribución de electricidad y gas que ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En este último ámbito, para el que el regulador contempla una reducción mayor, la preocupación se ha instalado entre los sindicatos ante el temor que la medida repercuta en el empleo de una actividad que genera unos 50.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Las actividades en torno a las redes de transporte y distribución de gas se han llevado la peor parte de la actualización de las retribuciones para el periodo 2021-2026, con recortes que se cifran entre el 18% y el 21%. La CNMC justificó la propuesta al entender que la hoja de ruta de la transición energética trazada por el Gobierno (plasmada en el borrador del Plan Integrado de Energía y Clima remitido a la Comisión Europea) requiere unas cotas de inversión que no son tan importantes como en el sistema eléctrico que, al contrario, supone el pilar fundamental para lograr los objetivos de reducción de emisiones de gases contaminantes que conducirán a la progresiva descarbonización de la economía.
El problema estriba en que el recorte de las retribuciones y, por lo tanto, de ingresos puede derivar en un efecto negativo para el empleo en el ámbito gasista. Y más aún en las actividades relacionadas con las redes, muy intensas tanto en capital como en recursos humanos, según explican fuentes del sector.
Las propuestas de la CNMC, actualmente en fase de consulta hasta el próximo 9 de agosto, han alertado a los sindicatos, que ya han manifestado internamente su preocupación por las posibles repercusiones. Buena parte de los operadores de las redes de distribución de gas cuenta con fondos de inversión internacionales como principales accionistas, a los que no temblará el pulso a la hora de decretar ajustes de plantilla si las cuentas empiezan a no salir como consecuencia de la reducción de ingresos.
La baza de la política energética
Bien es cierto que las necesidades de inversión no serán tan intensas en el ámbito gasista. Pero también, que seguirá necesitando de notables aportaciones para funcionar como tecnología de respaldo, que es el papel que parece tener en la transición energética diseñada por el Gobierno.
Según las cifras que maneja el sector, la actividad gasista en España aporta aproximadamente un 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y genera en total unos 150.000 puestos de trabajo. En los últimos años, el desarrollo de las redes se ha llevado a cabo a un ritmo espectacular. Desde 1985, su tamaño se ha multiplicado por diez y se ha doblado en menos de una década, hasta los más de 87.000 kilómetros.
En el sector, se considera que la propuesta de la CNMC podría poner en peligro los objetivos del Gobierno debido al efecto de huida que provocaría en los inversores. Precisamente, uno de los factores a los que se aferran las compañías del sector es al hecho de que la normativa permite al Ejecutivo poner en cuestión los cálculos del regulador si se consideran que perjudican a la política energética.
Un aspecto que se encargó de recordar Enagás, el gestor del sistema gasista y principal afectado por las propuestas de retribución de la CNMC, en tanto en cuanto la actividad de transporte de gas y regasificación, que lleva a cabo en exclusiva la compañía, sufriría un recorte superior al 18%.
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