Los impuestos sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas contribuyen a las arcas públicas con 1.147 millones de euros al año, según las estimaciones de Técnicos de Hacienda (Gestha), pero ahora que serán los bancos los que tendrán que pagarlos en vez de los clientes su aportación será mayor porque se eliminarán los tipos reducidos del tributo.
Esta tasa está cedida a las comunidades autónomas, por lo que cada una de ellas contempla distintos tramos y exenciones, aunque la mayoría cuenta con tipos reducidos para beneficiar a algunos colectivos.
Sin embargo, ahora que ha cambiado el sujeto pasivo del impuesto y no es el ciudadano el que tendrá que pagarlo, la Administración no cree que tenga sentido mantener esas bonificaciones, pues quien se beneficiaría de ellas sería la banca.
Cataluña ha sido la primera comunidad en mover ficha y anunció el martes que homogeneiza todos los tipos al general del 1,5%. Ha eliminado por tanto el tipo reducido del 0,1% que se ofrecía para adquirir viviendas protegidas y el 0,5% con el que se gravaba a los jóvenes menores de 33 años y a las personas con una discapacidad igual o superior al 33%.
El Ministerio de Hacienda aseguró el martes que esta medida no implicaría ni un aumento ni una reducción de los ingresos fiscales -impacto “neutro”, dijo la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, en el Senado-, pero Cataluña sí espera incrementar su recaudación anual de 260 millones en 16,5 millones más con este cambio en los tipos.
José María Mollinedo, secretario general de Gestha, reconoció a Vozpópuli que lo previsible es que el resto de comunidades autónomas imiten a la Generalitat de Cataluña y eliminen los tipos mínimos, lo que llevaría a la banca a tener que pagar más de lo previsto y elevaría la recaudación por encima de los 1.150 millones esperados.
Tipos mínimos en otras comunidades
A excepción de la Comunidad Foral de Navarra, donde el tipo general de este impuesto es del 0,5% y no existen beneficios fiscales a favor de ningún colectivo, en todas las comunidades existen tipos reducidos para beneficiar a jóvenes, discapacitados, adquirentes de viviendas de protección oficial, familias numerosas, mujeres víctimas de violencia de género, compra de viviendas en peligro de despoblación, etc.
Ahora que el beneficiario de esas bonificaciones empezará a ser la banca, los expertos auguran que todas las comunidades acabarán con ellas y dejarán un único tipo general. Además de provocar un aumento de la recaudación, esta falta de incentivos fiscales podría disuadir a la banca de conceder préstamos hipotecarios a estos colectivos.
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