Los sindicatos alertan de que "los salarios no pueden ser los paganos de la crisis por la guerra de Ucrania". Así lo han trasladado en rueda de prensa conjunta tras reunirse con el Gobierno y la patronal. UGT y CCO mantienen la misma postura que tenían antes de que Rusia invadiera Ucrania, aunque no han querido dar cifras. Se trata de una subida de cerca del 5% para que los salarios recuperen valor adquisitivo, pero por debajo de la inflación de febrero, del 7,4%, y del final de 2021, del 6,5%. Eso sí, han advertido de que la cifra final que acepten estará condicionada a que haya una cláusula de revisión salarial pura de tres años.
Los sindicatos también han pedido que haya un ajuste de dividendos y una subida del Impuesto sobre Sociedades. La patronal, en cambio, ha considerado que este planteamiento de ajuste de dividendos y de subida de impuestos son "opiniones", un planteamiento "muy simple". Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha subrayado que "los inversores empiezan a tener menos confianza en las empresas españolas, hay que tener mucho cuidado con el asunto de los dividendos", ha advertido, y ha recordado que las pymes no tienen salarios, sólo se nutren de los dividendos cuando los hay". Asimismo, se ha mostrado en contra de las subidas de impuestos y ha destacado que con esos mensajes "no se evalúa todo lo que pagan las empresas en España y en el exterior, que está a su juicio muy por encima 15% se habla".
"Todo lo que sea hablar de inflación tendrá el problema de que se haga estructural", ha alertado Garamendi sobre la cláusula de garantía salarial, y ha instado a hablar de "competividad, productividad, absentismo, muchas más cosas que sólo la inflación", ha dicho, si no, "se puede conseguir que vayamos en sentido contrario", ha advertido.
Para el presidente de la patronal, es "muy peligroso que todo sea reglado en economía, propio de regímenes anteriores, cuando hay que crear empleo", y ha señalado que "llamarlo pacto de rentas es como película que le pones título sin tener guión, más que prematuro".
La negociación salarial, mejor aparte
La reunión en realidad era sobre el Plan de Recuperación, la primera tras la que hubo el 10 de enero. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya pidió ayer un pacto de rentas en el Comité Federal del PSOE y el encuentro de hoy se planteaba como su apuesta por el pacto con los agentes sociales. Ni patronal ni sindicatos se han mostrado cómodos con el término pacto de rentas ni con la reunión en sí, que se mete en su negociación salarial, que quieren llevar aparte. El “traído y llevado pacto de rentas", según Unai Sordo. "Una película con título pero sin guión", para Garamendi. Ambos mantienen su postura sobre salarios previa a la guerra de Ucrania, ya con la inflación desbocada. Mantener el poder adquisitivo para unos, los efectos negativos de indexar los salarios a la inflación para los otros.
El Gobierno les ha mostrado su preocupación y las medidas que está tomando pero en el plano económico no se ha planteado ninguna iniciativa en concreto y no se ha tratado por ejemplo si se va a incluir a los pensionistas en el pacto de rentas, lo que los sindicatos han rechazado que se haga.
Sánchez pidió el miércoles pasado en el Congreso entre la batería de medidas económicas que presentó para mitigar el efecto de la guerra de Ucrania "un pacto de rentas, un gran acuerdo de país que proporcione estabilidad y confianza, tanto desde la perspectiva de los costes salariales, como desde la moderación en los márgenes y beneficios de las empresas en un contexto en el que uno de los mayores riesgos económicos de la guerra es el precio de la energía, de diversas materias primas y su traslación al IPC". Sánchez reclamó además a las empresas que intenten no trasladar la subida de costes a los precios finales.
En la primera reunión del pasado jueves sobre la subida salarial en convenio no se habló de entrada de cifras concretas, con el efecto de las palabras de Sánchez del día anterior muy presente. Sin embargo, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, declaró ese mismo día que "un pacto de rentas no puede consistir en medidas que sólo sean efectivas para contener los salarios". "Sé que plantear ahora subidas de un 6%, un 7% o un 8% no es muy realista en este momento, pero una cosa es que no vayamos con esas posiciones a las negociaciones y otra cosa es que nos resignemos a que los trabajadores vayan a tener pérdidas e poder adquisitivo. Por ahí no podemos pasar. Podemos ir con una posición razonables para 2022 siempre y cuando para el ciclo de vigencia del AENC se incorporen cláusulas de garantía salarial en los convenios".
La medidas de Sánchez
Entre las medidas que anunció Sánchez el pasado miércoles en el Congreso, planteó que para proteger a los consumidores vulnerables, se prorrogan hasta 30 de junio el descuento del bono social eléctrico del 60%, del 70% para los de vulnerabilidad extrema.
En lo que respecto a la energía, anunció que se prorrogan las rebajas del IVA al 10%, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica y la reducción al 0,5% del Impuesto Especial a la Electricidad hasta 30 de junio, así como la minoración temporal del beneficio extraordinario de las centrales de generación que repercuten costes. Esta batería estará por lo tanto un año en vigor en su mayor parte, con un coste para las arcas públicas de más de 4.000 millones de euros.
Asimismo, quiere proteger a la industria electrointensiva que se ve afectada por el alza de los precios de la luz. En este sentido, el presidente avanzó que van a reducir un 80% los peajes a más de 600 empresas. Esto se va a acompañar de medidas para rebajar el consumo de los edificios de la Administración. Asimismo, anunció un plan de reducción del consumo energético en edificios de la Administración, la dotación de 500 millones para acelerar el autoconsumo y de 100 millones de euros para sustituir el alumbrado público por otro de menor consumo. Se va a implementar una subasta adicional de renovables y el Perte ERHA del sector va a recibir 1.000 millones más de dotación.
Esto se acompañará de medidas para compensar la caída del turismo ruso si la crisis impacta en el periodo vacacional y de ayudas a la agricultura por las disrupciones en el suministro de cereales, que de momento consisten en una solicitud de apoyo a la Comisión Europea y al Pacto Común de Mercados Agrarios. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha mostrado hoy a los agentes sociales la preocupación por la traslación a los precios de la falta de abastecimiento agrícola que provoca la guerra.
