A falta de que la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, se pronuncie sobre el rumbo que tomará la privatización de Bankia bajo el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, los sindicatos han puesto encima de la mesa la posibilidad de que el Estado mantenga de forma vitalicia una pequeña participación en la entidad, a modo de preservar 'cierta influencia' sobre el banco.
Es la idea de los representantes de los trabajadores, que creen que mediante esta fórmula, que consistiría en que el Estado no saliese 'del todo' de la entidad, se podría asegurar una vía mediante la que poder proteger las condiciones laborales de la plantilla y por la que seguir recibiendo la devolución de las ayudas públicas.
Esta propuesta ha sido trasladada al PSOE en reuniones de carácter informal previas a la llegada al Gobierno de los socialistas, que no se llegaron a pronunciar sobre la posibilidad de no completar la privatización, según informaron fuentes sindicales. Esta opción contaría con la frontal oposición de los actuales gestores de la entidad, así como de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que son partidarios de completar la privatización lo antes posible.
Ayudas públicas
Por el momento, todo apunta a que el nuevo Ejecutivo comandado por Pedro Sánchez ampliará el plazo de privatización de la entidad financiera más allá de diciembre de 2019, fecha fijada para finalizar la desinversión, con el objetivo de maximizar la devolución de ayudas públicas, que en el caso de Bankia superaron los 22.000 millones de euros.
A través del Frob, el Estado es el accionista mayoritario en Bankia con una participación superior al 60%. No obstante, la gestión del banco está profesionalizada. De hecho, el equipo liderado por José Ignacio Goirigolzarri tiene el mandato de normalizar la entidad, para lo que sería necesario que el Estado abandonase completamente el capital del banco.
"La privatización es muy importante. Es el último aspecto que queda para normalizar el proyecto", afirmó el presidente de Bankia el pasado febrero, cuando agregó que había que "evitar el riesgo" de que se haga banca pública.
Desde el sector advierten de que si el Estado se entromete en la gestión de la entidad, los actuales dirigentes abandonarán el proyecto
Oposición del sector
Por su parte, fuentes financieras consultadas por este diario indican que el planteamiento de que el Estado mantenga una participación minoritaria de forma vitalicia en la entidad carece de sentido. Según explican, para atender las demandas de los sindicatos sería comprensible que pidiesen una banca 100% pública, pero no mantenerse en el capital de forma minoritaria.
Para asegurar el nombramiento de un consejero en Bankia es necesario contar con una participación en el entorno del 10%. No obstante, la 'intromisión' del Estado en la gestión de la entidad, más allá de pilotar la estrategia de desinversión, contaría con la frontal oposición del actual equipo gestor.
“Si se rompe el compromiso de que el equipo gestor sea profesional y el mandato de normalizar la entidad lo antes posible, el actual equipo se irá, y parece que nadie quiere eso”, advierten fuentes del sector, que consideran que el actual equipo gestor, con Goirigolzarri a la cabeza, lo está haciendo bien, por lo que vaticinan que el nuevo Gobierno 'dejará trabajar' a los actuales dirigentes del banco.
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