El exconsejero delegado de Duro Felguera, Jose María Orihuela Uzal, percibió 435.000 euros de la empresa en el ejercicio de 2020, de los cuales 40.000 correspondieron a la remuneración fija, 391.000 a su sueldo y 4.000 a otros conceptos. En total, las retribución fue 2.000 euros inferior a la que percibió durante el ejercicio anterior.
En un informe de retribuciones correspondiente al ejercicio pasado que la compañía ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha detallado que la reducción de la remuneración fija en comparación con la percibida durante el ejercicio 2019, es consecuencia de que el consejero ejecutivo renunció a un 20% de su retribución fija durante seis meses, mientras estuvo vigente el ERTE que aplicó Duro Felguera en 2020.
Por su parte, la presidenta de la empresa asturiana, Rosa María Aza, percibió en 2020 un total de 86.000, frente a los 11.000 que ingresó en 2019. Correspondientes a la remuneración fija fueron 82.000 euros y los 4.000 euros restantes los percibió en forma de dietas y otros conceptos.
El exministro socialista y presidente de Red Eléctrica de España, Jordi Sevilla, percibió un total de 39.000 euros en 2020, 28.000 de remuneración fija, 10.000 de dietas y 1.000 de otros conceptos.
El resto de consejeros de la compañía recibieron las siguientes retribuciones: el vocal y presidente de la Comisión de Auditoría del Grupo, Acacio Faustino Rodríguez, 36.000 euros; Ignacio Soria Vidal, 29.000 euros; Jose Massa Gutiérrez, 57.000 euros; Valeriano Gómez, 52.000 euros; Ricardo de Guindos, 16.000 euros.
Jaime Argüelles, nuevo consejero delegado
El Consejo de Administración de la empresa nombró este sábado al ingeniero José Jaime Argüelles Álvarez como nuevo consejero delegado de la compañía asturiana en sustitución de José María Orihuela Uzal. Este relevo se ha llevado a cabo en cumplimiento de uno de los requisitos para poder acceder al rescate de 40 millones de euros solicitados a la SEPI.
La sustitución de Orihuela y el nombramiento de dos nuevos consejeros eran algunas de las condiciones fijadas para poder recibir los primeros 40 millones del rescate público que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, mientras que el otro requisito era acometer el proceso de reestructuración de la deuda de 85 millones de euros.
