El Estado español sólo ha logrado recuperar, en la última década, 5.917 millones de euros de los 58.871 millones dados a las cajas para salvar el sistema financiero del país, con lo que siguen debiendo 52.954 millones.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), ha publicado hoy viernes un informe sobre su actividad en los últimos diez años detallando el proceso de rescate de las cajas de ahorro y el elevado coste público que ha tenido.
Jaime Ponce, presidente del organismo, sostiene en el informe que, "a pesar de las dificultades", el balance "arroja un buen servicio al interés general", y constata "la gravedad de los efectos de las crisis bancarias sobre el conjunto de la sociedad" y lo esencial "que será siempre contar con las mejores instituciones públicas para afrontarlos".
El Frob defiende el mecanismo de resolución de Banco Popular frente a la opción del concurso de acreedores de la entidad
El Frob recoge en el informe las ayudas públicas concedidas a la banca entre 2007 y 2018 en los países de la Unión Europea, siendo España el tercer Estado que más dinero público ha entregado a sus entidades, con 58.685 millones de euros, tras Alemania (107.340 millones), e Irlanda (67.657 millones).
Otros países sacudidos por la crisis económica y financiera que aportaron elevadas cantidades de dinero público a sus entidades financieras han sido Grecia (38.527 millones); Portugal (21.693 millones); Austria (20.159 millones); o Italia (15.438 millones).
La entidad financiera española que más ayuda pública ha percibido ha sido Bankia, 22.424 millones de euros, cantidad de la que sólo se ha logrado recuperar, por comisiones e intereses, 346 millones. Catalunya Caixa (CX) ha recibido 12.599 millones de dinero público, recuperándose 881 millones; NovaCaixaGalicia ha percibido 9.404 millones (recuperándose 873 millones); y Banco de Valencia 6.103 millones (sólo se han recuperado 42 millones). El resto de entidades ha recibido ayudas de entre 124 millones (Liberbank) y 1.645 millones (BMN).
Casos penales
A junio de 2019, el Frob se encontraba personado en 24 procedimientos penales que siguen su curso contra numerosos ex directivos de distintas entidades. El organismo ha conseguido obtener el reconocimiento judicial al cobro de 20,1 millones de euros más intereses legales y costas.
El organismo ha remitido a la Fiscalía 57 expedientes sobre actuaciones sospechosas de entidades financieras
En estas causas el Frob mantiene su posición de perjudicado, "tratando de defender el interés público y de favorecer la recuperación de las ayudas inyectadas", asegura en el informe.
El Frob explica que impuso a todos los adquirentes de entidades con ayudas públicas, no solo la obligación de mantener la acción procesal o ceder las acciones judiciales de responsabilidad civil iniciadas o que pudieran iniciarse, sino también la de entregar al Frob todas las cantidades que pudieran ser restituidas.
El Frob ha requerido a NCG Banco, BMN, Catalunya Banc y Bankia la realización de "una amplia y exhaustiva labor de investigación" para elaborar un informe que recogiera las operaciones relacionadas tanto con el sector inmobiliario como con las prácticas retributivas en los últimos 5 años, que hubieran tenido un impacto patrimonial significativo "y que presentaran indicios de irregularidad o no respondieran a una finalidad económica lógica". En este sentido, ha trasladado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada 57 expedientes.
Resolución del Popular
El Frob defiende en su informe publicado hoy viernes la opción de la resolución de Banco Popular frente a la del concurso de acreedores de la entidad.
"Se trataba de ese modo de evitar las consecuencias que la declaración de concurso ordinario del banco, cotizado en Bolsa, podría tener tanto para sus depositantes (alrededor de 60.000 millones de euros, de los cuales 35.000 millones eran de menos de 100.000 euros), sus clientes (alrededor de 4 millones y medio), sus empleados (unos 12.000), como, en general, para la estabilidad financiera de España y de la Unión Bancaria", afirma.
El Frob señala que la JUR encargó dicha valoración a un experto independiente y que, aunque aún no es definitivo, "este informe concluye que los accionistas y acreedores cuyos instrumentos fueron amortizados o convertidos no habrían recibido un mejor trato si Banco Popular hubiera sido liquidado con arreglo a la ley concursal española". Por tanto, destaca, "no resultaría necesario compensar a los accionistas y acreedores afectados".
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