Cuando los socialistas europeos estaban asumiendo el relato de sus compañeros españoles sobre la amnistía, sin solución de continuidad llega un indulto a altos cargos del partido que han malversado, que ha causado estupor. "¿Qué está pasando en España", preguntan, alarmados, según ha podido saber Vozpópuli.
Los movimientos del Gobierno español en funciones para ser investido están llamando poderosamente la atención en Bruselas. Por una parte, observan cómo ha pasado de enviar una carta de madrugada en agosto de José Manuel Albares implorando que se hagan lenguas oficiales de la UE al catalán, vasco y gallego, a rebajar en el Consejo Europeo en septiembre la pretensión al catalán y ofrecerse a pagarlo de su bolsillo.
Por otra, ven cómo la capital comunitaria se ha convertido en centro neurálgico de las negociaciones, con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, reuniéndose para inaugurar el curso con el prófugo Carles Puigdemont, que da ruedas de prensa multitudinarias en las que dicta sus exigencias para que Pedro Sánchez sea investido.
De fondo, el debate sobre la amnistía, que todo lo envuelve en España, y que también resuena en Bruselas. En agosto fuentes conocedoras ya apuntaban a las dudas que suscita en la Comisión, especialmente por afectar a la malversación, como avanzó Vozpópuli. Pero de momento el Ejecutivo comunitario había trasladado que consideraba la parte política de índole doméstica y que esperaría a tener un texto.
Hasta esta semana, en la que el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha ido más allá y ha advertido en el Parlamento Europeo y en Madrid de que estarán "atentos", "en especial cuando hay vínculos con problemas de malversación o apropiación irregular de fondos públicos".
El cambio se ha producido en la semana en que Pedro Sánchez ha iniciado los contactos oficiales para su investidura y después de que el pasado viernes el también presidente rotatorio de la UE utilizara la rueda de prensa de final del Cumbre de Granada junto con Ursula von der Leyen y Charles Michel para admitir por primera vez que está negociando la amnistía.
Diputados socialdemócratas europeos preguntan por estos indultos, que han sorprendido cuando el PSOE están tratando de vender la amnistía, y llegan justo después de que un Sánchez visiblemente nervioso monopolizara la rueda de prensa de la Cumbre del viernes con este tema.
Este lunes ha irrumpido la noticia de que el Gobierno español en funciones empieza a tramitar el indulto de José Antonio Griñán, sentenciado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación, y otros cinco condenados por los ERE, dirigentes de su partido.
La amnistía es por unos votos, pero algunos habían asumido el relato que difunden los socialistas españoles de que es por que haya un gobierno progresista y evitar que gobierne la ultraderecha. Pero sin solución de continuidad llega ahora un indulto a compañeros de partido que han malversado. En Bruselas y en el Europarlamento, los socialistas no entienden nada y muestran sorpresa, estupor, incluso, con los tiempos del Gobierno español.
Guiño al PSOE andaluz
Este movimiento sólo puede entenderse ahora mismo en clave interna. Fuentes del entorno del expresidente andaluz han mostrado también su sorpresa, como ha publicado Vozpópuli, y lamentan que los trámites de este indulto no se iniciase hace varios meses. Reconocen que existe una sensación generalizada en el seno del PSOE de Andalucía de que se ha sido "injusto" con Griñán y perdonar a un personaje como Puigdemont podría no sentar muy bien.
Parece que Sánchez no quiere dejar un cabo suelto en el PSOE andaluz cuando borre los delitos que le imputan a Puigdemont. "Podría tener un problema en Andalucía, porque la gente del PSOE-A cree en la inocencia de Griñán", afirman.
Lo cree la militancia y muchos de dirigentes y altos cargos. La petición de indulto que cursaron la esposa y el hijo de Griñán venía firmada entre otros por Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.
El PP ha vinculado la tramitación del indulto a Griñán con las presiones por la amnistía a los independentistas. Borja Sémper ha sostenido que Sánchez toma esa decisión para evitar críticas internas en el PSOE.
El Ministerio de Justicia ha dirigido un escrito a la Audiencia Provincial de Sevilla solicitando los primeros informes para otorgar la medida de gracia, después de que el Tribunal Constitucional acordase rechazar las impugnaciones de los encarcelados la pasada semana. Esto supone arrancar el procedimiento. Será el Consejo de Ministros el que determine si los concede o no y de qué manera, y el Gobierno debe estar plenamente operativo para hacerlo.
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